Rumbo al arranque del Ciclo Escolar 2025-2026/Erik Avilés

Hoy iniciamos el ciclo escolar: todos tienen 10 de calificación.

Está en ustedes conservarlo hasta el final.

Mi maestra de matemáticas.

Este próximo lunes arrancará el ciclo escolar 2025 -2026 y, así como decía mi maestra de matemáticas de secundaria, arranca con un calendario completo por cumplir, sujetos de derechos a quienes servir en su totalidad y condiciones por asegurarles a ellos y a los trabajadores de la educación: está en las autoridades educativas conservar que así suceda desde el primer día.

Ya, en tres ediciones previas, no lograron conseguir un ciclo completo. Se sucedieron incidencias, especialmente de carácter socio-organizativo, como las situaciones gremiales y sindicales: paros, marchas, plantones, suspensiones indefinidas; así también, cuestiones de violencia que impidieron la regularidad educativa y situaciones climáticas y sismológicas. Especialmente, las incidencias en materia de homicidios dolosos, minas terrestres, desplazamientos forzados, migración, abandono escolar y desescolarización no abonaron en absoluto.

Es la cuarta ocasión en la cual se intentará hacer lo propio en la actual administración estatal. Esperemos que, por el bien de las niñas, niños y jóvenes, se logre.

Más allá de las circunstancias ocurridas en el periodo educativo anterior, en donde como se demostró, hubo incidencias de diferente índole que trastocaron la regularidad y afectaron los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes, las circunstancias en las cuales arrancará el ciclo escolar 2025-2026 son dignas de atención. Se sabe que se continúa con una notable falta de cobertura educativa en educación inicial, preescolar, media superior y superior.

La falta de cobertura, por supuesto, no solamente se refiere a la ausencia o insuficiencia de instalaciones ni de butacas, sino también, de maestras y maestros que posibiliten que los aprendizajes sucedan. La UNESCO habla de 44 millones de docentes faltantes en el planeta.

En Michoacán, mucho se habla de que faltan docentes en las aulas, principalmente en primaria y secundaria, en donde se han llegado a calcular hasta mil ausencias, de acuerdo con reportes de los grupos gremiales.

Pero, por otra parte, se habla de aviadores, de personas que se encuentran fuera de sus centros de trabajo a los cuales están adscritos. La Secretaría de Educación en el Estado recientemente estimó doscientos casos, los cuales habría que revisar uno a uno.

Sí, seguramente hay muchos casos en los cuales se puede imputar al trabajador de ausentarse. Es sabido que hay comunidades enteras que se caracterizan por el ausentismo de los docentes por retirarse a realizar actividades diferentes a la docencia, incluso, fuera del estado de Michoacán o de la nación mexicana.

Pero, también hay muchos casos en los que las expresiones gremiales y sindicales son las que propician, demandan y posibilitan la salida de los trabajadores de la educación para sus finalidades organizativas y de movilización, así como para beneficio personal de quienes trafican con la descarga laboral.

En contraste, hay muchas más que no son lo que parecen y en donde justamente hay que intervenir en defensa de los trabajadores: porque hay municipios en donde los maestros y personal directivo son amenazados, se les extorsiona, se les secuestra, se les pide derecho de piso, se les persigue y no tienen otra opción que cerrar las escuelas, abandonando su centro de trabajo. Lo que pareciera ser de entrada una irresponsabilidad de su parte es en realidad un acto de supervivencia pura, ante la ingobernabilidad, gobernanza criminal y estado fallido que se vive en cientos de comunidades en la entidad federativa.

Así pasó en Uruapan, en Apatzingán, en Tepalcatepec, en Coalcomán, en Zitácuaro, en Zinapécuaro, en Buenavista Tomatlán, en Aguililla, en Aquila y en muchos casos más. Es menester que la parte patronal, juntamente con las autoridades en materia de seguridad se organicen y articulen para brindar las condiciones necesarias de seguridad y se puedan abrir todos los planteles educativos en la geografía michoacana este próximo lunes.

Hagamos cálculos: en educación media superior, apenas uno de cada dos jóvenes en edad de cursar este nivel educativo en la entidad federativa está escolarizado. Esto implicaría que hay que hacer crecer al doble el total de planteles escolares existentes y así también, la plantilla de personal, céteris paribus.

