Pablo Hiriart/Uso de razón

Es curioso que el presidente llame a la población a perder el miedo cuando esa ha sido la piedra angular de su gobierno: infundir miedo.
Y como vamos en caída libre hacia una crisis histórica, ahora se recurre al terror para no perder el control político sobre los ciudadanos, ya sean aliados o críticos suyos.
Así se sostuvieron dictaduras atroces. Con el terror.
Consiguen paralizar a la población ante los estragos de políticas erróneas u ocurrencias surgidas del narcisismo intelectual del mandatario.
En México no hemos llegado a eso, pero vamos hacia allá a pasos agigantados.
Ya tenemos, desde el viernes, un ordenamiento jurídico que crea el símil de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) que existe en Cuba para atemorizar a sus ciudadanos.
En el Diario Oficial del reciente jueves 11 de este mes se publicaron lineamientos que «tienen por objeto establecer las bases conforme a las cuales se creará, promoverá, dará acompañamiento, seguimiento y coordinará el Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos la Corrupción» (artículo primero).
¿Quiénes son esos «alertadores» que acaba de crear la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval?
Lo dice el Acuerdo, en su artículo III: «Toda persona física que hace del conocimiento de la Coordinación General una alerta (de corrupción) a través de la plataforma».
El alertador, que será anónimo según el artículo IV, «proporcionará información sobre actos que se hayan cometido, se estén cometiendo, o sea probable que se cometan (sic) por servidores públicos respecto de presuntos (sic) actos de corrupción» (artículo Sexto).
Dice en el artículo Octavo que si el «alertador» quiere una compensación económica por su información, «la Coordinación General le orientará y en su caso canalizará a las instancias competentes».
Lo que se está haciendo es montar una estructura de terror por parte del gobierno en contra de los ciudadanos.
A ver, ¿quién va a ser el guapo o la valiente que organice a sus compañeros para impugnar el recorte salarial «voluntario» que anunció el presidente?
O que no acepte quedarse son aguinaldo.
Por ahí les puede aparecer la oportuna denuncia anónima de un soplón y, aunque sea falsa, el desdoro de ser señalado e investigado por corrupto acaba a una persona.
¿Quién, dentro del gobierno, se va a atrever a criticar políticas públicas dañinas para la economía?
El gobierno tendrá sus Comités de Defensa de la Revolución estilo cubano.
Y como fabricantes de falsedades se llevan la medalla de oro. Hace unos días subieron un tweet atribuido al presidente de Femsa en el que decía que gastaría el dinero necesario para tirar a AMLO. Era una mentira. Lo hicieron ellos, en el gobierno o sus dependientes.
Cuando se desmintió la información, al empresario ya lo habían apaleado con insultos y caricaturas ofensivas hechas por dirigentes de Morena.
Lo que se publicó en el Diario Oficial es una estructura que legaliza la intimidación.
Deja impune el falso testimonio.
Alienta el chantaje.
Cualquiera puede amenazar con una denuncia anónima, sin riesgo alguno. Y mientras se aclara destruyen una carrera o una familia.
Legaliza el escarnio y el despojo sin que necesariamente haya culpabilidad de por medio.
Ahora, un soplido anónimo -o pagado por el mismo gobierno-, de que tales funcionarios y particulares piensan cometer un acto de corrupción, puede dar lugar a una denuncia.
Y tras la denuncia, va la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.
Como sabemos, a través de esa Ley -de la 4T- se pueden embargar bienes donde se presuma que hubo actos de corrupción, sin que un juez haya dictado sentencia de culpabilidad.
Y si el juez falla que no hubo tal acto de corrupción, el inmueble confiscado no se regresa.
Faltaba algo: legalizar un sistema de soplones. Ya lo tenemos en el Diario Oficial de la Federación.
Crearon un monstruo institucional de intimidación hecho ex profeso para los que disienten.
Ese entramado de confiscación de bienes, más los soplones anónimos de Irma Eréndira Sandoval, no tienen nada que ver con el combate a la corrupción.
Si la quisieran bajar ya habrían castigado a funcionarios de este gobierno, a los que se les ha documentado todo tipo de actos de corrupción.
Durante el primer año de este gobierno el costo de la corrupción creció 64 por ciento según el INEGI, y no han castigado a nadie. Todo es culpar al pasado.
Así es que el combate a la corrupción es un buen pretexto, nada más.
Lo que hicieron fue cimentar jurídicamente el control político de los ciudadanos por la vía del terror, como en las dictaduras.