Café para Todos/Alberto Carbot

 CIUDAD DE MÉXICO, a 21 de junio de 2017.-Las relaciones entre el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y el gremio periodístico alcanzaron este año su punto más álgido, luego de que el diario estadounidense The New York Times, aseguró que el gobierno mexicano supuestamente usó tecnología de una empresa israelí para espiar a algunos activistas y periodistas.

De acuerdo con el diario neoyorkino, del cual el empresario Carlos Slim es accionista mayoritario -quien por cierto ha sido objeto de recriminaciones del presidente Donald Trump, que lo ha responsabilizado de orquestarle campañas informativas en su contra-, al menos 3 agencias federales mexicanas destinaron desde hace 6 años 80 millones de dólares para comprar programas de espionaje a una empresa israelí, para utilizarse exclusivamente en investigaciones criminales o estrategias antiterroristas

Entre los afectados por esta tentativa de acceder ilegalmente a sus telefonemas y mensajes, figuran entre otros la comentarista Carmen Aristegui y el periodista Carlos Loret de Mola, así como defensores de derechos humanos Mario Patrón, del Centro Prodh, y Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El señalamiento ya fue refutado por el gobierno federal, a través del director general de Medios Internacionales de la Presidencia, Daniel Millán, quien argumentó que no existen pruebas de que las dependencias del gobierno se encuentren involucradas en esta práctica.

Este lunes, el propio secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong -al concluir la reunión del gabinete de Seguridad en Sinaloa-, indicó que de existir elementos, se presente la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de que ésta realice la investigación correspondiente y determine si hay algún elemento al respecto. Osorio Chong rechazó que por parte del gobierno se utilice cualquier instrumento para seguimiento y espionaje de algún medio de comunicación o defensor de los derechos humanos u ONGs.

El reportaje del New York Times titulado “Somos los nuevos enemigos del Estado: el espionaje a activistas y periodistas en México”, indica que en momentos en que se abordaban temas sensibles -como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, las ejecuciones de Tlatlaya, la investigación sobre la llamada “Casa Blanca”, la “Ley 3de3” o el reetiquetado frontal de las bebidas azucaradas-, se trató de escrutar sus conversaciones mediante el envío de mensajes valiéndose de “Pegasus”, un software malicioso que permite infiltrarse en teléfonos inteligentes, que no sólo rastrea correos, llamadas y mensajes de redes sociales, sino también usa la cámara y el micrófono del celular para vigilarlo, en tanto el aparato esté encendido.

NSO Group, la compañía que desarrolló este programa, lo vendió exclusivamente a gobiernos con la condición de que sólo fuese utilizado contra terroristas o cárteles de la droga. Sin embargo, según el diario, fue aprovechado también para espiar a opositores, activistas y periodistas.

Tras la revelación, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, condenó los hechos y declaró que “quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos o quienes ejercen el periodismo deben más que nunca estar alerta ante la posibilidad de estar siendo vigilados por el gobierno”.

Recordó asimismo que la denuncia del diario estadounidense ya había estado precedida por un informe publicado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y SocialTIC, según la cual se registraron 76 casos de intentos de infección a través de “Pegasus”, adquirido por la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Defensores de derechos humanos, periodistas y activistas, solicitaron una investigación imparcial, independiente y transparente que permita identificar y sancionar a los responsables de la vigilancia ilegal.

CITIZENLAB RECONOCE QUE TAMPOCO TIENE PRUEBAS CONCLUYENTES DEL SUPUESTO ESPIONAJE

En conferencia de prensa -tras el informe que documentan más de una decena de nuevos casos de espionaje con “Pegasus”-, solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) medidas cautelares y reformas legales para generar más controles gubernamentales de herramientas de espionaje. En un texto leído por Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, señalaron que estos nuevos casos apuntan a la existencia de una política de hostigamiento.

“Exigimos rendición de cuentas por parte del gobierno mexicano sobre el uso de malware para realizar espionaje, la apertura de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes, así como sanciones contra los responsables”, indicaron.

La organización canadiense CitizenLab documentó en total 88 casos de intento de espionaje en México.

Un representante de la organización internacional aseguró que este es el caso más claro que tienen del supuesto espionaje, aunque se cuidó muy bien de asegurar que “no existen pruebas definitivas” de que el gobierno sea responsable, ya que “Pegasus” -que sólo se enviaba mediante archivos de mensajería de MSN (MicroSoft Network)-, no deja rastros del remitente que lo utilizó con fines de espionaje.

La información del New York Times señala que la compañía NSO Group cobra a sus clientes gubernamentales de acuerdo al número total de objetivos a vigilar.

