Cien aprendizajes colectivos del ciclo escolar/Erik Avilés

Cien aprendizajes colectivos del ciclo escolar

El ciclo escolar 2024-2025 en Michoacán quedará marcado en la memoria colectiva como un periodo profundamente irregular, fragmentado por factores que van más allá de lo puramente educativo: violencia, inseguridad, fenómenos naturales, conflictos gremiales, rezagos históricos en infraestructura y barreras para el aprendizaje y la participación escolar se entrelazaron para interrumpir de manera recurrente el derecho fundamental de niñas, niños y jóvenes a recibir educación plena, segura y continua.

Aunque las autoridades educativas han proclamado discursos de “ciclo escolar completo”, las evidencias periodísticas, los testimonios magisteriales y los datos recabados en campo confirman una realidad muy distinta: decenas de días de clase perdidos, miles de alumnos sin clases, docentes desplazados o amenazados, comunidades enteras sometidas al miedo y planteles educativos abandonados o bajo condiciones precarias.

Pero de cada crisis surge también la posibilidad de aprender y transformar. Identificamos cien aprendizajes colectivos surgidos del ciclo escolar 2024-2025 en Michoacán, que buscan contribuir en la toma de decisiones de política pública para evitar repetir los mismos errores y para garantizar que el ciclo escolar siguiente sea más garantista de los derechos a estar, aprender y participar en las escuelas de todas las niñas, niños y jóvenes en Michoacán, a la vez que más sólido, más equitativo y humano.

1. Seguridad, Violencia y Contexto Social.

1. La violencia y la inseguridad son factores determinantes que interrumpen el derecho a la educación.
2. La violencia social externa tiene un impacto directo en el entorno escolar.
3. La normalización de la violencia en las escuelas es una emergencia educativa.
4. La inseguridad es un determinante directo del acceso a la educación y requiere estrategias pedagógicas adaptadas.
5. La protección a docentes y estudiantes debe ser prioridad.
6. El miedo es un enemigo silencioso de la educación.
7. Que la violencia y el crimen organizado son causas reales y frecuentes de interrupción escolar.
8. Tras eventos violentos aumentan el ausentismo y el abandono escolar.
9. El impacto psicológico en la comunidad educativa tras episodios violentos es profundo y duradero.
10. La seguridad del docente es indispensable para el derecho a aprender.
11. La comunidad educativa requiere atención psicoemocional tras eventos traumáticos.
12. Que, sin condiciones socioeducativas ni seguridad, los estudiantes pierden oportunidades de aprender.
13. Los discursos oficiales suelen invisibilizar los días perdidos por violencia.
14. Que las becas, si bien abonan, no garantizan que todas las niñas, niños y jóvenes estén, aprendan y participen en las escuelas.
15. La rectoría de la educación sigue en disputa con grupos fácticos y delincuencia organizada.
16. Que los apoyos sociales existentes no solucionan el problema de la inseguridad.
17. Que los protocolos de seguridad escolar son insuficientes ante el poder de grupos armados.

2. Infraestructura, Entorno Físico y Vulnerabilidad.

18. La infraestructura educativa sigue siendo insuficiente y vulnerable.
19. La importancia de infraestructura resiliente ante emergencias naturales y humanas.
20. Michoacán se encuentra en una zona de alta incidencia climática y sísmica, lo cual exige protocolos específicos.
21. La infraestructura irregular (escuelas sin clave o en predios irregulares) afecta derechos educativos.
22. Las obras públicas deben considerar rutas escolares seguras.
23. Que la infraestructura escolar no está blindada ante emergencias.
24. Las escuelas rurales enfrentan condiciones más precarias que las urbanas.
25. El rezago en infraestructura, equipamiento, mantenimiento preventivo y correctivo es histórico y profundo.
26. La desigualdad territorial agudiza la precariedad de la infraestructura educativa.
27. Muchos planteles carecen de servicios básicos (agua, drenaje, electricidad, drenaje, Internet).
28. La falta de mantenimiento deja vulnerables a los planteles ante lluvias, sismos o vandalismo.
29. La infraestructura es también un factor que influye en el abandono escolar.
30. Que las aulas móviles, “de palitos” o improvisadas siguen existiendo en comunidades marginadas, incluso en la capital del estado.
31. La infraestructura debe diseñarse considerando accesibilidad y seguridad para personas con discapacidad.
32. No existe un inventario público y actualizado de planteles dañados o inseguros, mucho menos, una ruta de mejora individualizada para cada escuela en esta situación.

