
Indicador político
Es común que los gobernantes recurran a la negación como reacción inmediata a malas noticias, a la adversidad. En condiciones normales suele dar resultados efímeros, pues tarde o temprano la realidad se impone. Sin embargo, en el México actual, donde la comunicación política se centraliza en la mañanera, negar puede dar resultado, descalificar al mensajero, decir que es una campaña de los enemigos. Queda la duda: ¿se trata de una estrategia calculada desde la fuerza sonora del poder presidencial o realmente refleja la convicción de que el (la) presidente (a) tiene razón, además, se supone que es la persona mejor informada del país, quien dedica reunión de una hora diaria con sus colaboradores antes de hablar a los medios?
Sea cálculo o convicción, la presidenta Sheinbaum ha cometido errores que la complacencia mediática no dimensiona en su justa proporción. Negar el pronóstico de recesión económica del FMI es lo de menos. Más grave, insistir en las cifras de seguridad, en particular las de homicidios, sin considerar que desde el sexenio anterior se dejó de contar a los desaparecidos, a pesar de su alarmante incremento. Hoy, la tesis de que existe un interés compartido entre criminales y gobierno para hacer desaparecer a los desaparecidos cobra sentido. Ahí están los números, los nombres, los familiares —cónyuges, madres, padres, hermanos— que exigen al menos el consuelo de una cristiana sepultura. Es un drama que conmueve e indigna, por la indefensión ciudadana y la indiferencia o incompetencia de las autoridades. Es tiempo que los encuentros de las autoridades con los grupos relacionados con los desaparecidos muestren resultados o, al menos, se actúe y apliquen recursos para fortalecer a las instancias técnicas para esclarecer hechos e identificar restos humanos. Ante la negación, las autoridades deben tener presente los informes del INEGI sobre percepción en inseguridad, antes utilizados como evidencia de avance, ahora indican que la inseguridad va en aumento.
Economía e inseguridad, los temas de mayor impacto, son también, con la corrupción, propios para la negación. La presidenta se molestó porque el FMI no consideró el llamado “Plan México”. El voluntarismo presidencial —una enfermedad histórica— lleva a creer que el gobierno puede revertir condiciones estructurales que determinan el crecimiento económico. Tal vez tenga razón al decir que no habrá recesión, pero no sería por méritos internos, sino por factores externos: la evolución de los aranceles y el impacto global de las políticas erráticas de Trump.
Menuda presión enfrentará el Banco de México al emitir su próximo pronóstico de crecimiento económico. En esta nueva etapa del populismo, los gobiernos apuntan contra los bancos centrales cuando no bajan las tasas a conveniencia política y, especialmente, cuando emiten diagnósticos realistas que muestran que los gobiernos no están cumpliendo sus promesas. Justo como con Trump: heredó una economía en buenas condiciones, pero sus políticas arancelarias minaron la confianza que hacía de Norteamérica una región estable y segura para invertir; el dólar pierde terreno, al igual que los indicadores de sus mercados y empresas. BANXICO, si quiere conservar credibilidad, terminará por confirmar, si corresponde, los números rojos del FMI y de la OCDE. Tal vez, como ya se intentó en el pasado con López Obrador, alguien proponga inventar un nuevo indicador que incluya la felicidad, para decir que México es el mejor país del mundo. Feliz, feliz, feliz.
Seguridad y economía convergen en un problema estructural de larga data: la impunidad. Ésta se refleja en los criminales que matan y siguen libres; en los policías que se enriquecen con sus cómplices, los socios del huachicol y en el negocio de los insumos médicos y en funcionarios o proveedores que desvían recursos con la excusa de una supuesta causa superior. Pero no es solo impunidad legal o penal: también hay una impunidad social, sostenida por una sociedad permisiva, empresarios complacientes y medios de comunicación que, con excepciones, optan por actuar en función del poder.
En estos años, el país ha perdido muchas cosas. Entre ellas, su ya limitada capacidad de escrutinio al poder público, ocasionada por la traición de las élites y buena parte de los dueños de medios que prefieren bailar al ritmo que marcan las autoridades. La complacencia social es uno de los principales factores que explican por qué la impunidad avanza sin freno. De igual manera, las instituciones que podrían visibilizar la indignación y la inconformidad social han sido debilitadas. La oposición institucional, si existe, carece de solvencia moral para ser creíble. Se impone la negación, prima hermana de la impunidad, gracias a la complacencia.