México: soberanía o tutela

MORELIA, Mich., 8 de marzo de 2026.- El anuncio del llamado Escudo de las Américas por parte de Donald Trump reabre un debate tan antiguo como incómodo: el de la permanente tentación injerencista de Estados Unidos sobre América Latina. Bajo el argumento de combatir al crimen organizado y frenar los flujos de drogas, Washington vuelve a colocarse en la posición de tutor del continente, como si la seguridad regional fuera un asunto que pudiera decidirse unilateralmente desde la Casa Blanca.

No es nuevo. Cambian los nombres de las estrategias —Plan Colombia, Iniciativa Mérida, ahora Escudo de las Américas—, pero la lógica de fondo es la misma: Estados Unidos se arroga el derecho de intervenir política, militar o estratégicamente en países que considera incapaces de resolver sus propios problemas. Esa postura es inadmisible desde cualquier perspectiva soberana. Ninguna nación puede aceptar que otra diseñe su política de seguridad desde fuera.

Pero reconocer ese principio no significa cerrar los ojos ante la realidad mexicana.

Porque la verdad incómoda es que el crimen organizado en México está fuera de control. No se trata de una exageración retórica ni de un argumento útil para discursos electorales en Washington. Se trata de un hecho visible en regiones enteras donde el Estado ha perdido presencia efectiva, donde los cárteles imponen reglas políticas, económicas, sociales y hasta electorales.

En ese vacío de autoridad es donde florecen los discursos intervencionistas.

Si México mostrara una estrategia sólida, coherente y eficaz contra el crimen, cualquier intento de tutelaje extranjero sería fácilmente desmontable. Pero cuando la violencia persiste, los cárteles se fortalecen y el Estado parece renunciar a confrontarlos sin miramientos, la narrativa de la incapacidad mexicana encuentra terreno fértil en la mirada avasalladora de Washington.

A ello se suma una sospecha que durante años ha recorrido el debate público: la posibilidad de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya pactado con organizaciones criminales.

No existe —hasta ahora— una prueba judicial definitiva que lo acredite. Pero sí existe una acumulación de indicios políticos, decisiones estratégicas y omisiones que alimentan la duda. La política de abrazos, no balazos, la liberación de Ovidio Guzmán en el primer Culiacanazo, los reiterados gestos de deferencia hacia comunidades dominadas por el narcotráfico, y la negativa sistemática a enfrentar militarmente a los cárteles construyeron un mensaje ambiguo.

Y en política, esas señales suelen interpretarse como permisos.

Por eso el debate ya no gira únicamente en torno a la eficacia de una estrategia de seguridad, sino a la posible existencia de un pacto tácito de tolerancia entre poder político y criminalidad organizada. Un pacto que, de existir, explicaría por qué el crimen no disminuyó, sino que consolidó territorios.

En ese contexto llega ahora Claudia Sheinbaum a la Presidencia.

Su margen de maniobra es complejo. No puede romper abruptamente con López Obrador sin fracturar al movimiento político que la llevó al poder, se entiende. La legitimidad de su gobierno, en buena medida, proviene del liderazgo político del expresidente.

Pero gobernar también implica marcar diferencias.

Y el momento actual podría convertirse en una oportunidad. La presión internacional, el debate abierto por el Escudo de las Américas, y la creciente preocupación interna por la violencia ofrecen a Sheinbaum una coyuntura histórica: impulsar una verdadera asepsia del poder.

No se trata de traicionar un proyecto político, sino de sanearlo.

La Presidenta podría fortalecer instituciones, transparentar investigaciones, desmontar cualquier sombra de complicidad entre política y crimen, y reconstruir la autoridad del Estado en territorios capturados por los cárteles. Si lo hace, México no sólo ganará en seguridad: también recuperará autoridad moral frente a cualquier intento de intervención extranjera.

Pero además hay un paso indispensable: convocar a la unidad nacional.

Ante amenazas externas y frente al desafío interno del crimen organizado, México necesita algo más que decisiones gubernamentales. Requiere una gran alianza social, donde participen partidos, empresarios, universidades, iglesias, organizaciones civiles y medios de comunicación. La defensa de la soberanía y la recuperación del Estado no pueden ser una tarea de un solo gobierno ni de una sola fuerza política.

Debe ser un esfuerzo de país.

Porque la soberanía no se defiende únicamente con discursos.

Se defiende con instituciones limpias, Estado fuerte, unidad nacional y un poder político libre de sospechas.

Si México logra eso, ningún escudo diseñado en Washington tendrá legitimidad sobre nuestro territorio. Y cualquier intento de tutela quedará exactamente donde debe estar: en el terreno de la arrogancia imperial…