Abanico
A las primeras corresponde la instrucción gubernamental a la televisión privada de transmitir en vivo un festival cívico/cultural bautizado en Palacio Nacional como Guelaguetza mexicana.
No es común una orden así.
Esta pretensión fue abandonada el 1 de septiembre con el mensaje presidencial ante el alud de críticas al oficio inicial de la Secretaría de Gobernación (Segob) de Olga Sánchez Cordero.
A las malas noticias corresponden también los análisis internos sobre la penetración de las televisoras del Estado.
Aglutinadas en el Sistema Público de Radiodifusión (SPR) de Jenaro Villamil, no tiene penetración significativa y por eso se busca masificar la audiencia el 15 de septiembre.
Esto obligará a todos los canales, sobre todo de Televisa y TV Azteca -consorcios de Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego- a encadenarse por lo menos durante 90 minutos, de las 21:30 a las 23:00 horas.
Una práctica abandonada con el arribo de las transiciones anteriores.
3,500 MILLONES SIN GRAVAR
De otro lado vienen las buenas noticias.
La iniciativa para gravar las plataforma digitales, casi todas extranjeras, puede y debe traer beneficios importantes al mercado nacional.
De entrada las obligará a incorporar al menos 30 por ciento de contenido nacional en beneficio de los productores independientes, la difusión de la cultura y la generación de empleos.
Esta iniciativa pergeñada por Ricardo Monreal causó buen ánimo en los empresarios domésticos porque generará competencia entre mexicanos y extranjeros.
Un modelo copiado de otros mercados.
Si bien el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ya se aplica en lugares de América Latina como Brasil, Chile y Costa Rica, ha tenido magníficos resultados en la Unión Europea (UE).
No se habla de un mercado periférico.
Actualmente las cifras oficiales de facturación lo ubican en tres mil 500 millones de pesos anuales y se le augura un desarrollo infinito para los próximos.
Además de las grandes cadenas de telecomunicaciones, el proyecto es bien visto por la empresa de transporte Cabify, cuyos directivos desde su arribo a México optaron por pagar impuestos a pesar de no estar obligados.
Pero ese vacío legal está por desaparecer.
ANGUSTIAS UNIVERSITARIAS
1.- A la angustia de los estados, narrada ayer en este espacio, se agrega la de las universidades públicas del país.
Con la Nacional Autónoma de México (UNAM) a la cabeza, están muy preocupadas porque se les pretende castigar en el nuevo presupuesto.
Lo mismo pasó el año anterior.
Todavía no llegaba el actual gobierno y, ante la amenaza de recortes, el rector Enrique Graue asumió la defensa de partidas dignas como parte de la autonomía.
Ese liderazgo lo ha fortalecido y seguramente estará en la pelea para no demeritar la educación pública del país.
Y 2.- Arturo Herrera es el funcionario más buscado por representantes sociales, estatales y del sector privado.
El trata de esconderse, pero no podrá hacerlo permanentemente.
Todos, desde secretarios y directores generales hasta gobernadores, alcaldes y dirigentes de asociaciones, quieren negociar alzas en las partidas previstas para su sector.
Habrá muchos cambios, pero el secretario de Hacienda y Crédito Público todavía tiene intermediarios para la negociación.
El principal es Alfonso Ramírez Cuéllar, el barzonista presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.