Teléfono Rojo/JoséUreña

CIUDAD DE MÉXICO, a 24 de septiembre de 2017.-Los partidos ponen la política a expensas del crimen organizado

A pesar de las prerrogativas, El Peje instaló a un narco en Iguala
Sheinbaum no puede irse de Tlalpan y sí aclarar cuentas opaca
La moda es quién dona más.

O quién saluda mejor… con dinero ajeno, por supuesto.

Los partidos se disputan cuánto pueden ceder de sus prerrogativas para los damnificados y surge la puja:

-¡Propongo 20 por ciento! -grita Andrés Manuel López.

-¡Yo doy 25 por ciento! -se adelanta Enrique Ochoa y, sin esperar aprobación de las autoridades electorales ni reformas a la ley, pone a disposición de los afectados más de 258 millones de pesos.

En el mar de declaracionitis hay quien sugiere acabar con la entrega de recursos públicos a los partidos y de plano evitar los gastos para las elecciones federales y algunas estatales del año próximo.

Ojalá así fuera, como dijimos aquí el viernes pasado.

Pero es regresar al pasado.

A principios de los noventa fui testigo de la negociación para el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para evitar traspaso de recursos del erario al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Carlos Salinas y Luis Donald Colosio accedieron al planteamiento de Luis H. Alvarez y Diego Fernández de Cevallos y se abrió el financiamiento público y privado en proporción 80/20.

Fue al acuerdo pactado y la legislación surgió de varios expertos, entre ellos la triada Fernando Ortiz Arana-César Augusto Santiago-Santiago Oñate Laborde, siempre bajo la vigilancia gubernamental y de externos.

Hoy, sin ese 80 por ciento, ¿de dónde provendrían los fondos de las campañas?

Es un riesgo.
LAS ADVERTENCIAS OLVIDADAS DE AMLO
No hace falta esperar ese futuro.

La infiltración del crimen organizado se ha dado a pesar de una ley supuestamente rígida y con autoridades encargadas de vigilar en tiempo real lo gastado -despilfarrado, debiera decirse- por partidos y candidatos.

Paradigmático es el caso de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala impulsado por Andrés Manuel López Obrador a pesar de haber sido advertido de sus nexos con el cártel Guerreros Unidos.

El periódico La Raza, de Chicago, acaba de publicar un reportaje y narra cómo la gente de Iguala no perdona a López Obrador la imposición:

“Aquí era tranquilo hasta que el PRD dejó que José Luis Abarca le quitara la candidatura a Oscar Díaz, que era el candidato natural”, narran los informantes del diario.

El reportero presenta el largo entramado de nexos de la familia de Abarca y su esposa María de los Angeles Pineda con la delincuencia organizada y recoge otro testimonio:

“Yo vi el escrito que Oscar (Díaz, entonces dirigente del PRD) entregó a Andrés Manuel López Obrador en el que advertía que Abarca estaba metido con el grupo Guerreros Unidos y él no le hizo caso.

Luego supimos, por informes de la Procuraduría General de la República (PGR): Abarca ordenó a su policía municipal detener los autobuses de los estudiantes y entregarlos a los asesinos de Guerreros Unidos.

El reclamo persiguió a López Obrador hasta Nueva York, donde a principios de año un padre de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Antonio Tizapa, le reclamó su complicidad.

-¡Cállate, provocador! -le gritó López Obrador.

Narra La Raza,

“La intolerancia molestó tanto a los padres de familia de los normalistas como a los igualtecos que habían depositado la confianza en la izquierda representada por López Obrador como justiciera y bandera anticorrupción”.

Pero el espacio se acaba.
SHEINBAUM TAMPOCO DEBE DEJAR TLALPAN
Varios lectores me han llamado.

-Si Miguel Mancera y Ricardo Monreal no pueden irse y abandonar a los damnificados, tampoco debe hacerlo Claudia Sheinbaum, elegida por Andrés Manuel López para candidata de la capital.

-Claro -les repongo-, y debe hacer mucho más: aclarar cuántas desgracias más ocurrieron por ineptitudes de su marido Carlos Imaz, ex jefe delegacional en Tlalpan.

Sus nexos con Carlos Ahumada lo llevaron a ser exhibido públicamente por no entregarle Obras Públicas de la jurisdicción en pago al financiamiento recibido durante su campaña.

¿De qué hablábamos arriba?

De infiltración, ¿verdad?