De acuerdo con el SIGED, en el ciclo escolar 2024-2025 hubo 14 mil 809 docentes contratados. La tasa de escolarización es del 51.6 por ciento. Con ello, podemos calcular asumiendo una tendencia lineal, que se requerirían 28 mil 699 maestros para generar cobertura universal en este nivel educativo. Faltarían de contratarse 13 mil 890 docentes.

En educación superior es análoga la situación: solo uno de cada cuatro jóvenes en edad de cursarla está escolarizado. Entonces, se requeriría elevar cuatro veces el número de instituciones de educación superior, planteles, equipamiento y, sobre todo, de personal docente. Se reportaron 14 mil 347 docentes en el ciclo escolar recién concluido. Su tasa de escolaridad es del 22.6 por ciento. Para generar cobertura universal harían falta 63 mil 482 docentes, restándose de contratar, por ende, 49 mil 135 docentes.

En preescolar, la tasa de matriculación es del 68.4 por ciento, reportando un total de 11 mil 284 docentes. Para alcanzar el cien por ciento de cobertura, se requerirían 16 mil 497 docentes, faltando un total de 5 mil 213 maestros de contratarse.

En primaria es del 93.4 por ciento, con 27 mil 693 docentes frente a grupo. La cobertura universal demandaría tener a 29 mil 649 maestros, lo que implicaría contratar a mil 956 docentes más.

En secundaria es del 74.2 por ciento, con 14 mil 695 docentes. El cien por ciento de cobertura se alcanzaría teniendo a 19 mil 804 docentes; por lo que, se requeriría contratar a 5 mil 109 docentes adicionales.

Si asumimos un comportamiento lineal de la cantidad de docentes para la atención de los estudiantes, podemos estimar una cifra de falta de maestros en Michoacán, para garantizar cobertura universal desde preescolar hasta educación superior en 75 mil 303 docentes.

Hasta bachillerato, descontando educación superior, harían falta aun así un total de 26 mil 168 docentes adicionales.  

El reconocimiento de la realidad es importante: sí hacen falta maestros.

Así también, es importante enfocarse en las circunstancias y retos vigentes, por encima de una narrativa. Recientemente, se ha incurrido públicamente en dos cuestiones que, al calor de la emisión de un discurso, pueden resultar naturales, pero que, ya en el análisis, resultan desfavorables: tildar a las administraciones de hace dos décadas de “corruptas” y comparar a las mujeres titulares de la Secretaría de Educación en el Estado de “los últimos cincuenta años”.

Pero, resulta complejo hacer comparativos con gobiernos de hace veinte o veinticinco años, toda vez que, cuando esto se realiza y se acusa de corrupción, hay que voltear a ver quiénes eran los actores clave del sistema educativo. Y hoy, muchos de ellos siguen cobrando en cargos directivos. Si obran evidencias de que actuaron indebidamente, muy mal hace el gobierno estatal al tenerlos en la nómina; y mucho más, al otorgarles cargos en la estructura, delegando las atribuciones constitucionales del ejecutivo estatal. Ensalzar a la presente administración no debe implicar denostar a las administraciones del ayer, por ser las mismas personas, por haber sucedido en otros contextos y por no haber evidencias contundentes a la vista de los ciudadanos de que se viva una situación diferente en el presente.

Así también, las comparaciones entre las mujeres titulares de la Secretaría de Educación en el Estado no cuentan con suficientes elementos como para realizarse objetivamente. Primeramente, porque el cargo no lleva cincuenta años existiendo, sino que, desde el marco de la firma del Acuerdo Nacional por la Modernización de la Educación Básica, se creó este cargo … en 1992. Más aún, porque ocurre la misma situación que, con las acusaciones de corrupción: al menos la mitad de las extitulares de la SEE siguen en activo en el gobierno del estado.  Ensalzar no implica subordinar, ni mucho menos, denostar, menos aún si forman parte del mismo equipo gubernamental.

