Este viernes, el futuro democrático de México dependerá del compromiso de que 13 legisladores actúen responsablemente y se declaren en contra de la celebración de un periodo extraordinario de sesiones en la que se votaría la reforma legal que otorgaría “manos libres” al Presidente de la República en materia presupuestal ante cualquier emergencia económica y ya sin necesidad de convocar al Congreso. Las condiciones políticas en materia legislativa y la abulia de los partidos de oposición parecían abrir un cauce autocrático en el ejercicio del gasto público, al grado que los legisladores de Morena festinaban que, en unos días, quizá horas, facultarían al Ejecutivo Federal para disponer del gasto público autorizado y hasta de los recursos de los fideicomisos para enfrentar la contingencia actual y las futuras. Su confianza creció porque en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que suple las labores de las cámaras de Diputados y Senadores por la contingencia sanitaria, la de los morenistas es apabullante. Pero no contaron con que la Constitución establece que para convocar a un periodo extraordinario para poder hacer modificaciones legales se requiere que cuando menos 25 legisladores o dos terceras partes de los presentes en la Comisión para poder convocar al Periodo Extraordinario. Quedó claro que la aritmética no es el fuerte del grupo que apoya la reforma presidencial. No contaron con que la Permanente está integrada por 37 legisladores; de estos, 6 son del PAN, 2 de Movimiento Ciudadano, 1 del PRD, y 4 del PRI, que suman 13 y que se comprometieron a no dar paso al extraordinario y, por tanto, a impedir que se tuerza la ley. Si bien los de Morena junto con sus aliados suman 24 y son mayoría, pero ese número no alcanzan a cumplir con el requisito establecido en la Constitución para hacer la reforma con la que se pretende dotar de poderes extraordinarios al Presidente de la república para que pueda abrir, operar y disponer libremente de la cartera presupuestal federal bajo el pretexto de un vago concepto de emergencia económica. No solo eso, también se prevé que ejerza los recursos de diversos fideicomisos, además de que estos cambios legales eliminarían contrapesos institucionales que desmantelarán la división de Poderes, ya que el Ejecutivo no estaría obligado a pedir autorización del Congreso para decidir sobre el gasto público. En “la mañanera”, se pasó de la exaltación de la gobernabilidad del país al optimismo sobre la pronta recuperación económica para anunciar un bienestar social desbordante. Sin datos numéricos se dibujó un país distinto al que muestra la tomografía de la crisis y que es por la cual se solicitan a los leales en el Congreso los cambios a la ley de presupuesto. En medio de la euforia se dispararon datos del incremento en la recaudación de impuestos, de la austeridad republicana y de los apoyos para decenas de miles de pequeños empresarios para luego desestimar el desplome de -1.55 por ciento del PIB mexicano en el primer trimestre de 2020 o de lo que ocurrió el año anterior, porque “la caída será de poca duración” y pronto se reactivará la economía. “Ya está el plan”, dijo el presidente: vamos a esperar nada más que apruebe nuestra iniciativa que se envió a la Cámara de Diputados para hacer los ajustes en el presupuesto y también la otra iniciativa para que podamos concentrar todos los recursos que se tienen en fondos y fideicomisos. Así, el diseño del nuevo modelo económico quedó a la vista y de eso depende el futuro de México. La decisión está en la responsabilidad y el compromiso de los legisladores, quien no lo asuma de esa manera, que la nación se lo demande. @lusacevedop
