En Redondo/Mario Ruiz Redondo

Saqueos: Mineras sólo pagan 1.2% de impuestos

Por supuesto que es escandaloso y ofensivo para la pobreza de la mayoría de los mexicanos y de aquellos que pagan impuestos sobre la renta entre 17.5 y 35 por ciento, que el Gobierno Federal aplique a partir del 1 de enero más cargas fiscales vía energéticos, mientras la industria minera nacional y transnacional únicamente paga a las arcas hacendarias el 1.2 por ciento del producto comercializado.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mantiene en el más absoluto hermetismo la relación impositiva con los Corporativos extranjeros y del país, que según la Auditoría Superior de la Federación, entre 2005 y 2010, solamente los primeros tuvieron ingresos por 552 mil millones de pesos y sólo ingresaron al gobierno seis mil millones de pesos.

Información oficial revela que durante los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, con la facultad que les otorga la Ley Minera de 1993, promulgada por Carlos Salinas de Gortari, concesionaron 56 millones de hectáreas a empresas mineras en todo el país, equivalentes al 26 por ciento de la superficie del territorio nacional, privilegiándolas no únicamente con exenciones fiscales, sino también leyes muy blandas en materia de seguridad laboral.

Los contubernios entre la clase gobernante y los empresarios foráneos y locales es tal, que de acuerdo un informe de 2015 de la Auditoría Superior de la Federación, entre 2008 y 2013, no obstante el ínfimo porcentaje de impuestos de esta actividad industrial, el gobierno de la república dejó de recaudar tres mil 277 millones de pesos, al acumular nada más el 0.6 por ciento del valor que alcanzó la producción minera.

En ese período que comprende cinco años de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y uno de Enrique Peña Nieto, el valor de todos los minerales y metales que las empresas extrajeron del subsuelo, fue 173 veces mayor que el que pagaron por concepto de impuestos.

Según el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados, la producción minera del país, sumó un billón 234 mil 37 millones de pesos, que permitió ventas por 205 mil 673 millones anuales, que contrastó con el pago de derechos por mil 183 millones de pesos por año, cuando debieron entregar a en total por el tiempo de referencia a la autoridad hacendaria, 10 mil 378 millones de pesos.

Por Ley, este sector privilegiado no está obligado a pagar ningún impuesto a  los gobiernos estatales y municipales donde operan y generan graves daños ecológicos y conflictos sociales con los ejidatarios a los que generalmente se han incumplido compromisos de obras de beneficio colectivo.

Un  informe de la ASF, que precisa la actividad real y por lo mismo evasora fiscal de la industria, atribuyendo esta situación a la Secretaría de Economía, que mantiene actualizada la información, sin que haya explicación alguna, no obstante que la minería en México está concentrada y dominada por pocas empresas nacionales y extranjeras que mantuvieron en 2016, una inversión total de 15 mil 140 millones de dólares (327 mil 932.4 millones de pesos a cotización actual).

Y como si beneficiarán realmente a la economía de las familias mexicanas, la actual Administración se jacta de que es superior en 193.5 por ciento a la registrada durante el sexenio del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. De ese total, 12 mil 258 millones de dólares (81 por ciento), proviene de inversionistas nacionales y 19 por ciento a extranjeros.

Germán Larrea, dueño de Grupo México, ha sido beneficiado ilimitadamente por todos los Presidentes en turno. Lidera la actividad de las mineras nacionales, al grado de ser el segundo hombre de negocios más ricos de México, después de Carlos Slim Helú. Es tal el poder de este personaje, que a pesar de estar prohibido por la ley, mantiene desde hace 22 años a la fecha, el monopolio de las concesiones relativas a la explotación de cobre.

Minera Frisco, propiedad del “hombre más rico del mundo, Carlos Slim, mantiene el dominio en minas de oro y plata, en tanto Grupo Peñoles, del empresario regiomontano Alberto Bailleres, es parte del trío de hombres de negocios que reciben un trato fiscal más que preferencial de la autoridad federal.

Tanto, que en un acto sin precedente y por supuesto fuera de lugar, el Senado de la República, por consigna del Poder Ejecutivo Federal, recibió la Medalla Belisario Domínguez 2015, sólo por el hecho de ser uno de los empresarios más ricos del país, sin que cumpliera con el perfil mantenido desde su creación hace 61 años, sobre todo en tiempos en que la pobreza y la desigualdad agobian a México.

Enriquecimiento de escándalo, acentuado todavía más a partir de la Ley Minera de Carlos Salinas de Gortari, en vigor a partir de 1993, que concedió de manera prioritaria a Larrea, Slim y Bailleres, todas las facilidades para la privatización del sector minero, eliminando totalmente el régimen de regalías, que se aplica a esta industria en todo el planeta, imponiendo exclusivamente el pago de 1.2 por ciento sobre el valor del producto exportado.

Para tener una idea de la magnitud del regalo oficializado a los tres magnates, a quienes se atribuyen vínculos estrechos en porcentajes de asociación con los ex Presidentes, que vincula a extranjeros, es importante precisar que la cantidad de oro extraído del subsuelo mexicano, del año 2000 al 2010, equivale a dos veces la explotación realizada durante los 300 años de la época virreinal de la dominación española, de acuerdo con la evaluación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En lo concerniente a la plata, en ese mismo lapso de tiempo, se obtuvo más de la mitad del total correspondiente a la larga época de conquista del imperio ibérico.

