La pirámide educativa michoacana/Eric Avilés Martínez

Recientemente, ante el incremento masivo de aspirantes a ingresar a educación superior, entre quienes no lo lograron y sus familiares ha cundido la frustración por no poder ejercer su derecho a aprender. Lo anterior no es un resultado nuevo, sino que es una consecuencia de la manipulación de un sistema, lo cual ha sido largamente trabajado para que así opere.

La educación michoacana, desde su origen y hasta la fecha es una pirámide, en la cual muy pocos pueden alcanzar los niveles superiores. Desde la óptica de las víctimas, en absoluto es una cuestión de ausencia de capacidad ni de talento, sino de la falta de condiciones para recorrer trayectorias educativas completas, por falta de inversión, de mejora continua de procesos y de cuidado de cada uno de los aspirantes, circunstancias que debieron ser provistas por las autoridades responsables, desde hace décadas a la fecha con los resultados consabidos.

Todo comienza desde el primer escalón, la educación Inicial, donde los primeros mil días de vida son aún soslayados por la gran mayoría de los padres de familia, quienes, derivado de la falta de información institucional provista para tales efectos ignoran la inmensa importancia de comenzar a aprender desde los primeros años, que son precisamente cuando más desarrolla sus capacidades el ser humano. Por esa razón, aunada a la falta de inversión para ampliar cobertura educativa, apenas una muy escasa minoría de niñas y niños pueden ejercer su derecho a aprender desde esta edad.

El segundo escalón es la educación prescolar, la cual contiene elementos adicionales que infunden inequidades al sistema, porque no se ha alcanzado siquiera el cien por ciento de cobertura educativa en el sistema, particularmente en regiones apartadas, rurales o indígenas. Aunado a lo anterior, a la fecha prevalecen también visos de desinformación respecto a la importancia de que los menores de 3 a 5 años acudan a clases.

El tercer escalón es la educación primaria, que es a donde se destina la mayor cantidad de inversión y personal. Si bien, se cuenta con cobertura prácticamente universal, hay enormes desigualdades en cuanto a la provisión de recursos por parte de las autoridades educativas, existiendo planteles públicos que cuentan con más servicios y personal que muchas escuelas privadas, contrastando ampliamente con escuelas sumidas en el más cruento abandono, construidas con materiales de desecho y sin servicios públicos, estando prácticamente los estudiantes y sus maestros a merced de las inclemencias del tiempo. Por lo anterior, a pesar de la alta cobertura, los indicadores de abandono escolar golpean más fuertemente a las niñas y niños michoacanos de este nivel educativo que en el resto del país.

Más aún, es hasta este nivel cuando se comienza a detectar talento y aptitudes sobresalientes entre los estudiantes, cuando existen profesores de educación especial que pueden revisar los casos particulares, así como también, por su aprovechamiento escolar. Por la falta de continuidad, de apoyos y de seguimiento, esfuerzos como la Olimpiada del Conocimiento diluyen su sentido, por ser notables las insuficiencias en cuanto a detección, atención, seguimiento y estímulo, el talento se dilapida constantemente. Los estudiantes que podrían contribuir en mayor medida a resolver los retos económicos, ambientales, sociales, políticos y gubernamentales de Michoacán no reciben tampoco la mejor atención desde este punto.

El cuarto escalón es la educación secundaria, en el cual se quedan la mayoría de los michoacanos, al ser justamente el promedio de escolaridad en la entidad de 8.7 años. También, es aquí donde nuestra entidad también se ubica en el último lugar en abandono escolar, al ser incapaz el sistema educativo estatal de proveer condiciones para retener a los jóvenes ejerciendo su derecho a aprender.

El quinto escalón es la educación media-superior. Junio es periodo de exámenes de ingreso para educación media superior y superior en la entidad, uno de los procesos más normalizados para tener oportunidad de movilidad social a través de cursar trayectorias completas en el sistema educativo estatal.  En la práctica se ha convertido en una barrera para el aprendizaje más, que deja a miles de jóvenes fuera de la posibilidad de ejercer sus derechos constitucionales.

La cara oculta de la oposición para ganarse un pupitre, romantizada como búsqueda de la excelencia, a partir de elegir a los mejores, estriba en las muy escasas garantías que provee el gobierno a los derechos educativos de la juventud que no obtiene los resultados exigidos, no por falta de voluntad, sino de condiciones para alcanzarlos. Alimentación, vestido, calzado, espacio físico para estudiar, una situación socioemocional favorable y conocimientos previos son requeridos para seguir adelante en el intrincado sendero del sistema educativo estatal.

Michoacán es último lugar nacional en cobertura educativa en educación media-superior, con apenas 58.5 por ciento, incluyendo modalidades no escolarizadas. Es un lugar ganado a pulso, por méritos propios, construido con corrupción, omisión y desinterés de los adultos que han tenido bajo su responsabilidad la conducción de la educación media-superior y superior, vista como un peldaño más en las carreras políticas de centenas de malos funcionarios.

