Miscelánea, salud y política

Confesiones y exhibiciones

Judith Álamo López
El poder no cambia a las personas, sólo
revela quiénes verdaderamente son: José
Mujica

Si la corrupción, la impunidad y la ineptitud son las causas de los principales
problemas de la administración gubernamental de la 4T, que han empoderado a la
delincuencia generando violencia, inseguridad y la multiplicación exponencial de
víctimas a manos de criminales ¿qué deberíamos hacer como sociedad para
revertir esa realidad?
Es momento de exigir que el gobierno cumpla con sus obligaciones y garantice la
paz y seguridad ciudadanas, el acceso a la justicia e investigue y sancione los
presuntos ilícitos de sus altos funcionarios. El libro de Julio Scherer Ibarra y Jorge
Fernández Menéndez "Ni Venganza ni perdón" expone cuando menos una decena
de casos que ameritan investigaciones por parte de las autoridades.
El propio autor podría resultar presunto implicado en casos de abuso de poder y
otros ilícitos por el solo hecho de conocer delitos en contra de la nación que,
inexplicablemente pese a ser alertado por su consciencia, en su momento decidió
callar; otros funcionarios de la Cuarta Trasformación incurrieron en desvío de
recursos, asociación delictuosa, abuso de autoridad, manipulación de datos,
etcétera.
Las interpretaciones sobre las razones que llevaron a Scherer Ibarra a publicar el
libro pueden ser diversas, él se asumió como un testigo de la historia en el relato
que le dictó al periodista Jorge Fernández Meléndez, pero resulta que fue un
testigo presencial de hechos punibles que involucran al mismísimo líder del
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
La presidente Claudia Sheinbaum, como jefa del Estado y gobierno mexicanos en
lugar de rehuir sus obligaciones diciendo que no leerá el libro, debería cumplir con
investigar las denuncias del exconsejero presidencial que, por su profesión,
seguramente cuenta con pruebas que avalan sus dichos.
La mandataria insiste en desviar la atención al pasado, cuando la corrupción fue
un lastre, sin duda, pero García Luna ya fue enjuiciado --por cierto, en Estados

Unidos porque en México no hay capacidad para castigar a los delincuentes--,
tampoco parece haber voluntad para acabar con esa hiedra.
Los casos del pasado deberían de dejar espacio en los afanes y voluntad
presidenciales para atacar el fenómeno actual y detener el descomunal desvío de
recursos públicos para enriquecer y enquistar a una nueva élite política que se
mantiene impune pese a haber dejado inoperables servicios básicos como el
sistema de salud pública, con insuficiencias en medicamentos e insumos, hasta en
la previsión de vacunas para mantener erradicadas enfermedades como el
sarampión.
La presidente Sheinbaum parece no darse cuenta de la oportunidad histórica que
desperdicia al no cumplir con su obligación constitucional de gobernar para todos,
insistir en que es parte de un movimiento parece ser garantía de impunidad para
los delincuentes que son sus correligionarios.
No basta con proclamar "cero impunidades" o asegurar que se redujeron los
números de homicidios a través de INEGI, si se ignoran los crímenes y masacres
que casi a diario enlutan hogares en diferentes territorios del país.
Se claudica de la facultad de gobernar al afirmar que no se leerá un libro que
contiene denuncias del exconsejero jurídico presidencial sobre el involucramiento
de altos funcionarios del gabinete de López Obrador, la mayoría actualmente en
funciones, quienes incurrieron en conductas que constituyen delitos.
Aristegui Noticias difundió hoy una grabación del contralmirante Fernando Rubén
Guerrero Alcántar quien luego de denunciar prácticas de huachicol fiscal a los
titulares de Marina del gobierno de López Obrador y del actual, fue asesinado.
La grabación deja escuchar al exsecretario Rafael Ojeda Durán, decir que podrían
optar por destaparlo todo, porque él no estaba involucrado, o cambiar de lugar a
toda la "bola de cabrones". La decisión que tomó le costó la vida a Guerrero
Alcantar, en la Secretaría de Marina no se registró la denuncia, tampoco el
gobierno actual sigue ninguna indagatoria institucional.
Y en contrapartida, nada parece detener la voluntad gubernamental de destruir el
Estado democrático y sus instituciones; la presidente encabeza la ruta hacia la
consolidación de un estado totalitario, sin autonomía electoral ni transparencia
gubernamental y se consume la reforma judicial que anuló la impartición de justicia
imparcial, pronta y expedita.
La mandataria evita dar golpes de mando a sus correligionarios, como fue el caso
del relevo de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos de la
SEP, lo que permitió que el inefable personaje de tercer nivel "se atrincherara" en

su oficina para defender "la nueva escuela mexicana", de la cual se proclamó el
autor.
Duró 100 horas la pataleta del funcionario, a muchos causó entre pena y risa, pero
también enojo, porque Arriaga exhibió un tipo de personalidad histriónica –infantil
y necesitada de atención--. Inexplicable que alguien así fuera el elegido por la
pareja presidencial López Obrador-Gutiérrez Muller para reformar los Libros de
Texto Gratuitos (LTG) e incluir el adoctrinamiento marxista-cuatroteísta en la
educación de la niñez y la adolescencia mexicana.
Finalmente, cuando llevaba más de 72 horas de exhibición, la presidente se
atrevió a criticar "a quienes se suben a un ladrillo y se marean" y declaró que "los
materiales educativos y la política educativa son parte de un proyecto colectivo, no
patrimonio de una persona".
48 horas antes, la mandataria había sido muy suave en sus expresiones hacia
Arriaga, y explicó que su salida (despido) se debió a que él se negó a incorporara
a más mujeres en la historia en los LTG, y aunque dijo valorar su trabajo,
consideró que "todo tiene que seguir avanzando", y reveló que para que aceptara
le ofrecieron hasta una embajada --la de Costa Rica--.
Esta revelación confirma que la diplomacia mexicana también vive uno de sus
peores momentos al ser considerada por el gobierno de la 4T como recurso para
enviar al exilio a funcionarios incómodos o como premio de consolación para
políticos prescindibles. Y no es que no ocurriera en el pasado, sólo que ahora se
ha vuelto norma.
Lo ocurrido con Arriaga prueba que no todos los morenistas acatan la autoridad de
la presidente Claudia Sheinbaum; la comunicación interna y externa
gubernamental fallan. Hay inconsistencias entre lo que dijo Sheinbaum y lo que
declaró Arriaga sobre las causas de la remoción, lo que dejó entrever es que se le
ordenaron modificaciones en el contenido de los LTG, y que el exfuncionario se
negó a hacerlas para mantener incólume la reforma obradorista.
Es tiempo de que los ciudadanos exijamos al gobierno que nos dé a conocer las
reformas que se pretenden hacer a los libros de texto gratuitos y aprovechemos
para revisar nuevamente las propuestas de la llamada Nueva escuela mexicana.
No se trata de una ocurrencia, desde que se publicaron los contenidos de la
reforma educativa consumada por el equipo magisterial de Marx Arriaga, quedó en
entredicho la calidad de la formación básica de niños y jóvenes mexicanos, luego
de ver la actuación de quien se proclama el autor, más vale que se revisen y se
cumplan los estándares mundiales de calidad educativa.

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