Educación: del centro a la periferia

Horacio Erik Avilés Martínez*
Hay momentos en la historia de un país en los que el sistema educativo se cimbra por el impulso de sus
transformaciones. En ocasiones, los movimientos, si bien parecen imperceptibles, generan esperanza de cambios de
gran calado. En febrero de 2026 se tomaron decisiones en la agenda nacional —la reforma a la ley de inclusión, el
nombramiento de una poeta indígena al frente de los libros de texto, el acuerdo entre la SEP y la CFE para electrificar el
saber, y el lanzamiento del Mundialito Escolar— que, por sí solos, quizás no gravitan demasiado, pero que entreverados
configuran una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar. Pero la confluencia de medidas sin vigilancia social es
solo buen deseo.
Es importante comenzar diciendo que incluir no es integrar: ha llegado una reforma que nos obliga a repensar el aula.
Durante décadas, el sistema educativo mexicano confundió dos verbos que parecen sinónimos pero que son
radicalmente distintos: integrar e incluir. Integrar significa poner a un niño con discapacidad dentro de un salón que no
fue diseñado para él y esperar que se adapte. Incluir significa transformar ese salón —y a quienes están en él— para que
la diversidad sea la norma y no la excepción. La reciente reforma al artículo 57 de la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes nos dice, con la contundencia de la ley, que la escuela tiene que aprender a moverse al
ritmo de sus estudiantes, y no al revés.
Esta distinción es mucho más que simple maquillaje político o retórica, porque ya implica presupuesto, formación
docente y, sobre todo, implica una decisión cultural de aceptar que la diversidad cognitiva, física y sensorial es el estado
natural de cualquier comunidad humana. Para estados como Michoacán, donde la exclusión llega por partidas múltiples
—por condición de discapacidad, por violencia y por geografía—, esta reforma es la oportunidad de saldar una deuda
que se ha acumulado por generaciones en los rincones más olvidados de la Meseta Purépecha, del Oriente y la Tierra
Caliente.
Sin embargo, el papel aguanta todo, hasta castillos en el aire y discursos grandilocuentes. Una reforma sin recursos es
un decreto de buenas intenciones, un cheque de saliva. La inclusión real tiene un precio concreto: intérpretes de lengua
de señas frente a grupo, materiales en Braille, rampas que reemplacen escalones, especialistas psicopedagógicos que
acompañen al docente y no solo que diagnostiquen desde la oficina. No podemos pedirle a un maestro que atienda a
treinta niños con necesidades educativas diversas si solo le damos el mandato de hacerlo, pero no las herramientas para
lograrlo. La inclusión que no tiene soporte institucional no es inclusión; es simulación con rostro bondadoso y, por ende,
doblemente perversa.
Lo que México necesita ahora es que esta reforma se convierta en presupuesto etiquetado, en programas de formación
obligatorios para el magisterio y en una auditoría ciudadana que mida si las aulas de 2027 son realmente más accesibles
que las de 2025. De lo contrario, habremos celebrado una ley y abandonado a los niños que debía proteger.
Por otra parte, se dio la designación de una poeta indígena al frente de la conformación y actualización de los libros de
texto gratuitos de esta nación, después de un halo de corrupción y abusos institucionales. El nombramiento de Nadia
López García como directora general de Materiales Educativos (DGME) de la SEP es una señal que no debemos
subestimar. Por primera vez en la historia de nuestro sistema educativo, una mujer que escribe en mazateco —que
piensa el mundo desde una lengua que el Estado mexicano consideró durante siglos un obstáculo para el "progreso"—
será quien decida qué conocimientos y qué voces llegarán a los 25 millones de niños que cada mañana abren un libro de
texto gratuito.
Para Michoacán, un estado que late en purépecha, otomí, náhuatl y mazahua, este relevo en la cúspide de la política
editorial es un acto de justicia pedagógica que esperamos se traduzca en realidad. Durante décadas, los libros de texto
fueron diseñados desde un escritorio en el centro del país, con una visión monocultural que relegaba a los pueblos
originarios al capítulo folclórico, al recuadro de "sabías que", a la ilustración de traje típico. Esos libros, mucho más que
reflejar a los niños de la Cañada de los 11 Pueblos o de la Sierra Costa los convertían en piezas de museo dentro de su
propia historia.

