Martes político/Ben Monterroso

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Los ataques sistemáticos contra la comunidad migrante por parte de la Administración Central se han vuelto a manifestar en la agenda pública estas últimas semanas. La cuestión radica en los recientes choques entre los diferentes niveles de gobierno, acerca del posicionamiento de cada uno sobre la flexibilidad con la que cuentan algunas ciudades del país con los migrantes, las cuales se han conceptualizado como “Ciudades Santuario”.

El término de “Ciudades Santuario” se utiliza hoy día para nombrar a las ciudades en Estados Unidos que ponen en práctica políticas para limitar su colaboración con las autoridades federales de inmigración. Al no ser un término legal, la forma de implementarlo puede variar, pero las políticas pueden establecerse en la legislación o pueden simplemente ser prácticas de la policía local. La práctica esencial y generalizada implica que cuando un residente de alguna de estas ciudades entra en contacto con la policía, no se le pregunta por su estatus migratorio.

De acuerdo al Centro de Estudios sobre Inmigración, son 6 los estados que cuentan con ciudades santuario: California, Colorado, Illinois, Nuevo México, Óregon y Vermont. De estos 6 estados se cuentan 67 ciudades santuario, teniendo como máximo referente las ciudades de Miami, Los Ángeles, Seattle, San Diego, Austin, Boston, Houston, Chicago, San Francisco y Denver. Por último, son 132 los condados que componen a las 67 ciudades santuario.

La Administración Trump ha estado en contra de las Ciudades Santuario desde el inicio de su campaña al considerarlas un semillero de inmigrantes y de criminales violentos. En su afán de retirar las normativas a las Ciudades Santuario, Trump promulgó una orden ejecutiva en enero de 2017 condicionando la distribución de recursos a estas ciudades. No tuvo éxito en su orden debido a demandas presentadas por parte de San Francisco, Carolina del Norte y un juez de Chicago que bloqueó esta orden.

El 20 de marzo Trump anunció que el Departamento de Justicia demandó al estado de California por tres leyes que de acuerdo a su visión, obstaculizan la aplicación de la ley federal de inmigración e impiden la consulta de información entre las  autoridades federales y estatales. De esta forma, se intenta disfrazar el embate a la comunidad migrante como un tema seguridad pública y mantener a los criminales fuera de la región.

El pasado jueves 19 de abril, el presidente Donald Trump agradeció al condado de San Diego por la decisión de unirse a la demanda del Departamento de Justicia contra las políticas de inmigración del estado de California. El reclamo es contra la Ley de Valores de California, o SB54, una iniciativa de ley que establece límites a la cantidad de policía local que puede ayudar a las autoridades federales de inmigración, la cual entró en vigor el 1 de enero.

La cuestión en disputa al nivel local dentro del estado de California se ha vuelto en dejar entrar o no al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).

El argumento base para estos reclamos contra la ley SB54 radica en que es el gobierno federal y no el estado el que puede tomar decisiones en temas migratorios. Son ya 10 las localidades que se han unido a la demanda en contra de la SB54;  Huntington Beach, Mission Viejo, Aliso Viejo, Fountain Valley, Newport Beach, Orange, San Juan Capistrano, Westminster, Yorba Linda (en el condado de Orange) y Escondido (en San Diego).

Las actuales manifestaciones de los grupos que rechazan a la comunidad migrante y promueven el retiro de la ley SB54, son una muestra más de cómo el discurso xenófobo de Trump ha encontrado soporte en un sector de la población.  Queda claro que la solución para esta administración es la segmentación de la población y promover el odio hacia la comunidad migrante. Lo preocupante es que la formulación de una reforma migratoria no se ve por ningún lado, lo cual deja la puerta abierta a más ataques en un futuro próximo.

Si se está formando una estructura política y social que está en contra de la comunidad migrante, una parte constitutiva de nuestra comunidad latina, es necesario establecer un proceso de organización colectiva que frene los ataques y ponga un alto. El arma que tenemos es nuestro voto y es por eso que tenemos que salir juntos a recuperar el Congreso en las próximas elecciones intermedias.

Es necesario tocar este tema tan sensible para nuestra comunidad latina pues nos afecta directamente, a la vez que se vuelve un factor clave para la reflexión colectiva sobre nuestro voto en las próximas elecciones intermedias para elegir a los nuevos Representantes y Senadores.