En Contexto/Luis Acevedo Pesquera

Con la llegada de diciembre se cumplen dos años del gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador. Una gestión sin los resultados esperados por una sociedad que, como nunca, lo apoyó en las urnas en busca de solución a la promesa del combate radical a la corrupción, de brindar la seguridad perdida y respeto al Estado de Derecho, de promover las oportunidades económicas para desarrollar condiciones de igualdad social a fin de reducir a la pobreza y garantizar el acceso a la educación y la salud.

En estos 730 días el balance no es favorable. Al contrario, y eso sin dejar de lado que este régimen sufrió el impacto inesperado de la pandemia del coronavirus, pero que lejos de haber aprovechado la oportunidad que le abrió la crisis sanitaria para resolver las innumerables distorsiones que por prejuicio o ignorancia no se quisieron incluir en el amplio catálogo de la transformación, se evitó replantear un plan estratégico de recuperación y de desarrollo acorde con la nueva realidad de México y del mundo.

Hacia adelante se mantienen las prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 como si nada hubiera cambiado y los problemas fueran pasajeros y de muy corta duración. Por ejemplo. el gasto público para el próximo año, si bien reconoce la necesidad de reforzar el tema sanitario y el de la pobreza, lo hace de manera superficial y limitado ya que no se tocan áreas fundamentales como la inversión pública y privada, la promoción productiva y la defensa del empleo, mucho menos el desarrollo regional más allá de las fronteras y, como si no fuera necesario para su gestión política por cuanto a la cuestión social y la subsistencia de las familias, la reforma hacendaria con la necesaria coordinación fiscal quedó descartada.

Aún con los “otros datos”, es difícil -por plantear un panorama optimista- que el gobierno cumpla los objetivos en materia social. Sobre todo, porque el modelo económico de los dos primeros años de gobierno no estableció las condiciones para organizar al país en la ruta de la generación de ingresos. Frente al sector privado la confrontación política superó a la natural confrontación ideológica, que se observa en los deplorables datos de inversión y generación de empleos.

Tan solo la inversión pública, un motor esencial del crecimiento económico, había encendido las luces de alerta con la aplicación del programa de austeridad, pero con la irrupción de la COVID-19 cayó en un tobogán y hoy representa menos del 33 por ciento de lo que significaba hace 12 años. En el caso de la inversión privada, en estos dos años se agravó el estancamiento que arrastra desde 2017 y hacia adelante no hay incentivos para recuperar en el corto plazo el nivel prepandemia y, para empeorar las cosas se desmantelaron fideicomisos, en su mayoría, necesarios para el desarrollo.

Con ello, la preocupación social es muy compleja, sin contar lo que corresponde a corrupción e inseguridad, que han sido tema recurrente en las más de 500 sesiones de las “mañaneras”, en donde se ha reiterado durante los últimos 30 días que “vamos bien” o que frente a la pandemia “vamos de salida”, mientras las cuentas oficiales reconocen que las cifras de contagiados superan un millón 105 mil casos , 105 mil 500 muertes y que nuevamente hay saturación de camas.

Por cuanto al combate a la corrupción, no hay nada que festejar a pesar de la retórica o los golpes mediáticos. Desde la estadística que se prefiera, México sigue entre los países más corruptos y la austeridad republicana como figura para mostrar que “la corrupción se limpia de arriba hacia abajo” no es más que propaganda hueca, porque la impunidad persiste como lo han demostrado los casos de las casas de Manuel Bartlett y de Julio Scherer o el dinero de Pío López Obrador para la campaña presidencial de su hermano.

En los hechos, la lealtad o formar parte del gobierno de la 4T se premia con protección moral y legal; si no, hay que ver los botones que les mostré antes o que le pregunten a Rosario Robles.

En materia política, la democracia se ha debilitado porque, el Ejecutivo se niega a reconocer la importancia de los organismos autónomos ya sea el Banco de México o el Instituto Nacional Electoral (INE), por citar los extremos. Con ello, se faltó a la palabra por cuanto a evitar la militarización del país pero la Guardia Nacional está bajo el mando de las fuerzas armadas y no civiles, lo que va en contra del dictado de la Constitución.

Pero todavía más, en estos dos años Andrés Manuel López Obrador ha marcado su interés por imponer una nueva Constitución. Ha incorporado múltiples reformas sustantivas, además de la Guardia Nacional. Recordemos la extinción de dominio, la reforma educativa, la de la prisión preventiva, la de la consulta popular y la revocación de mandato, por mencionar algunas de las más controversiales, sin dejar de lado que otras, como la de paridad de género, fue importante aunque la mayoría no requerían más que ajustes legales o reglamentarios.

Los especialistas en derecho constitucional advierten que la votación histórica que llevó a López Obrador a la presidencia lo facultó para promover un cambio pero no le otorgó el aval para imponer una nueva Constitución.

Así el balance sintético de los dos primeros años dos.

@lusacevedop