Educación: violencia, paros y balas.

Horacio Erik Avilés Martínez*

Hoy, las aulas amanecen vacías, por vacaciones, por un Consejo Técnico Escolar y porque esta semana nos arrebató la ilusión de que
las escuelas son espacios seguros. Dos maestras asesinadas. Un joven muerto en una barbería. Estudiantes sancionados por gritar al
mundo la violencia que los envuelve. Un magisterio en paro mientras el secretario de educación visita Uruapan. Todo en una semana y
en Michoacán.
Este viernes se realizará la Sesión 6 del Consejo Técnico Escolar. El de hoy ocurre en una bisagra peculiar: el primer día de
vacaciones para los alumnos coincide con el último día de trabajo formal para los maestros antes del asueto. Una paradoja que
condensa la semana más dolorosa que ha vivido la educación michoacana en lo que va del año.
La SEP propone doce temas para que los colectivos docentes elijan en cada sesión ordinaria: planeación didáctica, evaluación
formativa, vida saludable, estrategias para atender el rezago, trabajo con las familias, entre otros. Cada CTE construye su itinerario
con autonomía pedagógica. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿elegirán hoy los maestros de Michoacán hablar de evaluación formativa
o de cómo un adolescente de quince años ingresó armado con un fusil de asalto a una preparatoria de Lázaro Cárdenas y mató a sus
colegas? ¿Abordarán la planeación didáctica o el duelo colectivo que atraviesa a miles de docentes en el estado?
Las posibilidades son tres y todas inquietan. La primera: que el colectivo docente, agotado y golpeado, elija el silencio. La segunda:
que algunos maestros, con valentía y vocación, abran el espacio para procesar los casos de Lázaro Cárdenas y Contepec, para darle
nombre al miedo colectivo y diseñar respuestas. La tercera, la más urgente y la menos probable: que la Secretaría de Educación en
Michoacán convoque en el marco del CTE a anunciar extraordinariamente un protocolo de atención socioemocional de emergencia
para toda la comunidad docente estatal.
Por otra parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán anunció un paro de labores de 72 horas del
18 al 20 de marzo, sumándose a la jornada nacional que exigía una mesa de diálogo tripartita, incremento salarial, abrogación de la
Ley del ISSSTE de 2007 y cancelación de la reforma educativa. Desde la defensa de derechos, el cuestionamiento apunta a quién
asume el costo de cada paro: los niños y jóvenes michoacanos, especialmente los de las colonias populares, las comunidades
indígenas y las zonas de alta marginación, que pierden días de clase que nadie repone. En Michoacán, donde la violencia compite
palmo a palmo con el rezago educativo, cada día de aula perdido es un día que la calle gana.
Por si fuera poco, hoy, este mismo viernes 27 de marzo, el secretario de educación pública Mario Delgado visita Uruapan, ciudad que
vivió el magnicidio de Carlos Manzo. La fracción Poder de Base de la CNTE en Michoacán protestará contra su presencia.
Previamente, su negativa a participar en el paro nacional del 18 al 20 de marzo fue leída por algunos como señal de acercamiento al
gobierno, exacerbada por una fotografía de su líder en un acto gobiernista. La convocatoria de hoy sugiere lo contrario: que su
autonomía de acción responde a una lógica propia, ajena tanto al oficialismo como a las otras fracciones de la Coordinadora. O,
quizás, ahora necesita mostrar este rostro, ante la pérdida de legitimidad y las acusaciones de sumisión ante el gobierno.
Detrás de este paro hay violencias: la primera es la violencia de la omisión, porque mientras los niños de Uruapan necesitan escuelas
seguras, equipadas y con maestros presentes, Poder de Base busca presencia mediática. La segunda es la violencia contra el
derecho a aprender, porque cada paro, legítimo o cuestionable en sus formas, sustrae horas de formación a quienes menos margen
tienen para recuperarlas. La tercera es la violencia simbólica contra el cuerpo docente en su conjunto, porque en medio del duelo por
Tatiana y María del Rosario, una fracción magisterial decide que este es el momento oportuno para paralizar escuelas y bloquear
calles.
La protesta de hoy tampoco tiene como blanco real a Mario Delgado. Sus consecuencias las resienten los estudiantes michoacanos
que siguen esperando una educación que los proteja, los forme y los mantenga vivos.
El martes 24 de marzo, la comunidad educativa de Lázaro Cárdenas vivió una de sus jornadas más trágicas. Un estudiante de 15 años
ingresó armado a la Preparatoria Antón Makarenko y asesinó a balazos a dos profesoras. Nueve horas antes, el adolescente publicó
una serie de historias en su cuenta de Instagram: en la primera aparece vestido completamente de negro, posando con el fusil frente a
un espejo, con la misma ropa que utilizó para cometer el crimen. Las banderas rojas estaban ahí, visibles en el espacio digital donde
los jóvenes exhiben su vida, sus miedos y sus intenciones. Nadie las detectó a tiempo. Estaban en Instagram, en los foros de internet,
en la radicalización silenciosa de un adolescente que vivía en un puerto violento, con acceso a armas de uso militar y consumiendo
contenidos misóginos en plataformas digitales, ya que evidenció pertenecer a la comunidad denominada “incels” o “célibes
involuntarios”, un espacio digital, operando principalmente en redes sociales.
La autoridad tiene tareas urgentes e impostergables: emitir un protocolo de detección temprana de señales de riesgo en redes
sociales; coordinación efectiva con padres de familia para identificar el acceso de menores a armas de fuego; un programa de atención
socioemocional inmediata; revisión a fondo de los mecanismos de ingreso a planteles del nivel medio superior; formación docente en
detección de conductas de riesgo y, sobre todo, un plan estatal de salud mental escolar con intervención real, sostenida y financiada.
Las familias de María del Rosario y Tatiana merecen justicia. La comunidad educativa de Lázaro Cárdenas merece contención. Y
todos los estudiantes michoacanos merecen que esto se evite en el futuro.

