Visión financiera

Los desafíos de la política industrial

De acuerdo con la encuesta del  Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en colaboración con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), que analiza las  de 16 entidades, la 

política industrial subnacional avanza a distintas velocidades.

La política industrial se ha incorporado de manera generalizada en las agendas estatales, pero su implementación y su institucionalización aún están incompletas.

De acuerdo con la encuesta, 15 de 16 entidades participantes reportan contar con estrategias para aumentar el contenido nacional, aunque solo la mitad incluye metas y presupuesto definidos. Esto sugiere que, si bien existe una adopción amplia del enfoque de política industrial, en muchos casos aún no se traduce en instrumentos estructurados, ni en políticas sostenibles en el tiempo.

Los estados han desplegado una variedad de instrumentos para impulsar el desarrollo productivo, aunque con resultados desiguales entre entidades. Por ejemplo, 14 de 16 entidades utilizan ferias y ruedas de negocio para vincular proveedores locales, y 16 cuentan con planes de atracción de inversión. Asimismo, los estados mostraron preferencia por consolidar sectores como el automotriz, semiconductores, energía y farmacéutica en sus territorios.

Finalmente, algunos estados destacan por avances más consistentes o por la escala de sus proyectos estratégicos vinculados al Plan México. Oaxaca, por ejemplo, se ha beneficiado de la intervención federal en el Corredor Interoceánico con seis Polos de Desarrollo para el Bienestar, mientras que Veracruz desarrolla polos logísticos como el de Tuxpan. Por su parte, Guanajuato y Querétaro combinan estrategias formales con avances en atracción de inversión.

Las entidades deben fortalecer la institucionalización de la política industrial estatal mediante estrategias formales con metas, presupuesto y continuidad más allá de ciclos políticos. En algunos casos la política industrial aún no se traduce en programas plenamente estructurados o con presupuesto asignado.

Los gobiernos subnacionales deben ampliar el acceso al financiamiento para Pymes a través de instrumentos estatales complementarios a la banca de desarrollo. Los gobiernos estatales pueden fortalecer fondos de garantía, esquemas de coinversión o programas de financiamiento sectorial en coordinación con la banca de desarrollo y el sector privado.

Las entidades pueden desarrollar sistemas de indicadores para evaluar avances y facilitar la toma de decisiones, con indicadores claros en inversión, contenido nacional, talento y financiamiento productivo. Estos sistemas deben servir principalmente para la toma de decisiones internas, pero también pueden contribuir a la rendición de cuentas y a la generación de confianza entre inversionistas y ciudadanía si se difunden de forma estratégica.

*** El banquillo electoral ante la reforma,  cartas sobre la mesa

El torbellino de la reforma judicial mantiene su curso y ahora sacude con fuerza las estructuras del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En el ojo del huracán mediático destaca la figura del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien ataja los señalamientos de la oposición sobre supuestas componendas y presuntos "regalazos" legislativos. 

La propuesta del diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna para permitir la postulación de las actuales magistraturas en los comicios de 2028 levanta suspicacias, pero el jurista sostiene una postura distante frente a las urnas y las campañas políticas.

Con claridad, De la Mata Pizaña descarta un interés inmediato en la boleta electoral bajo el argumento de su perfil estrictamente técnico y jurídico. El magistrado enfatiza que nadie consultó ni ofreció al bloque de juzgadores esta extensión previa a la iniciativa, por lo que desestima las acusaciones de conflicto de interés. Su respuesta frente al ruido de la opinión pública es contundente: no existe una reelección en marcha debido a que los integrantes actuales de la Sala Superior jamás han pasado por un proceso de votación popular directa.

La defensa del TEPJF se traslada también al terreno de los precedentes históricos del propio organismo. El integrante de la Sala Superior recuerda que la permanencia prolongada en estas magistraturas no es una anomalía de la actual transición, sino una constante en la tradición del arbitraje mexicano con gestiones previas que rebasaron los 18 años. 

Asimismo, cuestiona la lógica de los vetos temporales hacia los especialistas en materia electoral, cuando los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación poseerán periodos de encargo de hasta 17 años en sus respectivas ponencias.

Desde la perspectiva del diseño institucional, la prórroga busca blindar la estabilidad del país frente a periodos de alta exigencia democrática en los años por venir. Para el Constituyente, la permanencia de los perfiles experimentados obedece a la necesidad de sortear con éxito los comicios federales e intermedios subsiguientes, retos que el magistrado califica como los más complejos en su trayectoria. El argumento central radica en la entrega de buenos resultados institucionales y en el respeto irrestricto a los triunfos obtenidos de manera libre en las casillas.

La moneda permanece en el aire y la definición de las reglas del juego corresponderá al Congreso de la Unión mediante la legislación secundaria en el próximo periodo de sesiones. Mientras tanto, Felipe de la Mata Pizaña marca una distancia prudente de la arena electoral activa en la defensa de la autonomía de la investidura de su magistratura.

 El arbitraje de las elecciones venideras exige certidumbre y, por lo pronto, los encargados de impartir justicia electoral afirman ceñirse al camino de las leyes por encima del proselitismo.

*** Los números del bienestar

TOME NOTA *** La presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa los números de la política social de su administración. La mandataria dejó en claro que los apoyos económicos ya no son dádivas condicionadas al voto, sino derechos para la gente. Las cifras oficiales reflejan el tamaño del compromiso: en el año en curso, más de 42 millones de mexicanos recibirán recursos directos del Gobierno Federal. 

Para sostener esta red de bienestar, se destinó una inversión de un billón de pesos, de los cuales ya se ejerció casi la mitad al corte del 31 de mayo. El despliegue abarca todos los frentes. La Pensión para Adultos Mayores lidera con 13.6 millones de beneficiarios, junto a los esquemas de discapacidad, madres trabajadoras y Sembrando Vida. 

Además, el plan cubre 73 mil 811 planteles con La Escuela es Nuestra, suma 3.5 millones de jóvenes capacitados y la mejora 635 unidades en el ISSSTE, de Martí Batres. Sheinbaum defendió que el dinero va directo a los de abajo y germina con orden presupuestal.