Visión financiera

Suspensiones bajo escrutinio

En Baja California, el desempeño del Juzgado Décimo Segundo de Distrito, con sede en Tijuana, quedó bajo una revisión pública a partir de diversas suspensiones relacionadas con procesos por delitos de alto impacto. Abogados y operadores del sistema de justicia cuestionan resoluciones atribuidas a la jueza Cristina Martínez Aguilar, debido a los efectos que habrían tenido sobre medidas de prisión preventiva en casos de homicidio calificado y secuestro.

Uno de los puntos que genera mayor atención corresponde a los amparos 852/2026 y 792/2026, promovidos a favor de un mismo sujeto y vinculados con procesos por homicidio calificado. Ambos expedientes fueron tramitados ante el mismo juzgado y sus principales actuaciones ocurrieron entre agosto y septiembre de 2026. La proximidad entre ambos asuntos no constituye por sí misma una irregularidad, pero abogados locales consideran necesario revisar el turno, los criterios para conceder suspensiones y las consecuencias de esas determinaciones.

En el expediente 792/2026, una suspensión provisional llevó a una nueva revisión de la prisión preventiva impuesta dentro del proceso penal. El expediente 852/2026 siguió una ruta similar: después de la suspensión se celebró otra audiencia y la medida cautelar fue sustituida. Como consecuencia, el imputado pudo continuar su proceso en libertad, de acuerdo con la documentación referida en el caso.

Las dudas no se limitan a esos dos expedientes. También existen referencias a los incidentes de suspensión 517/2026-VII, 530/2025-VII y 153/2026-V, relacionados con investigaciones por homicidio calificado. Uno de estos asuntos llegó al debate público después de que la madre de una víctima expusiera el caso ante la presidenta Claudia Sheinbaum durante una de sus conferencias.

Los procesos por secuestro forman parte del mismo conjunto de cuestionamientos. En el amparo 846/2026-I y su incidente de suspensión, relacionado con la causa penal 1065/2023, la representación ministerial presentó un recurso de queja contra la determinación del juzgado, al considerar que sus efectos incidían en la medida cautelar impuesta dentro del proceso penal.

Otro aspecto señalado por abogados locales corresponde a la participación de terceros interesados. Litigantes sostienen que en determinados procedimientos podrían no haber sido llamados todos quienes tenían interés jurídico en las consecuencias de las suspensiones, entre ellos representantes de víctimas y autoridades ministeriales. A ello se suman referencias a posibles operadores o intermediarios vinculados con personal del juzgado que presuntamente gestionarían resoluciones favorables.

Las referencias a quejas ante el Tribunal de Disciplina Judicial también forman parte del escenario. Según integrantes del foro jurídico local, algunos planteamientos relacionados con la actuación del juzgado permanecen pendientes de resolución. En este contexto, las críticas hacia Cristina Martínez Aguilar y otros integrantes del Juzgado Décimo Segundo de Distrito colocan el foco en la necesidad de transparencia y revisión institucional, sobre todo cuando las decisiones de amparo tienen efectos sobre personas acusadas de delitos graves y sobre las familias de las víctimas.

*** Espacios con nuevo impulso

La recuperación de espacios públicos también puede fortalecer la identidad de una comunidad. En Ensenada, OXXO rehabilitó más de 1,700 metros cuadrados de camellones mediante su Ruta Verde, con plantas nativas y polinizadoras acordes con la región. La intervención favorece la biodiversidad y reduce las necesidades de riego.

A ello se suman trabajos en el Parque Mundo Infantil, sitio que durante 50 años ha sido punto de encuentro para distintas generaciones. La iniciativa muestra que la responsabilidad empresarial puede tener efectos más allá de la actividad comercial. Francisco Suárez, Director de Relaciones Institucionales FEMSA México, destacó la participación de OXXO en la evolución de las ciudades donde opera. Claudia Agatón, Presidenta Municipal, acompañó las acciones y resaltó la importancia de sumar esfuerzos. Para OXXO, estas intervenciones refrendan su compromiso con las comunidades donde tiene presencia.

*** Justicia electoral y academia

La relación entre la justicia electoral y la academia sumó un nuevo espacio de análisis con la inauguración de la Cátedra Tribunal Electoral en la Universidad Veracruzana. El acto contó con la participación de Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del TEPJF, y de Roselia Bustillo Marín, presidenta de la Sala Regional Xalapa.

