Salud financiera

Capufe licita entre sombras

El arranque de 2026 dejó una postal incómoda para Caminos y Puentes Federales (Capufe), de Carlos Arceo Castañeda. Y es que la empresa Jet Van Car Rental volvió a colocarse en el ojo del huracán tras acumular más de 2 mil 500 millones de pesos en contratos con al menos 19 dependencias, pese a arrastrar sanciones, inhabilitaciones y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. 

No es un caso aislado, sino un síntoma persistente de cómo ciertos proveedores logran mantenerse —y prosperar— dentro del circuito gubernamental, incluso cuando su historial debería encender alertas.

Capufe lleva acabo un nuevo proceso de licitación para arrendar vehículos de auxilio vial. Recordemos que esta dependencia administra cerca de 3,800 kilómetros de autopistas y puentes de cuota, una red estratégica para la movilidad y la economía nacional, además de ser una de las principales entidades recaudadoras del gobierno federal. 

El trasfondo de la empresa explica por qué el tema no es menor. En 2021, Jet Van Car Rental fue inhabilitada por un año y multada con más de 1.4 millones de pesos por la Secretaría de la Función Pública tras incumplir un contrato con el Servicio de Protección Federal, al entregar vehículos que no cumplían con las especificaciones técnicas pactadas, incluidos casos con mayor antigüedad y kilometraje del permitido. 

A ello se suman observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, de Aureliano Hernández Palacios, por posibles irregularidades en contratos, como un presunto daño al erario en operaciones vinculadas a Segalmex y cuestionamientos sobre la trazabilidad de unidades arrendadas. 

El problema es que, según versiones internas, las bases del concurso podrían estar diseñadas con especificaciones que coinciden casi milimétricamente con las unidades que hoy opera la propia empresa, como vehículos modelo reciente, pero con alto kilometraje y condiciones similares a los ya arrendados. Un traje a la medida, pues. 

Todo esto ocurre bajo la gestión del ingeniero Carlos Arceo Castañeda, quien asumió la dirección general el 1 de febrero de 2026, tras desempeñarse como director general de Carreteras en la SICT. Su llegada no es menor: ocurre en un momento en que Capufe enfrenta rezagos en mantenimiento, presión presupuestal y crecientes exigencias de seguridad vial en la red carretera. 

La pregunta de fondo es si esta nueva administración romperá con prácticas heredadas o si simplemente las administrará. Porque más allá de una licitación específica, lo que está en juego es la credibilidad de los procesos públicos. 

Permitir que proveedores cuestionados se reciclen indefinidamente —y que los concursos se diseñen a su medida— no sólo erosiona la competencia, también pone en riesgo la calidad de servicios que, en el caso de Capufe, pueden significar la diferencia entre una atención oportuna en carretera y una tragedia evitable.

*** Responsabilidad con resultados

Fundación TRAXION, bajo la dirección de Alejandra Méndez, presentó su balance anual con una cifra que sintetiza su trayectoria. En 2025 benefició a 565 mil 697 personas, un aumento superior al 50 por ciento frente al año previo. Desde su creación en 2020, la organización suma más de 2.2 millones de atenciones en educación básica, becas, transporte asistido y apoyo humanitario. 

Cinco mil certificaciones escolares, mil 163 apoyos académicos, 35 mil traslados solidarios y 700 toneladas de insumos en emergencias integran un esquema que aprovecha la infraestructura de una empresa líder en movilidad. 

Para 2026, los planes apuntan a ampliar ese alcance. La estrategia prevé más unidades para su programa En Ruta por la Educación, mayor despliegue en acciones con propósito y una convocatoria de voluntariado más amplia. Este esquema con causa fija un estándar alto para el sector empresarial nacional. México requiere más iniciativas que conviertan el éxito financiero en justicia para los grupos vulnerables.

*** El correo recupera su ruta al norte

TOME NOTA *** A partir de esta semana, el Servicio Postal Mexicano intenta recuperar el tiempo perdido en la frontera. La reanudación de los envíos a Estados Unidos pone fin a una parálisis que afectó la conexión directa entre ambos países por varios meses. 

La titular del organismo, Violeta Abreu González, ha tenido que maniobrar en un escenario donde el libre impuesto para paquetes menores a 800 dólares pasó a la historia por decreto de Washington. 

Lo interesante aquí es el equilibrio: el usuario ahora debe enfrentar un gravamen del 10% sobre el valor de sus artículos, pero encuentra en el correo oficial una tarifa de envío que se mantiene congelada. 

El éxito de este regreso dependerá también de la disciplina del usuario para llenar los nuevos formularios y declarar hasta el último detalle del contenido. 

Al alinearse con los estándares que ya aplican Canadá o Japón, Correos de México busca convertirse en una opción real, sin intermediarios y con reglas claras para que los paquetes no terminen estancados en una bodega fronteriza.