Miscelánea, salud y política/Judith Álamo López

Utilidad de los órganos autónomos

El totalitarismo será siempre una tentación, las decisiones se toman más rápido que en democracia: Albert jacquard

Mucho insiste el presidente Andrés Manuel en descalificar a los organismos autónomos con el argumento de que fueron creación de gobiernos neoliberales para favorecer intereses de grupos fácticos y no del pueblo.
En su conferencia Mañanera de este miércoles 28 de enero, calificó de antidemócratas a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral, quienes inhabilitaron a los candidatos de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, por no reportar gastos de precampaña. Los acusó de dar un golpe a la incipiente democracia mexicana.
Sobre el INE dijo que es un órgano del antiguo régimen y tronó en contra de su naturaleza: «los organismos autónomos atentan contra el pueblo y solo ven intereses de unos cuantos, ya que sólo fueron creados para desorganizar al Estado, surgieron como hongos».
La aversión al INE y a los órganos autónomos del jefe del Ejecutivo ha sido evidente a lo largo de su Administración. Contra el instituto ha dicho de diferentes formas que es «el aparato de organización de elecciones más caro del mundo, sin que ello sirva para garantizar elecciones libres en el país».
A mediados del pasado mes de enero, anunció que en febrero enviaría al poder Legislativo la iniciativa para desaparecer órganos autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y que sus funciones pasarían a las secretarías del Estado.
En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, detalló que hay alrededor de 200 organismos autónomos -incluídos los constitucionales, se refirió a todos los que tienen cierta autonomía de gestión- que significan un gasto de 500 mil millones de pesos para el presupuesto de la Federación, por lo que es necesario acabar con este dispendio.
Pero la creación de los órganos autónomos constitucionales, según diversos estudiosos del tema, ha respondido a la necesidad de subsanar la pérdida de la confianza ciudadana en las instituciones y en la acción gubernamental, fenómeno internacional que se visibilizó en todo el mundo hace más de 30 años.
En México, ante un creciente activismo social que demandaba participación en los procesos políticos y frente a un «sistema político vertical, cerrado y profundamente autoritario en su funcionamiento”, según varios estudiosos, la única alternativa para generar espacios de participación era crear órganos que no estuvieran dentro de la órbita del poder.
A esa lógica respondió la creación de los primeros órganos autónomos que contempla la Constitución, como “la vía tendiente a fiscalizar, transparentar y democratizar la vida política en un Estado de derecho”, sostiene el jurista Hiram Escudero Álvarez.
En el amplio estudio «Los órganos constitucionales autónomos en México: una visión integradora», José Fabián Ruíz, profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, asienta que éstos órganos jugarán un papel fundamental para frenar intereses partidistas y corporativistas e impulsar la democratización de los órganos de gobierno del Estado.
Por ello, a los consejeros de estos órganos e les exige una reconocida trayectoria profesional, formación especializada y probidad técnica, así como ser ciudadanos no vinculados de forma directa con los partidos políticos, con lo que se cerraría un círculo virtuoso que se debe traducir en una imagen de imparcialidad ante la opinión pública.
Aunque no están definidos en la Constitución, la Suprema Corte de Justicia, el 22 de mayo de 2006, resolvió la controversia constitucional 32/2005, y se refiere a ellos, así: los órganos constitucionales autónomos forman parte del Estado, situándose a la par de los órganos tradicionales.
Su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, “tienen personalidad jurídica, independencia presupuestaria y poseen también independencia orgánica, lo que implica autonomía de gestión».
Los críticos de estos órganos señalan que algunos gobiernos neoliberales en América Latina por convicción de sus gobiernos y/o por presiones internacionales, comenzaron a implementar reformas, que en el ámbito de la Administración Pública fueron llevadas a cabo por equipos de tecnócratas, quienes sólo rendían cuentas al presidente.
De forma que quedaban protegidos de intereses externos, contaban con financiamiento especial y se sujetaban a normas particulares, las que permitían mayor libertad respecto de las políticas salariales y mayor flexibilidad administrativa.
Para Pedro Salazar Ugarte, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, lo cierto es que la mayoría de estos órganos en México surgieron de forma coyuntural para gestionar tareas que antes realizaba el Poder Ejecutivo. Ello supuso una disminución en las facultades a cargo del presidente de la República.
Sin embargo, esto no significó mayor fortaleza para el Estado, debido a la falta de articulación institucional entre los órganos autónomos y los poderes de la Unión, así como cierto caos en su estructura jurídica y normatividad.
Quizá así podamos explicarnos por qué para el señor presidente de la Cuarta Transformación el poder que detenta no es suficiente y en su agenda hay espacio para enfrentar los asuntos ahora en manos de una decena de órganos constitucionales autónomos, conformados por especialistas, ajenos a criterios políticos, al menos en teoría.
Son muchos los riesgos de llevarse a cabo la desaparición de estos órganos, por ejemplo podríamos hacernos acreedores a sanciones comerciales por parte de Estados Unidos, al incumplir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), donde existen cláusulas que obligan a ambos países a contar con órganos autónomos garantes de la competitividad comercial y de la libre competencia.
Ya tenemos el caso de haber casi «desaparecido» a la Comisión Nacional de Derechos Humanos al haber impuesto como presidenta a Rosario Piedra Ibarra, desde el Ejecutivo y con el contubernio del Poder Legislativo, sin la experiencia profesional ni los votos requeridos.
La renuncia del presidente comisionado de la Comisión Reguladora Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, quien dejó su cargo el 15 de junio de 2020, luego de enfrentar fuertes tensiones con el presidente de la República y su equipo, que lo llegaron a señalar por supuestos actos de corrupción desde inicios de ese año.
Un mes después, el cambio del titular del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, quien renunció el pasado 22 de julio, luego de una serie de acusaciones de parte del presidente López Obrador, quien no descartó desaparecer esta institución.
Por lo pronto tenemos que celebrar que el INE haya actuado con el apoyo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificando la inhabilitación de los aspirantes morenistas a gobernadores, siendo -sin duda- un triunfo de la democracia.
Estemos atentos al devenir de los órganos autónomos del Estado mexicano. Lo ideal sería que logren sobrevivir y conserven su independencia al frente del poder Ejecutivo.
El reto es cómo hacerlos más eficientes y competentes para lograr datos verídicos y confiables sobre mediciones de la pobreza, información objetiva política y social, transparencia en el uso de los recursos públicos.
Así como Telecomunicaciones eficientes, garantizar la libre competencia y evitar los monopolios en beneficio del consumidor, defender y promover los derechos humanos y, sobre todo, lograr elecciones democráticas, con un árbitro autónomo sin presiones políticas ni ideológicas de por medio.
Son órganos autónomos constitucionales: el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Así como la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y la Fiscalía General de la República.
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