Derecho a la identidad: No más simulación

El derecho humano a la identidad ha sido parte de las asignaturas pendientes en el país. Todo mundo sabe que en México no hay ninguna cédula de identidad ciudadana, a pesar de que expresamente  el artículo 104 de la Ley General de Población en vigor dispone que: “La Cédula de Identidad Ciudadana es el documento oficial de identificación, que hace prueba plena sobre los datos de identidad que contiene en relación con su titular”. En la nación abundan las bases de datos y las identificaciones, unas más incompletas que otras.

La credencial para votar del Instituto Nacional Electoral se ha convertido en los hechos en la solución remedial – tolerada porque no encuentra fundamento ni en la Constitución ni en la ley-, generando, sin embargo, una gran paradoja: tiene significativos mecanismos de confiabilidad para saber quién es su titular, pero una gran debilidad para obtener ese documento, el cual puede ser conseguido incluso con el dicho de ciudadanos. En efecto, para obtener la credencial para votar se requiere: a) Documento de nacionalidad; b) Identificación con fotografía y c) Comprobante de domicilio, pero (y ese pero deja sin efecto el control de calidad) el INE es generoso en su búsqueda de que todo mundo pueda obtener su credencial, pues señala que: “Si no cuentas con alguna identificación o comprobante de domicilio, puedes presentar dos testigos: El primero debe tener su Credencial para Votar inscrita en el mismo municipio o alcaldía a tu domicilio. El otro testigo debe tener inscrita su Credencial para Votar en la misma entidad federativa donde vives. ¡Recuerda! Las personas que son testigos, sólo podrá serlo por cuatro ocasiones en un lapso de 120 días naturales (o sea todo con medida como diría la conseja) (https://www.ine.mx/credencial/documentos-necesarios/).

Esta excepción es una puerta de entrada para que quienes no tengan derecho a ello obtengan ese instrumento para fines identificatorios. Además, por supuesto, no prevé a extranjeros viviendo conforme a la ley en México ni a menores de edad porque (reitero) el propósito de la citada credencial no es garantizar el derecho a la identidad, sino servir de herramienta para ejercer el voto y ser votado que sólo es una prerrogativa de los ciudadanos mexicanos.

El tema no es si debe haber o no cédula de identidad para garantizar el derecho a la identidad, sino cómo debe hacerse. Debe garantizarse que las bases de datos única y exclusivamente se utilicen para fines legítimos y legales haciendo las reformas a la vigente Ley General de Población para introducir esos mecanismos que le den la confiabilidad de la que hoy carece y es letra muerta. Para la burocracia del INE garantizar el derecho a la identidad es inversamente proporcional a su espíritu de cuerpo y a sus sueldos que no tienen referencia en el mundo. El INE es aquí parte del problema, no de la solución porque lastima su esencia de reproducción de poder y su capacidad de negociar su altísimo presupuesto. Sirva decir que más del 35% de lo que recibe de la Cámara de Diputados en su presupuesto anual se va a la Credencial para Votar y toda la madeja burocrática que ello implica.

El país no necesita que se promueva que todos, tengan o no derecho a ello, cuenten con su credencial para votar, sino que estén los que deben estar. Ni más ni menos. En este esfuerzo, el gobierno de Tabasco será el estado piloto por la convicción que tiene de esa importante necesidad pendiente, el gobernador Adán Augusto López Hernández, que el Registro Nacional de Población ha tomado nota. El gobernador López Hernández ha reconocido – y coincido plenamente con él- la pericia técnica y la experiencia operativa de la Dra. Karla Cantoral Domínguez, titular del Registro Civil tabasqueño en este esfuerzo con la Federación, y una aliada de mucho tiempo atrás de la transparencia y la protección de datos personales. En esa lucha no debe haber dudas ni vacilaciones. Es tiempo de saldar esa deuda histórica y, por fortuna, existe la decisión de no ceder a las presiones del statu quo del INE que violentan el derecho a la identidad por anteponer su propio beneficio al interés superior de la nación.

@evillanuevamx

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