Indicador político/Carlos Ramírez

Desafío de 4T: distribución de

gasto o Estado de bienestar

La centralización del discurso político de la estrategia económica y social del COVID-19 ha impedido el planteamiento político de la crisis, el efecto y sus secuelas. Lo que se haga o deje de hacer en estos cinco meses va a determinar el destino del sexenio de López Obrador.

El gobierno federal se enfrentó a un dilema existencial: salvar a la planta productiva y al empleo o atender a los aproximadamente 22 millones de mexicanos vulnerables. La estructura apretada de las finanzas públicas no da para más. La carga fiscal de alrededor 18% –contra 35% de los países de la OCDE– padece el desequilibrio que representa que la mayor parte es de impuestos al consumo. Las empresas regatean el pago, no declaran o evaden, en tanto que el 57% de la población económicamente activa es informal y sólo atiende el impuesto del IVA.

El desafío de México desde la crisis de 1973 ha sido la crisis fiscal del Estado; es decir, el financiamiento de las políticas públicas. El presidente López Obrador ha denunciado la carga existente aún en el presupuesto federal de los pasivos de los bancos –Fobaproa e Ipab–, pero no ha iniciado ninguna iniciativa para reorganizar las deudas que dañan las finanzas públicas.

El gran reto de los gobiernos con objetivos sociales radica en el financiamiento del desarrollo o el financiamiento del asistencialismo, porque no alcanza para los dos. Sin reorganizar la estructura de los ingresos fiscales del Estado, esos gobiernos asistencialistas se enfilan a crisis de inflación-devaluación por el sobregiro del gasto o a la falta de apoyo a la empresa privada y con ello encaminarse hacia bajos crecimientos del PIB.

La crisis del coronavirus ha llevado al gobierno federal a decisiones de emergencia: reorganizar el gasto en función de prioridades sociales, aunque abandonando la protección de la planta productiva y el empleo. Pero una vez que pase la emergencia sanitaria, la reactivación de la economía de un hoyo de -8% a -10% de PIB en 2020 será lenta, a tropezones y sin planta productiva ni empleo. Los países que están protegiendo empresas y trabajadores tendrán en 2021 un PIB positivo.

El reto de la 4T no estará en decidirse a quien salvar, a cambio de abandonar a otro sector, sino en aprovechar la crisis sanitaria para plantear las grandes reformas del gasto público: el financiamiento fiscal sano del gasto federal, el financiamiento del papel del Estado como pivote del apoyo de la empresa privada para aumentar el desarrollo y, de manera muy importante, las aportaciones federales al gasto público de estados y municipios.

Si las organizaciones empresariales están armando acuerdos contra la crisis en sus diferentes niveles, bien podrían apoyar, por ejemplo, una Convención Nacional Hacendaria que lleve a decisiones legales para que las empresas no evadan o eluden el pago de impuestos. El Bloque de los ricos que está pululando alrededor del presidente López Obrador tienen deudas fiscales que se niegan a liquidar y que son urgentes ahora para financiar la emergencia sanitaria, y usan esa cercanía como exculpación de pecados fiscales.

Sin una gran reforma económica del Estado y sin aprovechar la crisis para iniciarla, la capacidad fiscal del Estado apenas servirá para apoyar a los pobres con poco dinero que no les alcanza para mitigar su marginación y tampoco será suficiente para encarar la inflación de bienes básicos.

Los gobiernos asistencialistas asumen la condición de populistas cuando sólo usan la riqueza vigente para desviarla hacia los marginados, pero tienen la oportunidad de construir verdaderos Estados de bienestar con reformas estructurales que amplíen los ingresos fiscales del Estado, incluyendo la parte del fisco que implica la modulación de la riqueza.