Indicador político/Carlos Ramírez

México impone agenda de seguridad

a EU: armas, narcotráfico y terrorismo

Carlos Ramírez

La demanda legal del gobierno mexicano en una Corte de Boston contra fabricantes de armas fue un torpedo debajo de la línea de flotación del sistema político estadunidense porque afectó uno de sus ejes dominantes de control político: la fábrica de armas como financiadora de carreras de políticos y gobernantes.

Es posible que la demanda no logre sus objetivos concretos, pero habrá de conseguir, cuando menos, poner la agenda de la crisis de seguridad mexicana en la fuente de los conflictos: la fabricación de armas y el mercado negro de productos que han convertido al propio gobierno estadunidense en el principal contrabandista de armas en el mundo.

La demanda podría enmarcarse en una ofensiva diplomática mexicana contra la estrategia de seguridad del gobierno de EU y debe vincularse con otras tres decisiones estratégicas: las reglas estrictas impuestas a agentes estadunidenses en operaciones antidrogas en México, la cancelación de la Iniciativa Mérida de Felipe Calderón-George Bush que cedió la soberanía mexicana y la denuncia mexicana de que el atentado de hace dos años en El Paso, Texas, contra mexicanos era una expresión del terrorismo interno.

Por primera vez, México toma la iniciativa en materia de seguridad nacional e internacional, frente a la ofensiva y presiones de la comunidad estadounidense de servicios de inteligencia civiles, militares y privados para desplazar a las fuerzas de seguridad mexicanas en la lucha contra los cárteles del crimen organizado dentro de México y colocar en su lugar sobre todo a comandos militares. Lo que debe venir ahora es alguna iniciativa mexicana para cerrar la frontera en grado de sellado e impedir el tráfico ilícito de armas de comerciantes legales e ilegales estadounidenses a bandas delictivas mexicanas que sólo es posible con la complicidad d autoridades americanas.

La demanda en la Corte de Boston va a desnudar las complicidades que existen entre políticos y gobernantes de Estados Unidos y los lobbies que representan la industria más formada del complejo militar-industrial. Las fábricas de armas estadounidenses proveen de productos al sector de seguridad pública y de seguridad militar del Gobierno estadounidense y los casos de tráfico y contrabando son administrados y gestionados por funcionarios militares y civiles de EU para aportar armas a las guerras extranjeras, sean civiles, políticas o de seguridad pública.

La demanda forma parte de una estrategia diseñada y desarrollada por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, como parte de la agenda internacional de México que tiene repercusiones nacionales. El presidente López Obrador y el canciller Ebrard están desarrollando nacionalismo defensivo-ofensivo ante la reconstrucción de la estructura imperial militar de Estados Unidos en el gobierno de Biden-Harris.

Las decisiones mexicanas se han tomado casi al parejo, en tiempo político, que las de Biden-Harris: el programa estadounidense para Centroamérica, algunas decisiones unilaterales para proteger a migrantes en su regularización y, hasta ahora no analizada en México, la decisión de la Casa Blanca de dar los primeros pasos serios para caracterizar y procesar ya al terrorismo interno, aunque hasta ahora con la mala intención sólo de contener la posibilidad de regreso a la política del expresidente Donald Trump.

El mensaje que deja la estrategia del canciller Ebrard pone por primera vez en el centro del debate la responsabilidad en grado de culpabilidad de la estructura de poder estadounidense en el narcotráfico, la violencia criminal y el tráfico de armas que es uno de los principales problemas de la violencia interna en Estados Unidos por el acceso legal o ilegal a las armas de alto poder que han provocado las matanzas civiles.

Aunque no llevan intenciones sucesorias porque parecen ser decisiones pensadas desde el principio del sexenio para encarar las relaciones con Trump y luego con Biden, el canciller Ebrard tiene en sus manos la agenda política y de seguridad nacional más importante del país desde la ofensiva del presidente Reagan y el embajador Gavin en 1985 contra la soberanía mexicana.

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