Teléfono rojo/José Ureña

• Cómo Peña maniató a su gobierno y otorgó impunidad al PAN
• En aras del Pacto decidió no procesar a ex funcionarios azules
• Los expedientes fueron quemados o llevados a la trituradora

La apuesta era buena, pero no resultó.

O, medida a la distancia, resultó contraproducente para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), su gobierno, sus candidatos y el escenario electoral tricolor.

Enrique Peña Nieto arribó al poder con propósitos de cambio y, en aras de lograrlo, concilió intereses con las fuerzas opositoras.

Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) acudieron a la convocatoria de transformar a México con las llamadas reformas estructurales.

Gustavo Madero las firmó en el Castillo de Chapultepec por el PAN y Jesús Zambrano por el PRD.

Con dificultades y tumbos, las iniciativas avanzaron de septiembre a diciembre de 2012 para un inicio promisorio de sexenio.

Salieron la laboral, la educativa, la de telecomunicaciones…

Otras estuvieron a punto de naufragar, como la hacendaria, sacada al final gracias al apoyo del perredista Angel Aguirre y el indefinido -porque hoy carece de partido e identidad- Gabino Cué.

Suyos fueron los votos de los senadores definitivos.

NI SIQUIERA CASTIGO POR LOS CASINOS

La adhesión no fue desinteresada.

Enrique Peña vivió tiempos de sociedad con Gustavo Madero y Jesús Zambrano, pese a resistencias panistas y perredistas.

Los azules fueron los más beneficiados.

En aras de sus votos legislativos, el gobierno priísta desistió de investigar fundamentales para aclarar pasados desvíos, enriquecimientos y múltiples operaciones anómalas.

Ahí están de muestra las compras amañadas, con sobreprecios a empresas amigas, en el sector salud.

Los manejos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

O las operaciones en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyos contratos no pasarían las normas elementales de transparencia.

Las acciones sospechosas para construir o financiar cinco millones de casas durante los sexenios de Vicente Fox  y Felipe Calderón para atender a las inmobiliarias –vivienderas, les llaman algunos- y no a los derechohabientes del Infonavit, Fovissste y otros organismos de Estado.

Casas hoy abandonadas.

EXPEDIENTES AL FUEGO O TRITURADOS

La lista de corruptelas puede seguir hasta el infinito.

Bastaría asomarse al manejo inadecuado, por decirlo con cortesía, de los permisos de casinos, cuyos escándalos saturaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a sus funcionarios con Vicente Fox y Felipe Calderón.

O revisar con detalle las denuncias de Elba Esther Gordillo contra su antiguo protegido, el hoy electo gobernador de Veracruz Miguel Angel Yunes de amañar las compras del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Para esos funcionarios, todos panistas, no hay problema.

Enrique Peña Nieto decidió no proceder y así tuvo el respaldo de Gustavo Madero, a cuyo impulso creció la carrera y la imagen del queretano Ricardo Anaya, hoy convertido en el gran juzgador del PRI y sus corruptos gobernantes.

Con esa bandera se abre camino hacia la candidatura presidencial del 2018 y el gobierno de Peña Nieto, amarrado de manos, nada puede hacer.

Nada, porque la mayoría de los expedientes fueron quemados o a la trituradora.

Pero de esto hay más y continuaremos.