Tecnología criminal contra los jóvenes/Erik Avilés

En nuestra nación hay una urgente necesidad de proteger a la infancia y a la juventud ante el terrorismo criminal ejecutado mediante drones. Esta crisis se agrava día tras día y en entidades como Michoacán la situación empeora.

Como primera premisa, recordemos que, en el ciclo escolar 2024-2025, Michoacán fue el segundo lugar nacional en homicidios de menores de edad, con 120, solo por debajo de Guanajuato, de acuerdo con datos de El Blog por los Derechos de la Infancia, analizados por Mexicanos Primero Michoacán.

Adicionalmente, arrancamos el nuevo período educativo con 864 mil estudiantes menos, siendo particularmente 430 mil estudiantes de educación media superior los faltantes. En Michoacán la cifra es de 20 mil 696 estudiantes menos en total, cifra difundida ampliamente por la Secretaría de Educación en el Estado, sin reconocer la problemática, sino más bien festejando.

Este fin de semana, Michoacán se vuelve a teñir de rojo por el asesinato de un joven de 15 años, de nombre Jesús Macario; llamado genéricamente "jornalero" en los medios, pero quien debería de recibir trato de hijo de familia, de estudiante; por estar en secundaria o en bachillerato. En un sábado debería de haber estado concentrado en casa haciendo tareas, descansando o preparando sus útiles y uniformes para el lunes, no en labores agrícolas, ejerciendo el trabajo infantil. La falta de condiciones para vivir una infancia y juventud pacífica, enfocada en el estudio, el deporte y la convivencia sana es impresionante.

En contraste, quienes deberían de estar en alerta permanente estuvieron buscando saciar su megalomanía, en el concierto de Oasis, jugando con imágenes de IA en horario laboral, festejando logros prestidigitados en el Excel, placeándose en el semivacío Estadio Morelos sólo para ser abucheados o preparándose para el controvertido concierto de Nodal. La frivolidad cortesana es impresionante, mientras las consecuencias se acumulan, contándose en cadáveres, heridos, mutilados, discapacitados, desaparecidos, así como miles de sueños y aspiraciones truncadas.

Los datos revelan una realidad devastadora que trasciende las estadísticas: 34% de la población michoacana, es decir, un millón 694 mil personas -de acuerdo con el reporte de INEGI sobre pobreza multidimensional del mes pasado- enfrenta pobreza multidimensional, un porcentaje que supera la media nacional y que condena a miles de menores a un futuro incierto.

Un millón 270 mil personas se encuentran en situación de rezago educativo, dos millones 274 mil personas carecen de acceso a servicios de salud, un millón 498 mil personas se encuentran en situación de pobreza por carencia de servicios básicos a la vivienda y un millón 008 mil 400 personas viven en pobreza alimentaria en Michoacán.

Por si fuera poco, la impunidad prevalece: 97% de los delitos contra menores en el país están impunes.

Ante esta realidad de pobreza, criminalidad e impunidad, las consecuencias se plasman a su vez en pésimas cifras de abandono escolar, de desescolarización, de trabajo infantil. Ante ello, las autoridades regalan tenis pagados con nuestros impuestos, bajo las banderas de arraigarlos en la escuela, de abatir los indicadores de abandono escolar, de alejarlos de las adicciones y de formarlos para la paz.  Así también, reparten becas “escolares” que, como ya demostró el CONEVAL en su momento, sirven más bien para cubrir gastos de alimentación. Ni tenis ni becas arraigan a los estudiantes en las escuelas, ni mucho menos los protegen contra la violencia o los encaminan por el sendero de la paz.

A Jesús Macario, ¿los tenis le hubieran salvado la vida? ¿Con ellos hubiera corrido más rápidamente para evadir los dronazos? ¿Están blindados para que las minas terrestres no los hagan pedazos? ¿Las becas le daban la tranquilidad suficiente como para no tener que trabajar en fin de semana? Las respuestas son negativas.

