Política al margen

Por Jaime Arizmendi

*Elecciones 2025 a 2027, Poder Judicial y 16 Gobiernos

*“No me Recomiendes, por Favor”; Aspirantes

Argonmexico / Vamos por partes… Mientras en junio próximo se elegirá en México por primera vez a quienes integrarán el Poder Judicial; el mismo día se votará para renovar las presidencias municipales de los estados de Coahuila y Durango. En 2026 no hay elecciones programadas; será el 2027 cuando en la mitad de las entidades del país (16), se renueven los mandos estatales.

Así, para el primer domingo del 2027, además de las llamadas votaciones intermedias, cuando la ciudadanía podrá acudir a las urnas para designar a quienes ocuparán uno de los 500 escaños del Palacio Legislativo de San Lázaro, también se realizarán los comicios de renovación de los Congresos locales del país.

Pero, de forma particular, los ojos de México y de todo el mundo estarán puestos en esas elecciones con las cuales se designarán a las mujeres y hombres que asumirán el gobierno en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Excepto Chihuahua (Maru Campos) y Querétaro (Mauricio Kuri), gobernados por el Partido Acción Nacional; Nuevo León, con Samuel García de Movimiento Ciudadano; y San Luis Potosí, del Verde Ecologista (medio aliado de la 4T); los otros 12 son comandados por quienes han surgido bajo el emblema de Morena.

Respecto a los 128 ocupantes de un escaño en el Senado de la República, 13 ya gobernaron sus respectivas entidades, de manera que los 115 restantes (63 mujeres, porque Amalia García Medina de Movimiento Ciudadano gobernó Zacatecas), pueden buscar destacar en las filas de su partido, o en el que les dé espacio, para contender por la gubernatura de su estado.

Ante ese panorama, quienes aspiran a conseguir la nominación de su instituto político, no ven muy lejano al 2027, y ya se dicen firmes en esa dinámica carrera sucesional. En esa pugna ya alzan la mano senadores, diputados federales y funcionarios del gabinete presidencial, sobre todo.

En todo caso, si la decisión principal puede pender de los hilos y redes que hayan tendido hacia Palacio Nacional, el liderazgo de su propio partido no debe ser desdeñado, como tampoco la inclinación de sus coterráneos para con cada una o uno. No obstante, igual tienen que considerar el papel que hayan realizado quienes ahora ocupan el gobierno.

Y si empezamos por revisar este último aspecto, porque si bien, a la ciudadanía de cada entidad le corresponderá la forma de emitir los sufragios, nadie debe ignorar que en los estados se valora por un lado la labor y políticas públicas que se aplican desde la Federación, tampoco se puede echar en saco roto la forma de gobernar en el ámbito estatal.

Por ejemplo, en Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena) no ha podido resolver la problemática que en materia de seguridad se ha disparado desde su asunción al mando del estado. Y, aunque todavía tiene 15 meses para mejorar su estrategia en el espinoso tema, difícilmente tendrá la posibilidad de sugerir a quien la debe suceder.

Así las cosas, por ahora resulta inviable que ella tenga la posibilidad de recomendar como su candidata a la senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla. Menos se puede suponer que la nominación recaiga en el senador Armando Ayala Robles, cuyo anterior cargo como alcalde de Ensenada trae la carga de que el Congreso local reprobó sus cuentas del erario municipal.

La praxis política dicta: si Morena quiere mantener esa gubernatura, la candidatura debe ser para una persona distinta, poco o nada ligada a la mandataria bajacaliforniana, cuya imagen social por los jóvenes desaparecidos, los imparables índices de homicidios y el descontrol en sus propios mandos en la Fiscalía de Justicia estatal, que se han visto involucrados en temas de narcotráfico, nada abonan para su futuro político.

Peor aún, a la moderna “Doña Marina”, de BC, le sigue pesando la carga de haber extinguido prácticamente al morenismo en Baja California, tras haber perseguido judicialmente de forma irredenta a los fundadores del partido guinda en la entidad, al atender los designios de su esposo, un panista a quien designó, sin mayor empacho, “Primer Caballero de Baja California”.

Respecto a Baja California Sur, gobernado por el también morenista Víctor Manuel Castro Cosío, “Estado democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”; la realidad es que no hay claridad. Nada con los medios de comunicación, arguye.

Baja California Sur enfrenta problemas sociales como la inseguridad, la pobreza, la violencia de género, y la falta de servicios básicos. La inseguridad y el delito son los principales problemas en la entidad, con un alarmante índice en materia de Feminicidios. En Los Cabos, el narcomenudeo es el gran rubro que ha ido en aumento en un alarmante 200 por ciento.

Aunque Víctor Manuel Castro inició su mandato en 2021, los reportes indican que para el 2022 el 13.3 por ciento de la población de Baja California Sur vivía en situación de pobreza. Las colonias con mayores reportes de violencia de género en Los Cabos eran: Caribe, Gastélum, Tierra y Libertad, El Zacatal y La Ballena.

Para el 2024, los indicadores nacionales establecían que en BCS hay falta de viviendas, servicios básicos y educación, con graves problemas en materia de agua y energía eléctrica. Solamente los turistas, la gran mayoría extranjeros, cuentan con todos los servicios y recursos. Nada les falta, no así al ciudadano común, al trabajador, al campesino, al pescador…

A todo ello se le deben sumar los conflictos ambientales por la preservación del patrimonio natural frente a proyectos turísticos. Ahí, en Baja California Sur sobre todas las cosas prevalece la consigna de que “el que paga manda”.

No hay más. Los dólares tienen la capacidad de cerrar hoteles enteros, playas, caminos, calles y todo paso al ciudadano. Tan grave es el asunto que Senadores y diputados le ruegan al gobernador: mejor no hables de mí con nadie, por favor. ¡Con nadie!…

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