Aunque menor por la estrecha relación de la cúpula del poder político con los tres capitanes de las Mineras, la presencia extranjera hasta 2010, estaba representada por 281 empresas, como haría constar entonces la Secretaría de Economía, de las cuales el 75 por ciento mantenía sus oficinas centrales en Canadá; un 15 por ciento en Estados Unidos; tres por ciento en Australia; dos por ciento en Reino Unido y Japón y uno por ciento en la República Popular China, Perú, Holanda, India, Chile, Luxemburgo, Suiza y Corea del Sur.

Las compañías canadienses son las mayormente beneficiadas por la extracción de oro, seguidas por las británicas y estadounidenses. Fue en 2010, cuando la minera de Canadá, Goldcorp Inc., constituyó la mayor productora del metal aurífero en nuestro país, ocupando segundo lugar Frisco de Carlos Slim, así como Fresnillo PLC, Alamos Gold, Agnico Eagle, New Gold, Gammon Gold, Coeur d’Alene Mines, Capital Gold, Minefinders y Argonaut.

En 2011, la unidades de producción de mayor productividad de extracción de oro, entre las que destacó Peñasquito, en el estado de Zacatecas, lograron acumular 350 mil onzas, equivalentes a 10.8 toneladas, que obtendrían ganancias estratosféricas al alcanzar niveles históricos su precio.

En ese año ocurriría una situación nada buena para el Banco de México, que en mayo compraría 93 toneladas de oro en el mercado internacional, con un valor de cuatro mil millones de oro, cuando pudo haberse decretado la compra de la producción nacional a precios acorde a la supuesta obligada reciprocidad por los exagerados beneficios otorgados por décadas por el gobierno mexicano. Sin embargo, no ocurrió así, en perjuicio de la reserva nacional de divisa extranjera.

La presencia de las mineras extranjeras se ubican en 26 de las 32 entidades del país, encabezadas por Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Baja California, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Chiapas, Coahuila, Baja California Sur, Colima, estado de México, Puebla, Querétaro, Nuevo León, Hidalgo, Morelos, Tamaulipas, Veracruz y Aguascalientes. En 2011 se extendieron 463 nuevos títulos de concesión que acumularon una superficie de 1.06 millones de hectáreas.

El otorgamiento de las concesiones mineras a empresarios del país y extranjeros es un derecho exclusivo del Presidente de la República, para llevar a cabo la exploración, explotación y aprovechamiento de minerales como el oro y la plata, que abarcan un 65 por ciento, en tanto el cobre 10 por ciento; polimetálicos, 20 por ciento; hierro trs por ciento y otros dos por ciento, en una superficie de 247 mil 87 kilómetros cuadrados.

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, ha sido el Presidente de afiliación panista, el que más títulos de concesión minera ha concedido hasta ahora a compañías nacionales y extranjeras, acumulando de 2006 a 2010, un espacio territorial superior a los 30 millones de hectáreas.

Un detalle muy importante que habla de la prisa y poca transparencia por tales otorgamientos, es el reporte de la Auditoría Superior de la Federación, que encontró diversas anomalías –no específica-, en el proceso de concesión y verificación de los permisos.

Lo que si deja muy claro, es que mientras en algunos países latinoamericanos los derechos de minería se aplican en función de las ventas de los productos, en México se cobran por el número de hectáreas concesionadas a precios exageradamente bajos, que ni llegan a un dólar por hectárea, lo cual implica un notable beneficio económico para los empresarios.

Beneficios por demás cuantiosos, que no se reflejan ni en la economía nacional y menos en los trabajadores de esta industria, al llevar a cabo sus jornadas en condiciones inadecuadas de higiene y seguridad, además de muy bajos salarios.

No existe comparación favorable en materia de ingresos entre los mineros mexicanos y sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá, ya que las percepciones del sector laboral de ambos países son 16 veces más elevadas que en nuestro país. Un trabajador de México llega a ganar en una jornada de ocho horas hasta 20 dólares, en tanto canadienses y estadounidenses obtienen 40 dólares por una hora laborada.

La parte más negativa de este panorama de la industria minera, corresponde a las comunidades donde existen y explotan los yacimientos, pues no solamente incumplen con la construcción de caminos y viviendas a los ejidatarios de la Región, ex dueños de las tierras, sino que de manera constante contaminan sus ríos, el aire, los suelos y mantos acuíferos.

¿Cómo entender entonces el lenguaje gubernamental, cuando habla en la actualidad que las Reformas Estructurales están realizadas para mejorar la economía familiar, cuando ocurre todo lo contrario, al polarizar la riqueza en unos cuantos, con la pobreza insultante en la mayor parte de la geografía nacional donde se efectúa la explotación de la riqueza nacional del subsuelo?

¿No se puede hablar de ser justos y seguir afectando la economía popular y de una clase media en vías de extinción, en los momentos en que los grandes beneficios fiscales son para los que siempre han tenido el poder económico financiero en sus manos. Ni siquiera el impuesto sobre la renta al contribuyente mexicano cautivo, a una industria minera que supuestamente en 2015 aumentó a 7.5 por ciento, aunque se ignora si realmente se aplica, por la corrupción imperante en el ámbito gubernamental y privado?

Muchos cuestionamientos los de hoy, que siguen sin tener respuesta, mientras se insiste sin razón, que todo lo que hace la autoridad, es en beneficio del pueblo.

Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.

Premio al Mérito Periodístico 2015 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.