También, ha contribuido inmensamente el uso faccioso que le han dado a la plantilla laboral de los subsistemas en educación media superior y superior, durante décadas, la cual han usado para fines político-electorales, contratando personal sin perfil, ni vocación, cuyas actividades son desviadas hacia el proselitismo. Se han generado frentes, organizaciones, coordinadoras, consejos y toda clase de grupúsculos para apoyar deliberadamente a ciertos partidos políticos y candidatos en particular, resultando desastroso el efecto en la vivencia de derechos del estudiantado de los planteles que tienen la desgracia de estar bajo el dominio de operadores políticos.

Es decir, apenas hay sillas en las aulas para uno de cada dos jóvenes en edad de estudiar bachillerato en Michoacán.

El sexto escalón es la educación superior, donde apenas se cuenta con cobertura para el 22.3 por ciento de los jóvenes en edad de acudir a ejercer su derecho; la cual sube al 29 por ciento para educación no escolarizada. Es decir, si los jóvenes acudieran a reclamar su silla a las universidades michoacanas, incluyendo las privadas, apenas encontrarían sillas suficientes para uno de cada cinco. De ese tamaño es la crisis.

Se entienden entonces las razones por las cuales los movimientos de aspirantes, rechazados y consejos estudiantiles suelen tener éxito en sus intentos de ampliar la matrícula en sus respectivas escuelas y facultades, ya que comprenden a la perfección el esquema piramidal sobre el cual descansa la educación superior en la entidad.

Desearles éxito a todos los participantes en los procesos de admisión es, por decir lo menos, una ingenua falacia, porque entre sí van a eliminarse. Los recientes récords en cuanto al número de aspirantes que buscan hacer valer su derecho a aprender, al no tener asegurado su lugar en las instituciones de educación superior no deberían de enorgullecernos, sino de preocuparnos y ponernos a trabajar al respecto. Que haya tantos interesados en cursar educación superior, quienes juntamente con sus familias depositan sus esperanzas de movilidad social y éxito en el sistema educativo estatal es un fenómeno social que debe infundir responsabilidad y urgencia a los funcionarios.

Paradójicamente, ante la situación de sempiterno rezago sistémico en Michoacán, los estudiantes deben ganarse sus lugares en las universidades, cuando lo que sobran son lugares para futuros profesionistas en un estado con subdesarrollo, desigualdades y atavismos tan marcados: Nos faltan médicos, ingenieros, psicólogos, investigadores y científicos, por millares. ¿Entonces, por qué habríamos de celebrar se les rechace a nuestros jóvenes de las escuelas o a festejar los incrementos históricos de solicitudes, que solamente elevan precisamente el porcentaje de negación del servicio?

En un estado donde la escolaridad promedio ni siquiera concluye la secundaria es absurdo que la absorción crezca tan lentamente. Los exámenes de admisión son parte de un filtro para evitar que todos ejerzan su derecho a aprender. Las autoridades deben destinar mucha más inversión pública para ofrecer mayor cobertura educativa, mejorar los procesos y hacer rendir mejor los recursos para que esta catástrofe social se mitigue hasta su disolución, ya que es profundamente injusto que estudiantes menores de edad se disputen unos a otros el acceso a la educación.

Si extrapolásemos la situación al derecho a la salud resultaría indignante e inaceptable imaginar a jóvenes enfermos concursar o competir entre sí para poder contar con medicamentos que les permitiesen hacer valer sus garantías individuales, ¿por qué en educación sí se normaliza esta práctica?

 Y hasta se ha monetizado la práctica. Hay quienes incluso felicitan a algunos de sus egresados por ocupar los primeros lugares en los procesos de oposición, cuando se olvidan de hacer algo más de esfuerzo, incluso sacrificando su modelo de negocio para que todos sus egresados estuvieran juntos y a tiempo estudiando en el nivel educativo inmediato superior. Hay quienes ofertan cursos de admisión que lucran abiertamente con la tasa de rechazo en educación superior, pero hay muy pocas acciones institucionales para revertir la situación.

El séptimo escalón de la educación estatal lo constituye el posgrado. La joya de la corona la constituyen los posgraduados. Apenas unos pocos logran seguir adelante en su especialización. Incluso, entre la especialidad, la maestría y el doctorado puede haber cinco años o más de esfuerzo académico de distancia. Las expectativas salariales son barreras también muy sólidas al respecto, cuando están correlacionadas al nivel de escolaridad. En posgrado suele haber un salto de por lo menos un 30 por ciento respecto a quienes no lo estudian. Un puñado de estudiantes que apenas rebasa el millar en la entidad son quienes tienen posibilidades de beneficiarse de este ascensor social.

Una exigencia con prioridad máxima para el gobierno es que se incremente la cobertura educativa para achatar la pirámide en que se ha convertido la educación estatal, partiendo de educación inicial hasta llegar a la educación superior, en la cual solo están inscritos 10 de cada 100 estudiantes en Michoacán en estos momentos. Pero, como nos hemos dado cuenta, es una pirámide de siete escalones que pareciera perversamente construida para evitar que la inmensa mayoría de las niñas y niños lleguen hasta arriba.

¡Merecemos un gobierno educador!

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.