La pertinencia cultural en la educación es un derecho fundamental, mucho más que un lujo pedagógico, una concesión
identitaria o un cliché pleno de apropiación cultural. Un niño que aprende a leer en una lengua que no es la suya, con
personajes y contextos que no reconoce, tiene dificultades cognitivas adicionales, aprende en “modo difícil”, a la par
que pierde algo más profundo: el derecho a comprender el mundo desde su propia cosmovisión. La escuela que ignora
la lengua materna de un estudiante le está robando, silenciosamente, una parte de su pensamiento.
Sin embargo, este es el primer paso: colocar a una lideresa organizacional al frente de una dependencia saqueada y
sumida en una profunda crisis interna. El reto de esta nueva dirección es monumental. No basta con cambiar la autoría
intelectual de los materiales si la logística de distribución sigue fallando, si los libros llegan después del primer bimestre
o si los docentes no tienen la formación para usar estos materiales como puentes interculturales y no como folletines de
traducción. El cambio más importante no es el que ocurre en la portada de un libro; es el que ocurre en el diálogo entre
un maestro y un niño que, por primera vez, se ve a sí mismo reflejado en sus páginas.
Y, sobre todo, más allá de hacer caminar a la DGME, las niñas, niños y jóvenes en México siguen requiriendo lo mínimo
indispensable: aulas dignas, maestros con condiciones para generar aprendizajes, un entorno pacífico y libre de
violencia, escuelas inclusivas y, también, materiales educativos que los maravillen y les permitan conocer el universo, su
comunidad y a sí mismos.
Por otra parte, hay verdades que duelen por su sencillez: en México existen telesecundarias donde los alumnos no
pueden ver bien la televisión porque la corriente eléctrica es irregular. Hay telebachilleratos donde la computadora que
donó el gobierno lleva tres años guardada en un cuarto porque no hay enchufe funcional. Hay escuelas primarias donde
el calor de la sierra o de la tierra caliente es insoportable porque no hay ventilador y, hay comunidades educativas de
membrete, en donde la oscuridad cierra el horario escolar antes de que el aprendizaje cierre su ciclo.
En ese contexto, el acuerdo entre la SEP y la Comisión Federal de Electricidad para dotar de infraestructura eléctrica y
conectividad digital a los planteles del país constituye mucho más que una noticia tecnológica o un acuerdo comercial,
por lo que debe ser concebida como una noticia de derechos humanos. La brecha digital es la nueva cara de la
desigualdad educativa, y esa brecha se construye ladrillo a ladrillo cada vez que el Estado falla en garantizar las
condiciones mínimas para que el aprendizaje ocurra.
Un joven en la Sierra-Costa de Michoacán no puede tener menos acceso al conocimiento que un joven en Polanco
simplemente porque el tendido eléctrico nunca llegó a su comunidad. Si aspiramos a hablar de excelencia educativa,
primero tenemos que garantizar que las condiciones materiales del aprendizaje sean dignas y equitativas. La educación
del siglo XX se construye sobre una base material que permita que el ingenio de nuestra juventud no tenga límites
técnicos impuestos por la pobreza del entorno.
Lo que ahora necesitamos es que este convenio se ejecute priorizando donde más duele la ausencia del Estado, y que la
energía que llegue no se apague a los seis meses por falta de mantenimiento. Conectar una escuela es abrir una ventana
al mundo. Pero esa ventana debe mantenerse abierta mientras haya un niño, una niña o un joven en edad escolar en
cada comunidad.
Así también, en un país donde la violencia y el reclutamiento forzado siguen siendo una amenaza real para la niñez y la
adolescencia en múltiples regiones, recuperar la escuela como espacio de esparcimiento seguro es una estrategia de
seguridad pública tanto como de pedagogía. El lanzamiento del Mundialito Escolar 2026 debe ser leído en clave de salud
mental, de prevención social y de reconstrucción del tejido comunitario.
El deporte es educación en movimiento. Cuando un niño aprende a jugar en equipo, está aprendiendo a resolver
conflictos, a respetar reglas, a tolerar la frustración y a celebrar el esfuerzo colectivo. Cuando una niña descubre en la
cancha su capacidad de liderazgo, está construyendo la autoestima que nadie le podrá quitar. El juego es,
frecuentemente, un gran vehículo para que el aprendizaje suceda.
Para que el Mundialito tenga el impacto que promete, sin embargo, necesita de varios factores que hoy no están
garantizados: canchas dignas en las escuelas donde se jugará, estudiantes bien comidos, en paz y concentrados en vivir

y disfrutar el deporte, entrenadores que también sean guías de vida y, un sistema que permita que el talento deportivo
detectado en estas competencias abra puertas académicas y no solo deportivas.
El objetivo de un Mundialito escolar jamás debería ser producir campeones, sino que, el deporte y los valores que
infunde su práctica sistemática sea el pretexto para que los estudiantes descubran razones para alcanzar trayectorias
educativas completas y ser ciudadanos de bien.
La agenda educativa nacional que dejó febrero de 2026 es, en conjunto, una agenda de derechos. Pero los derechos se
cumplen cuando la ciudadanía los exige, los mide y los defiende, con la colaboración plena de las autoridades para tales
efectos. Nuestra tarea no termina en aplaudir las reformas; empieza en asegurarnos de que lleguen al aula que más las
necesita, porque su relevancia se magnifica conforme la distancia entre centro y periferia se recorre con justicia social.

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.