Teléfono rojo/José Ureña

Seguridad privada: explotación con permiso federal

·      Y cobran porque el gobierno no tiene quién lo cuide

·      Hasta la Auditoría Superior pretende esos contratos

Una sombra de injusticia y muerte recorre el país.

Y lo peor: a ciencia y paciencia del gobierno federal.

Peor aún: con el impulso del gobierno federal.

Más de cuatro mil 800 empresas privadas ofrecen servicios de seguridad y protección sin tener personal capacitado, con frecuencia sin los permisos de ley y, más grave, sin ningún control.

Tienen más de 400 mil empleados a quienes mandan a la calle, o a instituciones públicas o particulares, con uniformes y altas tarifas pero sin la menor capacitación para dar el servicio por el cual cobran.

Así son, eran y serán los elementos a quienes se encomendó a los migrantes previamente recolectados por todas las calles de Ciudad Juárez y luego encerrados a cancel y candado para condenarlos a la muerte.

Y luego desde Palacio Nacional se les condena a una segunda sentencia: ellos querían lliberarse y por eso prendieron fuego a las modestas colchonetas y sólo se recetaron el juicio terminal.                                                                                                           

SIN CONTROL NI CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A ellos se encomienda el gobierno federal.

Cuatro mil 800 firmas de dudoso origen y mala calidad, muy pocos con permisos de armas pero sin preparación para usarlas, mil 500 con registro central -bien o mal- y dos mil 900 con autorizaciones estatales.

Hasta los números son confusos porque no hay orden: más de 30 asociaciones civiles las registran para darles referentes como si fueran permisos de portación y las exhiben fiables: son de la AMESP -Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad 225 firmas bajo control-, de la CEICSA -Servicios Especializados de Investigación y Custodia-, y así…

Y luego se detecta a Elías Gerardo Valdés Cabrera, cónsul del dictador Nicolás Maduro, con 130 contratos asignados por más de tres mil millones de pesos y sale la voz oficial a dar otra firma como responsable de los muertos de Juárez.

¿Por qué?

Porque el franquiciatario subcontrata y ahí está otro problema: así se gana más sin dar el servicio y se pagan salarios mínimos pero se cobran como profesionales y el gobierno los paga y pone toda su estructura, contra la ley, a depender de ellos.

Por ahí vamos, pero para qué seguir, si CEICSA del cónsul de Ortega tiene algo así como 30 mil agentes y permiso federal -sí, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador– para contratarse aquí, allá y allende el gobierno federal y los 32 estados.

COBRO SIN GARANTRÍAS

Y no crea terminado este problema.

Este fin de mes varias dependencias -Semarnat, Cancillería, FGR, Seguro Social, CFE, ISSSTE, ASF…- negocian con CEICSA del cónsul Elías Gerardo Valdés Cabrera nuevos contratos millonarios para entregarles su integridad institucional y física.

Como en Ciudad Juárez, donde esa firma y ese diplomático cobraron 460 millones de pesos -dato documentado por Latinus, Carlos Loret de Mola y Vanguardia– para dejar encerrados y condenados entre llamas y humo a 39 migrantes centroamericanos.

Pero queda claro lo narrado aquí el 6 de abril de 2021 y titulado de manera infalible por Teléfono Rojo:

El gobierno no tiene quién lo cuide.

Quizá debieramos decir: pero tampoco tenemos quién nos cuide pero sí quién cobre por no cuidarnos y por explotar a más de 400 mil miserables a quienes les dan uniforme, macana y alguna arma porque las dependencias del gobierno no quieren contratar, personal, pagar lo justo, capacitar y darles prestaciones.

Por algo el Servicio Profesional Federal (SFP) de Luis Wetman Zaslav no puede ocupar 30 mil plazs y por lo tanto cumpir con su misión de proteger instalaciones, personal y funcionarios de toda la administración pública.–