En contexto/Luis Acevedo Pesquera

Autoridad incompetente, por decisión presidencial

De manera diferente, el gobierno federal ha emprendido una nueva etapa de activismo político caracterizada por la toma de decisiones que no están jurídicamente sustentadas pero cuyos efectos tienden a reforzar la idea de la “revolución de conciencias” que se pretende desarrollar durante la segunda mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En esa línea se inscribe el inicio de funciones del nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, a quien jurídicamente no le alcanza por ahora la interpretación del artículo 89 fracción segunda constitucional para argumentar que está en condiciones plenas para tomar decisiones con relación a la política financiera del país.

Su nombramiento presidencial, contra lo que se dice oficialmente, exige de la ratificación de la Cámara de Diputados, lo que podrá ocurrir hasta la primera semana de septiembre.

El tema no es simple. Inclusive es peligroso para apuntalar a la Cuarta Transformación porque pone en riesgo dos temas esenciales: el estado de Derecho y la certidumbre, con todo lo que representan.

Veamos. Cualquier decisión que lleve a cabo el nuevo secretario de hacienda puede ser fácilmente impugnada e incluso anulada por las vías judiciales, porque sin la ratificación respectiva de la Cámara de Diputados, Rogelio Ramírez de la O no puede ser considerado como autoridad competente para ejercer las atribuciones que la ley le confiere.

Hay un vacío fundamental que no puede ser invalidado ni cubierto por una interpretación frívola desde Palacio Nacional porque quebranta el orden normativo institucional y democrático.

Esto es peligroso por cuanto a los planes y programas financieros, por ejemplo, en materia de endeudamiento interno (pensemos en Cetes o instrumentos similares cuyos requerimientos son variables en función de la manera en que evoluciona la economía) y que no hayan sido suscritos por su antecesor.

Más todavía. Las decisiones en materia de federalismo fiscal y los acuerdos o desavenencias existentes o nacientes con los estados y municipios pueden ser querelladas en perjuicio del orden de la república, pero en especial de la sociedad mexicana.

En la práctica, limita la capacidad funcional del nuevo secretario en cualquier negociación con implicaciones legales y desarrolla la percepción de que es una autoridad encadenada a las decisiones exclusivas del Presidente de la república, por encima de la extraordinaria capacidad técnica del funcionario.

Para el proyecto de la Cuarta Transformación es indispensable construir políticas públicas para la recuperación y el crecimiento sostenido que den muestras de interés por la inversión productiva y el empleo con esquemas innovadores de participación.

Es impostergable reestructurar los sistemas de salud y educación, además de dar viabilidad al esquema de transferencias en beneficio de la población más necesitada, fortalecer el apoyo a las MiPymes, y como sugiere la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), impulsar políticas transversales y sectoriales para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo”,

Porque lo cierto es que el crecimiento económico previsto para 2021 y 2022 será insuficiente para asegurar una expansión sostenida porque los impactos de la crisis pandémica y los problemas estructurales del país se han agudizado y se prolongarán durante la etapa de recuperación

La capacidad técnica y la experiencia de Rogelio Ramírez de la O hacían impensable que no pudiera ser ratificado por la Cámara de Diputados por lo que era innecesario, cuando no imprudente, formalizar un nombramiento sin el respaldo o el aval democrático de la Cámara de Diputados.

El gobierno emitió una señal que, al romper con la legalidad institucional, los principios democráticos elementales y la certidumbre, atenta contra del proceso transformador prometido.

@lusacevedop