3. Gestión, Gobernanza y Transparencia.

33. La gestión administrativa requiere mayor transparencia y eficacia.
34. La simulación oficial de un ciclo escolar “completo” no refleja la realidad.
35. Que la SEE no publica datos sistemáticos de incidencias.
36. La rendición de cuentas debe ser clara respecto a días de clase efectivamente cumplidos, grupo por grupo y escuela por escuela.
37. La fragmentación sindical y los conflictos gremiales afectan la estabilidad escolar.
38. Que la rectoría educativa está debilitada por intereses gremiales y políticos.
39. La corrupción sigue drenando recursos fundamentales para la educación, especialmente en la nómina magisterial.
40. Que la comunidad educativa no confía plenamente en las autoridades educativas.
41. La federalización de la nómina educativa es clave para igualdad de condiciones laborales.
42. Que no existe un protocolo estatal unificado para notificar suspensiones.
43. La documentación sistemática de incidencias es fundamental para la mejora continua.
44. La evaluación constante de protocolos permite ajustarlos con base en evidencia.
45. Los sistemas de monitoreo de incidencias deben ser públicos y accesibles.
46. Que las suspensiones oficiales no deben confundirse con paros o cierres no autorizados.
47. La comunicación oficial debe ser honesta y basada en evidencias.
48. La respuesta a emergencias educativas exige coordinación interinstitucional ágil y transparente.

4. Docentes y Condiciones Laborales.

49. La falta de maestros sigue limitando la cobertura educativa y los derechos de las niñas, niños y jóvenes.
50. La seguridad laboral de los docentes es fundamental para mantener los servicios educativos operando.
51. El magisterio requiere mayor respaldo en zonas de riesgo.
52. La unidad del magisterio es necesaria para fortalecer la educación.
53. La formación docente especializada es clave para enfrentar contextos violentos.
54. La capacitación continua es indispensable para atender crisis.
55. Que los docentes necesitan herramientas psicoemocionales para manejar el trauma propio y de sus alumnos.
56. La sobrecarga administrativa debilita la labor docente y genera burnout.
57. Que la rotación constante de maestros es multifactorial y afecta la estabilidad escolar.
58. Que hay un déficit de maestros especializados (educación especial, inglés, tecnología).
59. Que los docentes en zonas rurales trabajan en condiciones de mayor precariedad y requieren apoyo coordinado.
60. Que el docente es frecuentemente quien carga con la gestión de emergencias sin apoyo institucional.

5. Pedagogía, Currículo y Procesos Educativos.

61. La educación es un derecho humano fundamental que requiere compromiso real y recursos suficientes.
62. Que la educación en Michoacán sigue siendo rehén de factores externos.
63. La necesidad de flexibilidad curricular ante emergencias, para asegurar los aprendizajes mínimos esperados.
64. Los eventos disruptivos exigen la capacidad de adaptarse a modalidades híbridas o virtuales como alternativa de emergencia.
65. La educación virtual no siempre es viable por falta de conectividad o recursos.
66. Que los aprendizajes no recuperados tras suspensiones aumentan la desigualdad educativa.
67. Que el eje cardinal de los derechos educativos lo constituye el derecho a aprender, el cual no está garantizado, visibilizado ni evaluado.
68. Que el rezago educativo se profundiza tras cada ciclo interrumpido.
69. Que la falta de materiales didácticos adecuados limita la respuesta educativa en crisis.
70. Que la evaluación debe ajustarse a las realidades contextuales de cada región.
71. Que la educación rural demanda metodologías específicas y diferenciadas.
72. Que la calidad educativa no puede medirse solo por la cobertura, ni mucho menos por el cumplimiento de compromisos en la agenda magisterial.
73. La importancia de incorporar la educación en gestión de riesgos en el currículo.
74. La alfabetización digital debe ser parte del currículo para enfrentar crisis futuras.
75. Que se requiere separar la agenda magisterial de la agenda educativa, para conformar política pública magisterial y política pública educativa.
76. Que los aprendizajes socioemocionales son tan importantes como los académicos.
77. Que la educación artística y deportiva se reducen drásticamente en ciclos escolares interrumpidos.