Ese día, estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM) plantel Contepec presentaron una coreografía en
la que aparecieron encapuchados, con chalecos antibalas, ropa táctica y réplicas de fusiles de asalto. La rutina incluyó carteles con
fotografías de alcaldes michoacanos asesinados: Carlos Manzo de Uruapan, Yolanda Sánchez Figueroa de Cotija, Enrique Velázquez
Orozco de Contepec y César Arturo Valencia de Aguililla. Cada vez que se mostraba la imagen de un edil con la leyenda “asesinado”,
los bailarines simulaban disparar. Hacia el final de la presentación se reprodujo un audio de la Presidenta de México donde exponía el
Plan Michoacán afirmando que la paz se construye con justicia y con diálogo. La voz oficial fue recibida con chiflidos. El acto cerró con
la aparición de una joven vestida de blanco con alas de paloma, ante quien los supuestos sicarios cayeron al suelo.
Esto dista de ser apología del delito. Esto es arte político adolescente que interpela al Estado. Los jóvenes de Contepec crecieron en
un municipio que perdió a su propio presidente municipal asesinado cuando ellos cursaban la primaria. Conocen la violencia y la
representaron con cuerpos, música y símbolos porque la educación artística les otorga ese poder: el de nombrar lo que les duele, el de
hacer visible lo que los adultos prefieren ignorar. El arte incomoda.
La Dirección General del COBAEM expresó su desacuerdo con el uso de armas simuladas y cualquier puesta en escena que pudiera
interpretarse como apología del delito. Al mismo tiempo, reconoció la libertad de expresión de estudiantes y docentes, pero exhortó a
priorizar contenidos que promuevan valores positivos. Aunque el grupo resultó ganador a nivel local, la institución determinó que
quedaría excluido de la etapa estatal. Hasta ahí, el comunicado podría interpretarse como torpe.
En cambio, la circular emitida por la dirección general a los maestros, en la que se les cita el Código Penal en materia de apología del
delito como advertencia es un acto de intimidación institucional que merece un rechazo inequívoco. Citarle el código penal a un
docente que acompañó a jóvenes en la creación de una obra artística crítica es una amenaza, lisa y llanamente. Es coartar la libertad
de expresión. Es criminalizar el arte de menores de edad en lugar de asomarse con empatía a una ventana al alma de una generación
que convive con la muerte.
¿Por qué estos jóvenes eligieron ese tema? ¿Qué les dice a los directivos que sus estudiantes eligieron escenificar asesinatos de
alcaldes? La respuesta correcta es escucharlos, acompañarlos socioemocionalmente y protegerlos con políticas públicas. Una circular
amenazante es exactamente lo contrario.
El 25 de marzo, un ataque armado en Morelia en una barbería culminó con un joven estudiante asesinado, Iván. Nunca sabremos si
fue la exigencia de cortarse el cabello en la escuela el efecto mariposa que terminó con su vida. La violencia en los suburbios de
Morelia trasciende la seguridad pública: es un problema educativo de primer orden que exige respuestas institucionales.
Pero, “como sociedad, este hecho nos debe llevar a reflexionar sobre la atención y la educación que les brindamos a los adolescentes
para garantizarles un mejor futuro”, dijo el gobernador de Michoacán, ante el asesinato de las maestras en Lázaro Cárdenas
Señor Gobernador: esas palabras son exactas. Y por eso se le pide que las dirija también hacia su propio gabinete. La reflexión que
usted convoca debe trascender el espacio de “la sociedad” como sujeto difuso: La sociedad carece de atribuciones para diseñar los
protocolos de salud mental escolar, para proteger y actualizar a los docentes en detección de riesgo. La sociedad es incapaz de
construir los sistemas de alerta temprana e implementar medidas de seguridad escolar.
Pida cuentas sobre cuántos planteles en Michoacán cuentan hoy con protocolo activo de atención psicosocial, sobre cuántos maestros
de Lázaro Cárdenas, Contepec o Morelia han recibido formación en prevención de violencia escolar en este ciclo, acerca de cuántos
estudiantes que viven en zonas de alta incidencia delictiva tienen acceso real a orientación vocacional, trabajo comunitario o
actividades extraescolares que les amplíen el horizonte de posibilidades más allá de la calle. Que le rindan cuentas. Nosotros
atestiguaremos.
Esta semana, Michoacán demostró que sus jóvenes están atrapados entre la violencia criminal externa, la radicalización digital interna,
la expresión artística criminalizada y el abandono institucional sistemático. Esto trasciende los comunicados y las condolencias. Es un
problema de política pública educativa, la cual no está a la altura de la emergencia. ¡Merecemos un Gobierno Educador!

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.