La democracia en México, parte 2

La democracia no se agota en el plano electoral; más aún, afirmar que la elección por voto popular de juzgadores hace de México el país más democrático del mundo es falso, porque se requiere de legalidad y de un sistema que la garantice.

Los supuestos de funcionalidad de la justicia y de los órganos de control constitucional son la imparcialidad, el profesionalismo y la independencia de los factores de poder, sea el dinero, la opinión pública, la política o el gobierno.

Por tal consideración los países democráticos no eligen jueces por voto popular. En México el régimen resolvió acabar con el sistema judicial bajo el señalamiento de corrupción, elevado gasto y nepotismo, argumentos que se descalifican a sí mismos si se advierte que sucede prácticamente en todo el sector público. Además, las insuficiencias de una institución se superan o resuelven corrigiéndolas, no destruyéndola. La argumentación de Bright Line Watch sobre el poder judicial presenta tres realidades: primera, la de los países con democracia fuertes: “Los jueces son designados mediante procedimientos pluralistas y basados en el mérito; el poder judicial es independiente; los tribunales revisan y anulan periódicamente los actos ejecutivos”.

Segunda, los de democracia iliberal: “Los jueces son designados mediante procedimientos mixtos con influencia ejecutiva; el poder judicial es parcialmente independiente; los tribunales rara vez revisan o anulan los actos ejecutivos” y, tercera, los de países no democráticos: “Los jueces son designados a partir de listas de los partidos gobernantes; el poder judicial no es independiente; los tribunales no revisan ni anulan los actos ejecutivos”.

El resto de los 35 principios democráticos utilizados por Bright Line Watch que ofrecen criterios sobre la vigencia del régimen democrático: El poder judicial puede limitar eficazmente al poder ejecutivo. Los poderes electos respetan la independencia judicial. La participación de los votantes en las elecciones es generalmente alta. La información sobre las fuentes de financiación de las campañas está disponible para el público. Las políticas públicas no se determinan por las grandes contribuciones a las campañas. Los ciudadanos pueden hacer oír su opinión en un debate abierto sobre las políticas que se están considerando. Los límites geográficos de los distritos electorales no benefician sistemáticamente a ningún partido político en particular.

Incluso cuando hay desacuerdos sobre ideología o política, los líderes políticos generalmente comparten una comprensión común de los hechos relevantes. Los funcionarios electos buscan un compromiso con los oponentes políticos. Los ciudadanos tienen acceso a información sobre los candidatos que es relevante para su forma de gobernar.

El gobierno protege el derecho de las personas a participar en protestas pacíficas. Las investigaciones policiales de funcionarios públicos o sus asociados están libres de influencias o interferencias políticas. Las estadísticas y los datos gubernamentales son producidos por expertos que no están influenciados por consideraciones políticas. La ley se aplica por igual a todas las personas. Los políticos en el cargo que pierden las elecciones admiten públicamente su derrota.

Las universidades, las empresas y las organizaciones profesionales operan sin presión gubernamental. El liderazgo militar permanece políticamente neutral y no favorece ni apoya a ningún partido político o candidato. Los funcionarios no utilizan a las fuerzas armadas para promover agendas políticas ni intimidar a los oponentes políticos. Las fuerzas del orden se mantienen políticamente neutrales y no favorecen ni apoyan a ningún partido político o candidato.

Los funcionarios no utilizan la aplicación de la ley para promover agendas políticas o intimidar a los oponentes políticos.