Jugar a perder

El país y el régimen político morenista juegan a perder. El país, por ponerse en manos de un grupo político incapaz de asumir su responsabilidad a partir del interés nacional.

El gobierno, como nunca, está sometido o condicionado —como quiera verse— a dos fuerzas que son amenazas con dimensión histórica: la que representa el crimen organizado y la del gobierno norteamericano. El régimen actúa en contra de sí mismo. La legitimidad queda comprometida por el escándalo, la venalidad y la connivencia con el crimen. El aniquilamiento del líder del CJNG, Nemesio Oseguera, El Mencho —el mayor logro de la presidenta Sheinbaum— despierta fundadas dudas y genuinas preocupaciones. La primera, si lo acontecido fue una decisión de las autoridades o si representó una exigencia del gobierno norteamericano.

La respuesta mediática y la vacilante postura de la presidenta abren espacio a la especulación, incluso a la tesis de que fue informada cuando el operativo ya estaba en proceso. Las fuerzas armadas salen bien libradas. Segunda, la secuela: no se advierte, hasta el momento, que la muerte del capo esté acompañada de una embestida contra el grupo criminal, lo que significa que persiste la confusión o el pacto de impunidad y complacencia oficial frente a políticos y empresarios incriminados por complicidad.

Si no se emprende una lucha frontal subsecuente, el negocio criminal proseguirá, quizá más violento y pernicioso. Es urgente atacar las finanzas del crimen; no hay señales de ello. Los vínculos entre el contrabando de combustible, el crimen organizado y el financiamiento al partido gobernante están acreditados. La omisión es sospechosa; con el tiempo, condena.

Lo del municipio de Bahía Banderas, Nayarit, confirma los hechos en Tequila, Jalisco; autoridades municipales de Morena al servicio del crimen organizado, un realidad que se extiende en los amplios territorios de dominio de los cárteles. De manera concurrente, el régimen obradorista persiste en su determinación de destruir el edificio institucional democrático. Al igual que con la destrucción del sistema judicial, invoca el mandato popular para ahorrar gasto; ahora, para acabar con la pluralidad y, de paso, con el INE.

La reforma no aborda los dos temas fundamentales y urgentes: primero, la partidocracia que impone candidaturas y anula la representatividad del sistema de partidos; y, segundo, el dinero ilegal y la presencia del crimen en las campañas electorales, situación presente en los partidos con capacidad para acceder al poder público. Morena juega a perder. Ha fracturado al régimen y anulado al Estado, al mismo tiempo que la legalidad y la justicia se someten a los intereses del régimen político.

En un exceso de soberbia pretende modificar el sistema de representación política para liberarse de sus compañeros de viaje. Demanda del PT y del PVEM sumisión y que acuerden destruir las reglas que les dan existencia y volverlos prescindibles en la construcción de la mayoría. El PVEM ha resistido, y su determinación significa que la reforma que se apruebe, si es el caso, no será la de la presidenta Sheinbaum, sino la del Verde.

Por su parte, el PT reclama; pero el interés económico de su dirigente, Alberto Anaya, lo muestra vulnerable con la entrega de recursos significativos al programa social que su esposa opera en el país. Anaya dice que eso no es tema y que el voto contrario a la reforma se mantiene firme; está por verse.

Es grave que la cúpula de Morena considere que sus propuestas signifiquen un avance. Se entiende que el oportunismo genere una imagen de consenso; sin embargo, es inaudito que el estalinismo se imponga. Es imposible aceptar la tesis de partido histórico, representante único de la nación. La postura radical es minoritaria en Morena, que es una fuerza minoritaria respecto al conjunto del país.

Acabar con el sistema electoral que ofrece certeza de que el voto se respeta, así como con la expresión plural en la integración de los órganos colegiados, conduce a una expresión más totalitaria que autoritaria y deja atrás al populismo, con la consecuencia de establecer un régimen incapaz de dar cauce civilizado a la disputa por el poder. El país, como nunca, enfrenta amenazas sobre su soberanía.

El Estado está sometido a tres fuerzas arrolladoras: primero, la imposición del interés de un régimen político que hace de su reproducción en el poder su objetivo, a costa del interés nacional y de la legalidad; segundo, la criminalidad que se ha extendido y penetrado el tejido político, social y económico del país, y tercero, un vecino que se asume policía global, dispuesto a mucho ante un gobierno nacional débil y, por lo mismo, condescendiente.