Por ello, es imperativo legislar a favor de agravar al máximo las penas contra el uso de tecnología de drones para actos terroristas y homicidas. Hay razones sobradas al respecto:

1. Magnificación de la premeditación criminal: Estos artefactos magnifican los conceptos de premeditación, de alevosía y de ventaja a niveles difíciles de igualar. Su uso implica una planificación detallada que agrava significativamente la intencionalidad del delito.

2. Impunidad garantizada: Quien los emplea busca quedar completamente a mansalva, eliminando cualquier riesgo personal mientras perpetra actos de extrema violencia, convirtiendo el crimen en un acto cobarde y calculado.

3. Terrorismo psicológico masivo: Se usan para infundir terror, para dar lecciones de brutalidad, para controlar teledirigidamente el pánico de comunidades enteras y someterlas a voluntades cavernícolas, generando un estado de miedo permanente en la población.

4. Letalidad extrema: Su uso es, como hemos visto, letal y permite ataques precisos con capacidad de causar daños masivos, convirtiendo cualquier espacio en un potencial campo de batalla.

5. Normalización de la violencia: Si se populariza su empleo, pronto serán empleados de maneras cada vez más letales y se seguirá normalizando y perpetuando la violencia, creando una escalada tecnológica criminal.

6. Riesgo educativo: Escuelas de nivel medio superior como el CONALEP ya imparten la carrera técnica de pilotaje de drones. Si no se colocan límites al respecto, próximamente tendremos problemas mayores al formar técnicamente a posibles perpetradores, quienes serán reclutados bajo coerción, amenazas o por la necesidad que la pobreza impone.

7. Facilidad de adquisición: Es trascendente regular al máximo la compraventa de vehículos aéreos no tripulados, ya que hoy en día es posible recibirlos a domicilio, sin mediar identificación de por medio, solo comprándolos en línea.

8. Falta de trazabilidad: La ausencia de registro permite que estos dispositivos operen en el anonimato, imposibilitando la investigación criminal y la prevención de ataques futuros.

9. Violación del espacio aéreo: Su uso descontrolado representa una amenaza a la seguridad nacional y la soberanía del espacio aéreo mexicano, creando precedentes peligrosos.

10. Necesidad de control estatal: Debe contemplarse la emisión de matrículas o licencias para tener pleno control del espacio aéreo de nuestra nación y de Michoacán en particular, garantizando que el Estado mantenga el monopolio legítimo de la fuerza.

Así también, para garantizar los derechos humanos de las infancias y juventudes en Michoacán, comenzando por su derecho a la vida, se requiere una respuesta gubernamental contundente e integral:

1. Programa Integral de Protección Escolar: Establecer dispositivos de seguridad permanente en todas las instituciones educativas, con protocolos específicos ante amenazas tecnológicas como drones, incluyendo sistemas de detección temprana y refugios seguros.

2. Becas Integrales de Permanencia: Implementar un programa robusto de becas que no solo cubra gastos educativos, sino que garantice el sustento familiar completo para evitar que menores trabajen los fines de semana, con montos superiores al salario mínimo familiar.

3. Registro Estatal Obligatorio de Drones: Crear un sistema de matriculación obligatoria para todos los vehículos aéreos no tripulados en territorio michoacano, con verificación de antecedentes penales del propietario y renovación anual.

4. Centros de Atención Integral Comunitaria: Establecer espacios seguros en las comunidades más vulnerables donde los menores puedan permanecer durante los fines de semana y períodos vacacionales, ofreciendo actividades educativas, deportivas y culturales.

5. Programa Estatal contra el Abandono Escolar: Crear un sistema de alerta temprana que identifique a estudiantes en riesgo de abandono escolar, con apoyos sociales, pero también con intervención inmediata a través de trabajadores sociales especializados y apoyo psicopedagógico.