6. Familias, Comunidad y Sociedad Civil.

78. La participación social es clave para denunciar y prevenir incidencias.
79. La participación comunitaria es esencial en la gestión de riesgos educativos.
80. Que la sociedad civil es clave para defender el derecho a la educación.
81. Las familias deben ser informadas de protocolos y decisiones educativas.
82. La confianza familia-escuela se ve fracturada por la inseguridad.
83. Que los padres necesitan apoyo para manejar el estrés derivado de crisis educativas.
84. Que la corresponsabilidad familia-escuela se debilita cuando la autoridad es poco transparente.
85. Que las comunidades organizadas logran mejores respuestas ante emergencias.
86. Que las redes comunitarias pueden suplir, parcialmente, carencias institucionales y defender los derechos de niñas, niños y jóvenes.
87. Que la comunidad educativa necesita herramientas para verificar información y evitar rumores.
88. Que las familias pobres son las más afectadas por interrupciones escolares, trastocando sus aspiraciones y derechos a alcanzar la movilidad social.
89. Que la migración interna o externa aumenta por la inseguridad, fragmentando comunidades escolares.
90. Que la movilidad social se frena drásticamente cuando la escuela se interrumpe.

7. Información, Tecnología y Comunicación.

91. La comunicación oportuna y clara es crucial para evitar pánico y desinformación.
92. La coordinación con medios de comunicación es clave para manejar la narrativa pública.
93. Que la información oficial debe ser sencilla y adaptada a comunidades diversas.
94. Que los medios pueden ser aliados o factores de alarma social.
95. Que la tecnología es indispensable para mantener la continuidad educativa en crisis.
96. Que persisten enormes brechas digitales en Michoacán y no hay políticas públicas que estén atendiendo la problemática con a intensidad, recursos ni cobertura suficientes.
97. Que el mensaje de las autoridades debe ser veraz, franco, honesto, transparente, comprometido y congruente con la defensa de los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes.
98. Que se requieren recursos específicos para digitalización y educación a distancia.
99. Que las plataformas educativas estatales tienen baja penetración real.
100. Que la documentación digital de incidencias debe integrarse en los sistemas de gestión educativa.

En suma, el ciclo escolar 2024-2025 en Michoacán expuso con crudeza que el derecho a la educación sigue siendo vulnerable ante múltiples amenazas: violencia, desigualdad territorial, deficiente infraestructura, tensiones gremiales y falta de datos transparentes. Ningún ciclo escolar puede considerarse completo si miles de niños y jóvenes quedan excluidos o asisten a aulas donde el miedo es más fuerte que el aprendizaje.

Los cien aprendizajes aquí recopilados demuestran que existen soluciones posibles. Cada problemática sugiere rutas de atención, muchas de ellas técnicas, otras políticas, y todas urgentes. No bastan discursos optimistas ni estadísticas maquilladas: se requiere voluntad política, presupuesto suficiente y, sobre todo, compromiso ético para poner a la niñez y juventud en el centro de las decisiones.

La educación en Michoacán no puede seguir siendo rehén de factores externos ni de inercias burocráticas. Las autoridades deben asumir, sin simulaciones, que garantizar el ciclo escolar completo implica seguridad, infraestructura adecuada, docentes protegidos, datos públicos y políticas educativas proactivas.

Sea la presente entrega una invitación a que las lecciones aprendidas de este ciclo escolar no queden archivadas ni se conviertan en anecdotario. Son la base para diseñar una política educativa transformadora que asegure que cada ciclo escolar sea, efectivamente, completo, digno y protector de derechos.