De Primera Mano/Rodulfo Reyes Aguilar

Amenaza a periodistas, reto al Estado mexicano   

El amago de una organización criminal a medios y periodistas radicados en el corazón político del país llama la atención porque es la primera vez que un cartel de las drogas se mete con periodistas de la Ciudad de México, en lo que representa un abierto reto al Estado mexicano.   

En los hechos, los muertos del periodismo los ha puesto, en su mayoría, la provincia: el de Manuel Buendía Tellezgirón, ocurrido en 1984, fue el último asesinato de un comunicador perpetrado en la capital mexicana. Desde entonces no ha sido atacado ningún informador en esa selva de asfalto.    

(En 2015 fue victimado en la CDMX el fotoreportero Rubén Espinoza Becerril, originario de Veracruz, quien salió huyendo de ese estado por amenazas por su labor informativa, por lo que su caso tuvo su origen en tierras sureñas.   

Todos los colegas que han caído bajo las balas del crimen organizado se desempeñaban en medios del interior del país.    

Por eso sorprende que un grupo delictivo se haya atrevido a amenazar a empresas editoriales establecidas en la Ciudad de México, y a una periodista que trabaja para una radiodifusora nacional.   

La osadía de hacer público el mensaje dirigido a medios y periodistas advierte la gravedad del caso: un atentado contra ‘mensajeros’ asentados en el sitial político de México le repercutiría al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.   

Acaso por el eso el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, salió a decir ayer mismo que «ante las amenazas a medios de comunicación por parte del CJNG, el gobierno federal tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados”.   

“Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos», aseguró.   

El origen de la amenaza es la cobertura que se le da al enfrentamiento entre grupos rivales en Michoacán.   

El grupo delictivo que amagó a periodistas se queja de que dichos medios “no son parejos” en sus notas informativas, pues al grupo rival los comunicadores lo identifican como de “autodefensas”, cuando en realidad son criminales.   

La periodista Azucena Uresti es la señalada directamente: “(…)donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes, yo no soy cobracuotas ni extorsiono”.   

A simple viste parece que la política de seguridad del gobierno de López Obrador, por blanda,ha provocado que organizaciones criminales se sientan con el poder de desafiar al propio Estado mexicano.   

Si el grupo cumple sus palabras, la responsabilidad por omisión recaería en las autoridades mexicanas por su estrategia de “abrazos, no balazos”.   

En síntesis, además de lidiar con las descalificaciones del jefe del Estado mexicano, ahora los periodistas tienen que cuidarse de esa hidra de siete cabezas.   

De inmediato, periodistas y políticos exigieron una sola voz protección para Uresti, la única señalada directamente por el grupo criminal.   

Salvo la postura del vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, hasta la hora de redactar esta columna ninguna autoridad mexicana había informado si se ha iniciado alguna investigación de oficio para salvaguardar la integridad de los comunicadores.   

Desde este espacio provinciano, el reportero se solidariza Azucena y los trabajadores de los otros medios que también fueron amagados, y le pide al gobierno mexicano que active el mecanismo de protección para periodistas amenazados.