La sentencia de El Mayo Zambada

Gran noticia la condena de Ismael El Mayo Zambada, y un paso importante en la lucha contra la impunidad. La mejor respuesta frente al crimen es la justicia; camino sinuoso, lento e incierto, pero insustituible; en esta batalla ingrata no hay coartadas. Que dos de los principales líderes del narcotráfico hayan sido sentenciados y privados de la libertad de por vida constituye un logro enorme al que se suma la suerte de Nemesio Oseguera El Mencho, abatido en febrero pasado durante un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El problema, no menor, es que la justicia que condena se emite en un tribunal federal de Estados Unidos, no de México. Muestra la incapacidad del Estado mexicano para llevar a la justicia a los criminales que tanto dolor y muerte han provocado dentro y fuera del país en su negocio de narcóticos. Los cárteles son poderosas organizaciones criminales globales que rebasan la capacidad de acción de una sola nación. 

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Desde esa perspectiva, las autoridades estadounidenses consideran a México el principal proveedor de drogas a EU y al mundo, como constatan los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El problema se ha agravado por el crecimiento del consumo, la evolución del mercado de estupefacientes y la irrupción de opioides sintéticos de alta potencia, como el fentanilo, y la persistencia de drogas muy perniciosas como la metanfetamina, el cristal.

La respuesta punitiva, por sí sola, no basta para resolver el problema, pero es indispensable para contenerlo. Los países que no actúan o lo hacen con vacilación, como en México, permiten que la violencia escale hasta el punto de que las organizaciones criminales disputen, e incluso arrebaten al Estado el monopolio de la violencia.

Un sistema de seguridad confiable, un Poder Judicial eficaz y un sistema penitenciario funcional son esenciales para enfrentar este desafío. No ha sido así. Hoy el país paga las consecuencias de una impunidad prácticamente estructural, apenas contenida por operativos recientes, como el que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera. Sin embargo, acciones de esa naturaleza son insuficientes para resolver de fondo el problema.

La impunidad se manifiesta cada vez con mayor claridad. Fenómeno no nuevo, pero sus expresiones son hoy más visibles, sobre todo cuando el sistema de justicia atiende con mayor diligencia las prioridades del régimen político que la aplicación imparcial de la ley. Desde esa perspectiva, constituye una derrota para México que los procesos penales contra los principales jefes del narcotráfico y otros personajes vinculados con esas organizaciones —Joaquín Guzmán Loera, algunos de sus hijos, Genaro García Luna e Ismael Zambada— hayan tenido lugar en Estados Unidos.

Delinquieron en México y dejaron un legado de violencia, crueldad y barbarie. El país registra desde hace dos décadas cifras de  muertes propias de una guerra civil, mientras el crimen organizado ha diversificado sus actividades hacia delitos como el contrabando de combustibles y la extorsión.

Existen razones para sostener que el Estado mexicano ha sido derrotado porque desde el poder no se comprendió la magnitud de la amenaza ni se asumió que no podía coexistir con el crimen organizado. En su lugar, se privilegiaron objetivos políticos hasta el punto de que, en varias regiones del país, autoridad y organizaciones criminales terminaron por confundirse. Esa es la historia que hoy simbolizan El Mayo Zambada y el gobernador Rubén Rocha Moya: un ejemplo de cómo la prioridad política terminó por imponerse al deber fundamental de hacer cumplir la ley. 

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El gobierno mexicano se ha equivocado de principio a fin, particularmente durante los últimos años. Al crimen organizado debe combatírsele con toda la fuerza del Estado, con determinación e intransigencia, pero siempre dentro del marco de la ley. No se trata únicamente de realizar operativos; se trata de impartir justicia.

También debe preocupar el destino de las decenas de miles de presuntos criminales detenidos en un sistema penitenciario durante años en el abandono. Desde una lógica práctica, aunque no jurídica, el secretario Omar García Harfuch ha señalado que resulta preferible trasladar a peligrosos criminales a Estados Unidos que mantenerlos en cárceles mexicanas. Esa afirmación constituye, en sí misma, el reconocimiento de una profunda derrota institucional. El Estado carece de capacidad para llevar a los criminales ante la justicia —las tasas de impunidad son escandalosas—, y para garantizar que quienes han sido sentenciados cumplan efectivamente sus condenas.