La iniciativa, impulsada por el Tribunal mediante la Escuela Judicial Electoral, busca acercar a estudiantes y especialistas al estudio de los derechos políticos, la democracia y la justicia electoral. El encuentro también puso sobre la mesa la dimensión práctica de los tribunales electorales.

De acuerdo con los datos expuestos, desde 1996 el TEPJF ha resuelto judicialmente cinco elecciones presidenciales y diez procesos federales legislativos, además de anular 73 elecciones cuando las irregularidades comprometieron la certeza. La Cátedra abre así un espacio universitario para revisar esos resultados y discutir el alcance de las instituciones encargadas de proteger los derechos electorales.

*** Kosmos y los Clap

TOME NOTA *** Corporativo Kosmos respondió a la columna “Alex Saab reabre el expediente CLAP” con una carta en la que niega haber mantenido una relación comercial, societaria, financiera o de cualquier otra naturaleza con el empresario colombiano. La precisión queda consignada, pero no desmiente el núcleo de lo publicado: Productos Serel, empresa perteneciente al mismo corporativo que La Cosmopolitana, suministró alimentos que terminaron en las cajas CLAP distribuidas por el gobierno venezolano.

La columna no afirmó que Kosmos estuviera acusado en el proceso estadounidense contra Saab ni que hubiera celebrado un contrato directo con él. Lo que documentó fue la ruta mexicana del abastecimiento de los CLAP y la participación en ella de empresas del conglomerado encabezado por la familia Landsmanas.

La propia carta reconoce que Productos Serel fue la empresa del grupo incluida en la investigación realizada en México durante 2018, y confirma que existieron operaciones de Productos Serel relacionadas con el abastecimiento del programa venezolano.

Una investigación de Armando.info, sustentada en registros de ImportGenius, estableció que Wellsford Trading Corp., sociedad registrada en Panamá, adquirió alimentos de Productos Serel y posteriormente facturó al gobierno venezolano 73 mil 710 cajas con 11 productos. La operación, por aproximadamente 2.57 millones de dólares, incluyó leche en polvo Kosland, marca de Serel. Los cargamentos salieron de Veracruz con destino al puerto de La Guaira. 

Investigaciones publicadas desde 2018 por Excélsior y Armando.info identificaron a La Cosmopolitana y Productos Serel, ambas pertenecientes al Corporativo Kosmos, entre los proveedores mexicanos de alimentos destinados a los CLAP. Con base en facturas y reportes aduaneros, esos trabajos señalaron que los despachos asociados a las compañías sumaron alrededor de 150 toneladas durante el primer semestre de aquel año. 

La precisión documental es que Productos Serel, y no La Cosmopolitana, aparece en la denuncia DEN-UIF-40-2018, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera. En el mismo expediente fue señalada Group Grand Limited, sociedad vinculada con Alex Saab y Álvaro Pulido. Esto no prueba una contratación directa entre Kosmos y Saab, pero explica por qué las operaciones de Serel formaron parte de una investigación sobre la red de abastecimiento de los CLAP.

Corporativo Kosmos afirma que esa investigación concluyó sin imputaciones contra sus empresas o directivos. Sin embargo, el antecedente público no es una resolución que declarara inexistentes los hechos investigados, sino un acuerdo reparatorio. El 16 de octubre de 2018, la entonces Procuraduría General de la República celebró con representantes del grupo un mecanismo alternativo de solución de controversias, mediante el cual Kosmos se comprometió a entregar 120 mil dólares al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

El cumplimiento de un acuerdo reparatorio puede extinguir la acción penal, pero no equivale a una sentencia absolutoria ni a una determinación judicial de que las operaciones nunca existieron. Tampoco borra el suministro de productos de Serel que llegaron a los CLAP. La legalidad de esos convenios fue cuestionada públicamente en 2020 por Santiago Nieto, entonces titular de la UIF.

Por ello, si Kosmos presenta el desenlace del expediente como una exoneración, corresponde que transparente el acuerdo completo, las obligaciones asumidas, la resolución que declaró su cumplimiento y la determinación que formalmente extinguió la acción penal. Sólo con esos documentos puede establecerse el alcance jurídico del cierre.

La empresa invoca también una revisión encargada en 2020 a Kroll, cuyos resultados, asegura, descartaron conductas ilegales. Sin embargo, el informe no es público. Fue contratado por el propio Corporativo Kosmos y hasta ahora únicamente se conoce la interpretación que la compañía hace de sus conclusiones.

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