Columna descomplicado/ Jorge Robledo

Según datos de la Asociación Civil Foro Penal, en Venezuela hay más de 800 presos políticos; en su portal citan 804 (hasta el 11 de enero pasado), entre los que se encuentran 172 militares, 102 mujeres y un adolescente.

Venezuela, junto con Cuba y Nicaragua, suma la mayor cantidad de presos políticos en Latinoamérica. De manera conservadora, se calcula que en la región hay más de 3 mil 500 presos políticos, en pleno siglo XXI. Después de la detención de Nicolás Maduro por parte del ejército de Estados Unidos, el mundo empieza a conocer a detalle casos de presos políticos que el régimen chavista intentó silenciar y dejar en el olvido por ser voces críticas al sistema, adjudicándoles presuntos delitos como conspiración, intento de golpe de Estado, incitación al odio y terrorismo.

En la última semana, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la excarcelación de un número importante de presos políticos, y su gobierno lo vendió como una medida dirigida a colaborar en el esfuerzo de la unión nacional, cuando en realidad forma parte de las exigencias del gobierno de Estados Unidos. Entre los presos políticos liberados destacan Biaggio Pilieri, coordinador nacional del partido Convergencia Venezuela; Aracelis Balza, dirigente del movimiento Vente Venezuela en el municipio Rafael Rangel, estado Trujillo; Rocío San Miguel, abogada venezolana-española, reconocida activista de Derecho Internacional y Derechos Humanos, presidenta de la asociación civil Control Ciudadano; Enrique Márquez, exdiputado; Larry Osorio, sargento acusado por los delitos de instigación al odio y terrorismo; así como Miguel Moreno Dapena, periodista de las Islas Canarias.

Aunque pareciera letra muerta, el derecho internacional no define de forma explícita el concepto de preso político, pero prohíbe la detención arbitraria y exige juicios justos, basándose en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), para proteger la libertad de expresión y asociación, y condenar detenciones sin causa legal, la falta de debido proceso o los motivos políticos disfrazados, elementos clave para identificar un caso de preso político. La realidad es que, en el mundo al revés que vivimos, los derechos humanos han quedado reducidos a cenizas. El nuevo orden mundial se dibuja ante nuestros ojos, en tiempo real, donde no cabe el derecho internacional y las instituciones que antes fungían como árbitros, como la ONU, hoy son un cero a la izquierda ante la ley del garrote de potencias como Estados Unidos, Rusia o China. Max Weber definió bien el poder como la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia.

Hace más de un siglo, Porfirio Díaz (presidente de México de 1884 a 1911) comprendió muy bien lo que significaba ser vecinos de un país tan poderoso, y lo dejó plasmado en la frase: “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”, refiriéndose a la vulnerabilidad de México ante la influencia económica, política y militar de su vecino del norte, lo que también aplica para Latinoamérica.

En la época moderna, el expresidente Andrés Manuel López Obrador modificó la frase, intentando darle un significado más alentador: “Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos”, sugiriendo una relación más equilibrada y de cooperación. ¿Será?