En contexto/Luis Acevedo Pesquera

En Contexto La contingencia se amplía y juega con el desconcierto Los comentarios sardónicos de cada mañana, han perdido su eficacia para encubrir la magnitud de la crisis socioeconómica desatada por la pandemia del COVID-19, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha suspendido la prédica de que en su gobierno no habría déficit presupuestal ni incrementaría la deuda pública. También hizo a un lado su palabra de nunca tocar a la autonomía del Banco de México, pero en tono de broma solicitó que se le adelantara el remanente de operación de 2020 del instituto central, que resulta de convertir las reservas internacionales a pesos y con esos recursos multimillonarios cumplir las metas fiscales y fortalecer al ya muy mermado Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Debido a la fuerza de la arenga presidencial que está muy presionada por el deterioro económico, la Junta de Gobierno del Banco de México acudió al Palacio Nacional para informarle mandatario que “hay tiempos y procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Banco de México” que no deben ser violentados, porque se desatarían peores consecuencias a las que se aproximan. Con un palmo de narices, la idea hasta ahora sigue siendo la de no incurrir en déficit presupuestal ni endeudamiento como programa de acción ante las contingencias. Pero con la inminente caída del PIB desde una base de estancamiento, el desplome de la recaudación y con un presupuesto atado, urgen espacios para remontar a la pandemia y para impulsar a la economía con su secuela de desempleo. Eso, porque la contingencia se amplía hasta mayo y el panorama se agrava. Ante la inacción gubernamental, la Coparmex levantó la voz para proponer medidas radicales, que sorprenden porque van más del lado de la intervención del Estado en la economía que de la libertad de mercados. Dicen que, para evitar el cierre de las micro y pequeñas empresas del país, los patrones piden que el gobierno aporte 97 mil millones de pesos mensuales para pagar “Salarios Solidarios” con los que se garantizaría el salario de 20.6 millones de trabajadores durante los meses críticos de la pandemia, Con la mitad de esos recursos se cubriría el 50 por ciento del sueldo de los trabajadores que ganan entre uno y tres salarios mínimos; la otra mitad sería aportada por las empresas. La otra mitad de la aportación federal se destinaría para cubrir proporcionalmente los ingresos de los empleados hasta con 10 salarios mínimos. La respuesta quizá sea la indiferencia o alguna frase mordaz, siendo que el panorama no es sencillo ni se ve voluntad política para enfrentar una crisis de magnitud insospechada. Quizá porque, a la par de la indecisión, para el sector público los recursos fiscales federales ya están comprometidos en subsidios y en programas asistencialistas, ya no es posible apretar más con la austeridad republicana y los recortes en prestaciones sociales de la alta burocracia, si no se topan con juicios de amparo, arraigarán la percepción generalizada del paulatino detrimento del estado de derecho. Para el sector privado, la salida de emergencia está por el lado del establecimiento de una política fiscal expansiva que, mediante el uso de recursos públicos que derivarán en déficit y deuda, evitaría el desmantelamiento masivo de la planta productiva y que evitaría que el desempleo se dispare y garantizaría el consumo para que la actividad económica se restablezca lo más pronto posible. Es tal el temor al futuro inmediato que los particulares empiezan a abogar por atender a los informales con apoyos temporales y por no abandonar a los mexicanos más pobres Bueno, hasta organismos como el FMI y el Banco Mundial, tradicionalmente defensores del equilibrio macroeconómico, caracterizado por el control de la inflación, superávit fiscal y no deuda pública como lo ha proclamado el presidente López Obrador, que ya recomendaron a las autoridades mexicanas dar dinero en efectivo a informales y más vulnerables fuera del registro gubernamental, como mecanismo de contención de la crisis.  Pero también han llamado a las autoridades a extender subsidios de empleo como proponen los patrones, a brindar exenciones fiscales temporales y aplazamientos, además de garantías de crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas, incluso a las informales bajo el compromiso de que se incorporen al régimen legal y que no se desmantele el estado de derecho. Como nunca, la decisión está del lado de la autoridad. @lusacevedop