Indicador político/Carlos Ramírez

El ministro Lelo, el 2024 y el grupo

jueces por la democracia participativa

En un escenario político abierto, la reforma judicial morenista ha asumido un papel fundamental en la estrategia de cambio de régimen. Modificar el sentido de la justicia es de muchas maneras darle nuevas bases sociales al sistema político en vigor. Allí es donde se localiza la tarea fundamental del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea: pasar de la justicia ciega a la justicia politizada.

En este sentido, el ministro Lelo se ha convertido en la pieza fundamental del proyecto transformador en vigor. La nueva política judicial llevaría a la estructura jurídica de la república a una situación que beneficie de origen no a la justicia en sí, sino al sector desprotegido. Esta tesis la ha venido manejando el ministro Lelo desde tiempo atrás, pero tuvo su expresión superior en el debate en el pleno de la Corte de la propuesta presidencial de una consulta para preguntar si la justicia se debe de perseguir por ley o consultar al pueblo.

El procedimiento de consulta sobre la reforma constitucional aprobada en la Cámara de Diputados para extender la presidencia de la Corte del ministro Lelo por dos años más allá de los límites constitucionales se convirtió en un operativo político de largo alcance. El ministro Lelo solicitó una consulta adelantada con sus pares, los ministros del máximo tribunal constitucional respecto a si debe o no extender el mandato, cuando está de por medio el aviso de algunos organismos políticos y jurídicos de una controversia constitucional porque una ley secundaria afecta el mandato constitucional respecto al período de vigencia del ejercicio del cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La forma o el procedimiento utilizado por el ministro Lelo para convocar a sus pares a esa votación incumple los requisitos institucionales internos de la propia corte. El ministro presidente no es el ponente sino el solicitante, por lo que su solicitud conlleva una irregular propuesta de procedimiento de cómo debería hacerse esa consulta, cuando debería tocarle al ministro ponente, en este caso el ministro Franco González Salas, la definición de los mecanismos de aplicación de la consulta.

El ministro Lelo quiere repetir lo que hizo en el debate del pleno respecto a la votación sobre la consulta sobre los expresidentes de la República que se le había solicitado. En la reunión del pleno en aquella ocasión el ministro presidente se adelantó a la orden tradicional de participación de los ministros porque el encargado de la presidencia de la corte le tocaría hasta el final. Sin embargo, el ministro Lelo tomó la palabra de manera arbitraria como primer participante y lanzó un discurso que rebasó los tiempos normales y se convirtió en una perorata a favor de la democracia participativa, un debate que debería darse en los espacios legislativos de la Cámara de Diputados y no en la Suprema Corte de Justicia donde simplemente se debate la constitucionalidad o inconstitucionalidad de algunas decisiones.

El procedimiento utilizado hoy por el ministro Lelo en esta consulta ahora a sus pares para votar si se puede violentar la Constitución o poner una decisión menor por encima de la Constitución forma parte de un procedimiento errático y aberrante del ministro presidente en tanto que él no hace trabajo jurisdiccional mientras es presidente y en todo caso está pidiéndole a sus colegas ministros de la corte que acepten si la Constitución se puede violar o no respecto a ciertas limitantes muy estrictas que requerirían modificaciones constitucionales primero legislativas y después de procedimientos en la Corte.

La concepción del derecho que tiene el ministro Lelo difiere de la vieja tradición de que la justicia debe ser ciega y no interpretarse a favor o en contra de un sector en tanto que pueda representar o no un avance democrático. En este sentido la propuesta del ministro Lelo cae en el espacio del de lo que se conoce o se conoció en la transición española de agrupaciones institucionales del régimen franquista que comenzaron a optar por células democráticas en su interior: los militares por la democracia y los jueces por la democracia.

De consolidar su fuerza política al imponer esa extensión del mandato el ministro Lelo pasaría a formar parte de los activos de electorales de la cuarta transformación para la sucesión presidencial del 2024.

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Política para dummies: La política es la perversión del derecho.

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