Columna Descomplicado/Jorge Robledo

La otra lista

El ecosistema digital que ahora denuncia Luisa María Alcalde es el mismo que amplificó durante un sexenio el discurso de polarización del expresidente Andrés Manuel López Obrador entre chairos y fifís, buenos y malos, pobres y ricos.

La consejera jurídica de la Presidencia no descubrió el hilo negro. Sabe que los actores políticos en el mundo juegan en esa cancha, incluidos los estrategas de la Cuarta Transformación: amplifican los mensajes que les convienen para impulsar sus narrativas.

El problema de Luisa María Alcalde fue meter en la misma bolsa a medios de comunicación, comunicadores y periodistas con políticos y estrategas en redes sociales adversarios del régimen en el poder, porque hizo parecer que todos están coludidos.

Esa es la razón por la que en redes sociales se interpretó como una “lista negra” de medios y comunicadores. Sería ingenuo pensar que no sucedería.

Alcalde colocó en el paredón a todos por igual, incluso desde su discurso en la conferencia (mal llamada) Derecho de réplica, donde inició afirmando —de manera textual—: “Dichos falsos que se mantienen cada semana en diferentes medios de comunicación, en espacios de redes sociales”.

En su conferencia identificó 54 cuentas en X (antes Twitter) de medios de comunicación y comunicadores, a quienes llamó “opinadores”, puntualizando que ellas y ellos son los generadores de los mensajes. ¿Qué mensajes?

Los de interés público y que se priorizan en la agenda nacional: presuntos vínculos de gobernadores con el crimen organizado, huachicol fiscal, peticiones de extradición por parte de Estados Unidos de políticos —al parecer— vinculados con grupos criminales, el retiro de la visa a un hijo del expresidente López Obrador, entre otros. ¿Es información falsa?

Lo que suceda en una segunda, tercera o cuarta capa no es responsabilidad directa de medios de comunicación ni de las o los comunicadores, periodistas, analistas y líderes de opinión en México.

Lo paradójico del tema es que, como cita el Dr. Ernesto Villanueva, director jurídico de la revista PROCESO (en entrevista con la OEM): “No existe ninguna ley que expresamente le dé facultades a la Consejería Jurídica para sistematizar la información de particulares”. Y va más allá: explica que, en la propia Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en marzo de 2025, ya en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, las opiniones políticas son un dato sensible.

Lo contradictorio es que el gobierno responsable de hacer cumplir las leyes sea el primero en violar la ley de datos personales.

Lo que ahora alarma a Luisa María Alcalde fue una práctica permanente de su líder moral, López Obrador: él arremetía contra una o un periodista y sus incondicionales, personajes con canales de YouTube u otras redes sociales con millones de seguidores, hacían el resto.

Pero el expresidente fue más allá del ecosistema digital. En la práctica del abuso del poder, presionó para que diversos periodistas y analistas críticos salieran de medios de comunicación masiva; las empresas argumentaron ajustes internos o fin de ciclos para sobrevivir.

No estamos viviendo buenos tiempos para la libertad de expresión en México”, dijo Luis Cárdenas al despedirse de su informativo en MVS (7 de agosto de 2026).

Es la otra lista, la de AMLO, de periodistas y columnistas obligados a dejar sus espacios durante su sexenio (2018-2024).

Azucena Uresti, Carlos Loret de Mola, León Krauze, Javier Solórzano, Carlos Marín, Ana Paula Ordorica, Sergio Sarmiento, Ricardo Rocha, Ricardo Alemán, Federico Berrueto, Carlos Ramos Padilla, Roberto Blancarte, Fernanda de la Torre, Juan Miguel Alcántara Soria y Martín Moreno-Durán, entre otros. Las empresas argumentaron ajustes internos o fin de ciclos.

La lista es larga.