Aunado a lo anterior, tenemos las inmensas inconsistencias en materia de cifras e indicadores educativos. El ciclo escolar 2019-2020 había hasta un millón 300 mil estudiantes.  En el ciclo recién finalizado, se contó con un millón 267 mil estudiantes. Para el arranque del próximo lunes, se espera que el sistema educativo michoacano atienda a un millón 243 mil estudiantes. Es decir, a pesar de la escasa cobertura en educación inicial, preescolar, media superior y superior, aun así, se tienen menos alumnos. La explicación está en la falta de acciones para incrementar la cobertura educativa en estos niveles mencionados, así como en la disminución de matrícula en primaria y secundaria, por razones de la caída de la natalidad en la última década.

Esto quiere decir que, no se han formulado ni implementado políticas públicas, que las inversiones que se hacen no logran escolarizar a quienes se encuentran sin condiciones de retomar sus estudios, así como tampoco se lleva a tres de cada cuatro jóvenes michoacanos a concluir una carrera universitaria. La inercia es sumamente negativa.

Más aún: recientemente, se adujo que en Michoacán se había reducido el rezago educativo. Más allá de cuestionar las cifras o la metodología, el corazón de evaluar el rezago educativo debería ser otro: El rezago educativo debe estar en función de los aprendizajes, no nada más de los años de escolaridad cursados respecto a la edad poseída y al marco normativo en torno a la obligatoriedad educativa en el momento de nacer de los mexicanos.

Es decir: debe evaluarse si se sabe leer y escribir un recado, si se poseen las competencias necesarias para resolver un problema cotidiano empleando las cuatro operaciones aritméticas básicas, por citar dos ejemplos mínimos indispensables para afrontar los retos de la vida.

Aunado a lo anterior, la segunda razón es demográfica: en este mismo espacio dimos una mirada a las personas fallecidas por COVID-19 y por homicidio, donde 70 y 60 por ciento de ellos estaban en situación de rezago educativo, de acuerdo con la UNAM y con el INEGI.

La tercera es de cifras de estadística educativa: si la matriculación es inercial, ¿en qué momento, en dónde se atendieron a las personas que dicen haber sacado del rezago educativo?

La situación de las becas educativas es también preocupante: se demostró que apenas si reducen el abandono escolar un dos por ciento en el ciclo escolar inmediato, así también, que el dinero se usa para alimentación y no para solventar gastos relacionados con la educación. Es decir, el derecho a la educación se subordina a la comida que haga falta en la mesa de los hogares. De esta manera, se palia la pobreza alimentaria, pero se dejan intocadas carencias sociales como la educación y la salud. Esto equivale a sacar dinero de un bolsillo del pantalón para colocarlo en el otro.

Más aún, recordando los estudios de percepción de la educación que realizamos en el Capítulo Michoacán en 2023,  tenemos en cuenta que, en ellos, las personas que reciben un apoyo social elevan hasta veintidós puntos por encima de la media su percepción respecto al partido político en el poder que les otorga esta transferencia.

Entonces, podemos concluir que sirve entregar dinero a través de becas, para paliar la pobreza alimenticia y para elevar la aprobación gubernamental. Pírricamente, abonan a la permanencia escolar y, en lo negativo, desprotegen los derechos educativos, los cuales quedan a merced de que los padres de familia tengan que tomar la draconiana decisión de comprar útiles escolares, uniformes, calzado, pagar transporte escolar o cuotas “voluntarias” en las escuelas, respecto a darles de comer a sus hijos.

En fin, esperemos que las circunstancias sean más favorables, que las autoridades educativas estén más enfocadas en el esfuerzo que en la narrativa, que haya inversiones inteligentes y que se resuelvan los problemas de la educación estatal en aras de que se garanticen mejor los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes en la entidad, quienes sí que merecen un ciclo escolar completo, en todos los aspectos: presencialidad, cobertura, infraestructura, equipamiento, servicios básicos, conectividad, plantillas de personal completas y con las condiciones suficientes para ejercer su vocación docente, blindaje de las comunidades escolares para que tengan acceso y retorno seguro desde los hogares hasta las escuelas, que exista transparencia y rendición de cuentas; para que dejen de suceder actos de autoridad autoevaluados y festinados solo por los propios empleados incondicionales, el sistema educativo michoacano debe dejar de estar cerrado a la observación y monitoreo ciudadanos.

¡Merecemos un gobierno educador!