Teléfono Rojo/José Ureña

· Contralorías: el lado olvidado del Sistema Nacional Anticorrupción

· Los designan sus superiores para justificar y ocultar sus trapacerías

· Sismos y ciclones desnudan el abandono de refinerías y su entorno

Los discursos viajan y emigran al ritmo del viento.

Gobierno, legisladores y partidos se solazan al hablar de transparencia, de anticorrupción, pero pasan los meses y los años y la sociedad no ve respuestas a este clamor general.

Por eso no tenemos ni fiscal general de la nación ni fiscal anticorrupción y menos un entramado jurídico capaz de asegurar el buen manejo del presupuesto público.

Lo advertimos aquí tras el sismo del 19 de septiembre: uno de los grandes resultados para la población mexicana sería el fin del conforto de las organizaciones políticas.

Discursos van y vienen, se repiten las promesas pero solamente dos de ellas –los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM)- han pedido la retención de sus prerrogativas.

Poco más de 330 millones de pesos, producto de las participaciones de octubre a diciembre, a disposición de los damnificados y ojalá de los más pobres de los pobres, los de Oaxaca y los de Chiapas.

Porque los reflectores están en la Ciudad de México y aquí es donde hay más bienes asegurados, más respaldo, más reflectores, suma de gobiernos y de organizaciones civiles.

Pero el tema es la transparencia y pronto debemos saber cuántas casas se reconstruyeron, dónde, a qué costo, en beneficio de quién y también si no participaron constructoras buitres.

Dato sustantivo porque si los partidos cumplen su promesa, para el año próximo sumarían 20 mil millones de pesos, más del 50 por ciento del paquete anunciado por el gobierno federal.

213 CONTRALORÍAS AL SERVICIO DEL JEFE

Usted está para saberlo:

Cada dependencia del gobierno federal –con reproducciones burocráticas estatales y municipales- tiene una maraña administrativa para ocultar el manejo de los recursos.

A los datos:

Oficialmente hay 211 órganos y dos unidades de control con ámbito nacional, esas mal llamadas contralorías internas, estructuradas solamente para envolver y justificar los gastos designados de los superiores.

¿Por qué?

Porque los contralores –o los jefes de unidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE): un fruto más de la reforma energética- son designados por los propios titulares de cada dependencia.

Ejemplos: en la Secretaría de Gobernación (Segob), por Miguel Angel Osorio Chong; en la Secretaría de Energía (Sener) por Pedro Joaquín Coldwell… y así hasta el infinito en la federación, los gobiernos estatales y el municipio más pequeño.

Esta práctica no ha podido ser eliminada pese a varios proyectos –el más reciente el de la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez- para designar contralores en procesos abiertos, de oposición.

Es un ángulo más, hasta ahora inexplorado públicamente, del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para no tener tapaderas dentro de las propias secretarías de Estado, de las empresas productivas, de los órganos descentralizados…

De toda dependencia.

ABANDONO DE REFINERÍAS Y ENTORNOS

En la crisis sísmica hay un sector olvidado:

Las refinerías y, sobre todo, el entorno de ellas.

El terremoto del 7 de septiembre desnudó el desamparo de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, con incendio, paralización de labores y pérdidas diarias once millones de dólares.

A ese inframundo se ha asomado la Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo (AMIPE), cuyos dirigentes Erik Legorreta y Eduardo Arratia estudian cómo ayudar a esa población.

Traen dos proyectos:

Hacer obras sociales y sobre todo generar empleos –así sea temporales- e impulsar la reconstrucción de servicios fundamentales como centros educativos y hospitalarios.

Buscan lugares de gran rezago socioeconómico para llevar esa ayuda y tal vez pronto tengamos noticias.