Indicador Político/Carlos Ramírez

EE. UU.: diplomacia

intervencionista en

México…, como siempre

El arresto del secretario de la Defensa Nacional y jefe del ejército en el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto (diciembre de 2012-noviembre de 2018) tuvo el efecto de una bomba de racimo o de un escopetazo al diseminar daños múltiples en todas direcciones. Pero fue un nuevo caso de diplomacia imperial de los EE. UU. para arrestar a funcionarios de gobiernos extranjeros por presuntos delitos que han afectado poco o nada a la población estadunidense.

El tema central es el narcotráfico como siembra y trasiego de drogas diversas en México y su internación a los EE. UU para satisfacer la demandada de estupefacientes de 30 millones de adictos dependientes y, dicen, 150 millones de consumidores intermedios. Hasta ahora, el gobierno de los EE. UU. ha desarrollado una diplomacia de la droga para arrestar y enjuiciar a extranjeros señalados por introducir toneladas de drogas a territorio estadunidense –con la complicidad, por cierto, de autoridades de los EE. UU.) y controlar la venta de sus productos en tres mil ciudades del mercado al menudeo de consumidores.

El general en activo Salvador Cienfuegos Zepeda –los exministros nunca pasan a retiro y mantienen estatus diplomático especial– fue arrestado al bajar de un avión en Los Angeles por una orden de aprehensión liberada desde agosto del año pasado por un juez californiano, en base a una acusación de proteger a un cártel minúsculo –más bien: una banda– en el estado mexicano de Nayarit, cuya droga llegó por algunos kilos y no toneladas a los EE. UU. para el consumo y satisfacción de los adictos americanos.

El general Cienfuegos, en sus tiempos de ministro, fue reconocido por la comunidad de los servicios de inteligencia y seguridad nacional civiles y militares de los EE. UU, y condecorado por su esfuerzo en la lucha contra los narcos y el crimen organizado. En los gobiernos mexicanos de 2006 a 2018 el ejército descabezó al 85% de los cárteles, sus jefes fueron muertos, arrestados o extraditados a prisiones estadunidenses. Las cifras oficiales del ejército mexicano incluyen, por ejemplo, la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, hoy sentenciado a cadena perpetua en una prisión estadunidense. Hasta ahora sólo sobreviven dos grandes capos: Ismael El Mayo Zambada como jefe del cártel del Chapo y Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, jefe del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en el 90% de México.

El dato más importante del caso Cienfuegos radica en la decisión unilateral –imperial, de hecho– del gobierno de los EE. UU. y de los presidentes Ronald Reagan, George Bush Sr., Bill Clinton, George Bush Jr., Barack Obama y Donald Trump para definir una estrategias militar, civil y judicial de carácter transnacional para tener cuando menos la definición unilateral de intervenir en otros países por cuestiones de narco, bajo el supuesto de que son un peligro para los EE. U., la misma doctrina, por cierto, que explica las acciones militares y de inteligencia de la Casa Blanca en todo el mundo en el terreno del terrorismo.

Hace un par de meses el presidente Trump, por ejemplo, autorizó a sus agencias militares y civiles a lanzarse a la cacería de El Mencho, pero no sólo en los EE. UU. –en caso de que ande por ahí–, sino dentro del territorio mexicano; desde entonces, agentes del FBI, la DEA y la CIA operan con autonomía imperial en México para perseguir al fantasma de un capo que, dicen muchas versiones, ya está muerto. Aún así, esas agencias realizan actividades policiacas –y obvio: de inteligencia– en México que no permitirían en su propio país.

La transnacionalización de las actividades de siembra, procesamiento y trasiego de drogas en México es hoy el símbolo del intervencionismo imperial estadunidense, aunque con el reconocimiento de que las autoridades mexicanas desde siempre han estado vinculadas a la creación, crecimiento y auge de los cárteles mexicanos. El argumento estadunidense insiste en que esa droga entra a los EE. UU. para envenenar a sus ciudadanos, aunque con dos hechos incontrovertibles: el cruce fronterizo de droga se hace con la corrupción de autoridades estadunidenses y el consumo de adictos norteamericanos determina la oferta. Sin embargo, en las cárceles de los EE. UU. hay vendedores de droga, distribuidores menores y ningún capo grande. Tampoco se han detenido ni encarcelado a los banqueros que lavan dinero del narco en bancos americanos.

En un juicio que apenas comienza y cuyas acusaciones y pruebas se desconocen, el arresto de un general en activo rompió los acuerdos de entendimiento entre las comunidades militares de ambos países y mostró que los estadunidenses piensan en sus intereses, lo que llevará a un cierre de la colaboración militar mexicana con los planes antiterroristas y de seguridad ideológica delos E. UU. ante el auge de los populismos latinoamericanos y la penetración en el continente iberoamericano de los chinos y los musulmanes radicales, además de la presencia soviética a través de Cuba.

El arresto de un general mexicano por una agencia menor que ha sido famosa por la estridencia y las acusaciones sin pruebas es parte del desorden en la comunidad de los servicios de inteligencia y seguridad nacional, donde Trump ha viciado el profesionalismo y provocado la remoción de sus jefes como si fueran empleados menores, En septiembre casi 500 funcionarios en activo y retirados de la comunidad de los servicios de inteligencia y seguridad nacional civiles y militares criticaron a Trump por incompetente y pidieron el voto por el demócrata Joe Biden, lo que representó la peligrosa politización de la seguridad nacional.

Por la dimensión menor del cártel beneficiado de manera supuesta por el general mexicano, el arresto fue una intervención de los EE. UU. en las instituciones mexicanas y una violación de la soberanía.

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