6. Observatorio de Violencia contra Menores: Establecer un sistema de monitoreo permanente con datos actualizados en tiempo real sobre agresiones contra menores, con protocolos de respuesta inmediata y seguimiento de casos.

7. Programa de Empleos Dignos para Padres de Familia: Generar oportunidades laborales estables y bien remuneradas para los padres de familia en las regiones más vulnerables, eliminando la necesidad del trabajo infantil como complemento al ingreso familiar.

8. Red de Transporte Escolar Seguro: Implementar un sistema de transporte gratuito y blindado que conecte las comunidades rurales con los centros educativos, reduciendo la exposición de menores a la violencia en sus traslados.

9. Escuelas de Tiempo Completo con Alimentación: Expandir el programa de escuelas de tiempo completo con servicios de alimentación gratuita, asegurando que los menores permanezcan en espacios protegidos durante toda la jornada.

10. Justicia Especializada para Menores Víctimas: Crear fiscalías especializadas en delitos contra menores con protocolos específicos, recursos suficientes y personal altamente capacitado, garantizando que ningún caso quede impune.

El ciclo escolar anterior dejó esa estela de sangre de 120 menores de edad asesinados en la geografía michoacana. ¿Cuántos se acumularán en el presente ciclo escolar? La pregunta no es retórica; es una advertencia que exige respuestas inmediatas y contundentes.

Al gobierno federal y estatal: La responsabilidad es clara e ineludible. No pueden seguir ocultándose detrás de cifras maquilladas y eventos mediáticos mientras los menores michoacanos mueren. Se requiere en los hechos una declaratoria de emergencia educativa y de seguridad que movilice todos los recursos del Estado hacia la protección de la infancia. Las propuestas están sobre la mesa; la voluntad política debe materializarse en acciones concretas, presupuestos robustos y resultados medibles.

A los legisladores: Es momento de actuar con urgencia histórica. La regulación de drones no puede esperar más debates estériles. Cada día de retraso puede costar vidas inocentes. Aprueben leyes severas que consideren el uso criminal de drones como delito grave, equiparable al terrorismo, con penas ejemplares que disuadan a los perpetradores.

A la ciudadanía michoacana: El silencio es inadmisible. Cada menor asesinado nos interpela como sociedad. Debemos exigir rendición de cuentas, participar activamente en la vigilancia ciudadana y construir redes de protección comunitaria. Nuestros hijos no pueden ser estadísticas en los informes gubernamentales; son el futuro que estamos obligados a proteger.

A los medios de comunicación: Dejen de llamar "jornaleros" a menores de 15 años. Son víctimas del trabajo infantil, son estudiantes, son hijos, son el futuro truncado de Michoacán. Su lenguaje debe reflejar la gravedad de la crisis y la dignidad que merecen estas vidas perdidas.

A las organizaciones civiles: La articulación es fundamental. Necesitamos una coordinación sin precedentes entre todas las organizaciones que trabajan por la infancia, creando un frente común que presione por cambios estructurales y monitoree el cumplimiento de los compromisos gubernamentales.

La historia nos juzgará por nuestra respuesta ante esta tragedia humanitaria. No podemos seguir contando cadáveres mientras celebramos conciertos. No podemos normalizar que menores de 15 años trabajen los fines de semana mientras deberían estudiar. No podemos permitir que la tecnología se convierta en instrumento de muerte contra los más vulnerables.

Que descanse en paz Jesús Macario. Que se recuperen plenamente los lesionados. Que no quede en la impunidad su asesinato. Una vez más, debemos decir "se los dijimos". Pero esta vez, actuemos antes de que sea demasiado tarde para más niños michoacanos.

La infancia michoacana no puede esperar más. El tiempo de las buenas intenciones se agotó. Es hora de la acción decidida, del presupuesto comprometido y de la voluntad política inquebrantable. Los menores de Michoacán merecen vivir, estudiar y soñar en paz. Es nuestra obligación garantizárselo.

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