Justicia/José Jiménez Magaña

En las campañas de difusión para la elección del poder judicial, a los que se presentaban como candidatos, mostrándose como abogados con estudios de especialización, algunos en ejercicio y unos más con experiencia laboral, y con los que tuvimos la oportunidad de hablar, les preguntamos: ¿qué proponen? 

Se precisó que los candidatos tenían permitidas las actividades de asistir a foros, entrevistas y debates, realizar recorridos, informar de su experiencia profesional, de cómo identificarle en la boleta, difundir en impresos en papel y en redes sociales, no contratar a empresas o personas para difundir encuestas, no relacionarse directamente con un partido político, ya que se señala expresamente que los partidos políticos no participan. Estos factores influyeron directamente y por supuesto deben revisarse.

Propuestas:

Acabar con la corrupción, protección a quien más lo necesita, justicia sin discriminación, sin privilegios, defensa de la Constitución, construir cultura jurídica para ejercer derechos, en el nivel de la Corte llevarla a la Ciudad y a los estados, acceso a la población con discapacidad y vulnerables en la orientación de justicia humanista, modernización, así como el traducir la ley a lenguas de pueblos originarios, de respeto a los derechos humanos y aplicación de la ley por encima de privilegios.   

En una amplitud social se señala en el ir por justicia en los ámbitos laborales, familiar, de perspectiva de género, con conciencia social, acceso a la justicia sin formalismos o requisitos innecesarios.   

Y una propuesta que es importante: “Cárcel para jueces corruptos y sanciones severas a los que retarden o resuelvan injustamente los casos.”

Con todas las perfecciones que se deban hacer y los procedimientos a mejorar, este primero de junio de 2025 ya se empezó a caminar para la reforma de uno de los poderes del estado, un poder de contrapeso que en su diseño de origen da razonamiento a la justicia y la ley. Se cierra un ciclo de un sistema de interpretar y aplicar la ley, a veces con todas sus injusticias.

El día después del 1 de junio de 2025, inicia una nueva etapa en la que se reclama paz, garantías de respeto y hacer efectivos los derechos sociales, constitucionales y humanos. Un nuevo poder judicial en México.

Se abre la posibilidad de que la justicia no sea para castigar al pobre de recursos y que la evada el que tenga a su mano dinero para comprar voluntades. Se inicia una etapa en que se haga efectivo de ser iguales ante la ley.

Se abre una etapa en que la ley sea freno al poderoso que se apropia de lo que quiere, al abuso, al despojo, a la corrupción y quien es omiso en el cumplimiento de su deber.

Si tenemos justicia, tendremos también paz y tendremos futuro. A los cuestionamientos, al momento en que nos encontramos, un efecto que debe darse es de un cambio.

En el debate se reflejan las posiciones unos dicen estado de derecho, aunque sea injusto, otros dicen justicia. La demanda es justicia, la elección debe dar resultados más allá del proceso de la elección judicial.   

Si, se de ir al análisis cualitativo y cuantitativo, evitando lo escandaloso. Se requiere de un cambio, sí, recordando también que este es un paso, falta mucho a hacer en toda la cadena de aplicación de justicia.    

Se debe tener presente también y ver el carácter de la justicia en el ambiente político. Aun cuando no participaron los partidos políticos, debe también considerarse seriamente la participación de los partidos políticos, de quién voto, quién se opuso en esta elección, a quien se votó, cómo se votó, los resultados del voto.  

Los jodidos son más y los ricos son menos, en la justicia debe haber tribunales que defiendan a los desprotegidos, en cualquiera de los aspectos de la vida. En la historia de México hay sustancia de pensamiento al respecto, del padre José María Morelos con sus Sentimientos de la Nación, al jurista potosino con Ponciano Arriaga y Las Procuradurías de los Pobres, a la reforma constitucional del 2011. Si la democracia es válida, que se atengan los menos abusivos.  

A señalamiento por la autoridad que organiza las elecciones y por mandato de ley de que quien obtenga la mayoría de votos será el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con la elección computada, se tiene a que se perfila el licenciado Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen mixteco y coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

En una reunión de presentación en la Ciudad de México, en la histórica y heroica alcaldía Iztapalapa, le  presentamos nuestra consideración de que la demanda de la sociedad es de justicia, ante la corrupción, el abuso, lo incomprensible, la intensión y la omisión.   

El gran reto para quien va a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el de dar justicia para todos.