Por ejemplo, para espiar a diez usuarios de iPhone, a nivel internacional el fabricante cobraba 650 mil dólares por el software -que hay que decirlo ya quedó rebasado por las nuevas tecnologías de intercepción en el mercado-, además de una cuota de 500 mil. Es decir, utilizar el malware de NSO Group, tenía un costo aproximado de 21 millones 700 mil pesos mexicanos, que dividido entre los 10 objetivos, individualmente representaron más de 2 millones y medio por persona.

Una verdadera fortuna, que muy bien pudieron haberse ahorrado, ya que en Internet -incluso en las mismas aplicaciones de Google-, existen programas que hasta de forma gratuita posibilitan determinar la ubicación del usuario, grabar sus conversaciones y hasta tomar fotografías, incluso cuando el celular a vigilar no esté en uso.

Aunque todos los días los internautas mexicanos y los usuarios de telefonía celular nos enfrentamos al indiscutible riesgo de ser afectados por malware de todo tipo -por el cual los delincuentes pueden conocer nuestros datos personales, información bancaria y aún ser objeto de vigilancia permanente-, el  caso “Pegasus” amerita una investigación profunda y un deslinde tajante del gobierno.

Ojalá que haya una explicación creíble que justifique estas acciones

GRANOS DE CAFÉ

El culto a la personalidad es una práctica tan antigua como la propia civilización. En alguna etapa de historia del hombre llegó a ser tan selectiva y fue reservada exclusivamente para quienes por su obra, talento y poder merecían ser recordados eternamente.

Así nacieron los magníficos monumentos romanos y egipcios, pero ésta práctica se trivializó a tal punto en México, que no sólo se vulgarizó -en el sentido más peyorativo de la palabra-, sino que hoy es motivo de escarnio, invisible sólo ante los ojos de los protagonistas de esta conducta ya demodé.

El propio expresidente Carlos Salinas de Gortari decidió en su momento eliminar de las placas conmemorativas oficiales, el nombre del funcionario fuese federal, estatal o municipal.

Sin embargo la obstinación de algunos personajes los ha llevado a perpetuar con dinero público a su genealogía y han impuesto sus nombres o el de sus ancestros, a colonias, calles, avenidas, carreteras, aeropuertos, hospitales, escuelas y un inagotable etcétera.

Por ello tiene razón el colega periodista José Adriano Anaya, al asegurar que ese culto a la personalidad se ha exacerbado en varias entidades del país, principalmente en Chiapas. Con Juan Sabines Guerrero, proliferaron los reconocimientos a Juan, su padre, y a su tío Jaime, quien sin duda alguna sí tuvo los merecimientos, ya que el poeta, por méritos propios, goza de reconocimiento nacional e internacional.

Comenta el también director de “Contrapoder” que en el actual gobierno que encabeza Manuel Velasco Coello se inició un proceso de culto familiar, que ya comenzó a irritar a los chiapanecos.

Por ejemplo, recientemente el actual gobernador cedió a la tentación de que el estadio olímpico de la ciudad de Tapachula fuese rebautizado con su nombre y apellidos, al igual que otras instalaciones públicas que rememoran a los integrantes de las familias Velasco Suárez y Velasco Siles… No habrá que olvidar que la política es una rueda de la fortuna. Ya veremos cuánto tiempo se mantiene el gusto del culto a la personalidad…

…Nicolás Maduro ha alcanzado niveles de inmoralidad política al aleccionar a su canciller Delcy Rodríguez -y usar la reunión latinoamericana, que analiza el caso Venezuela-, para inventar que un grupo de países le propusieron negociar la permanencia en el cargo del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Este argumento fue usado como distractor del objetivo central de la cumbre que es reinstalar en Venezuela el Estado de Derecho, abolido por el régimen chavista y heredado al que fuera su chofer y hoy gobernante de la nación caribeña.

Aunque no debiera sorprender la absurda defensa hecha por la canciller venezolana en la cumbre -la cual calificó de “fraudulenta”-, queda claro que la diplomacia tampoco es su fuerte y que las aberraciones políticas de su presidente ya dejaron escuela, pues lo políticamente incorrecto es parte de la cotidianidad que prevalece en el gobierno de Maduro.

Aunque la dictadura de Nicolás Maduro es evidente -aún frente a la presión política de Estados Unidos y varios países que conforman la OEA-, no deja de sorprender la afirmación de la canciller Rodríguez, respecto a que no necesitan nada de la institución americana, porque recibirán el respaldo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Y aunque la canciller venezolana dejó en claro que no aceptará ninguna de las recomendaciones que emanen de la cumbre de Cancún, habrá que esperar a que el encuentro finalice para conocer si las conclusiones terminan en recomendaciones o en ultimátum.

Por lo pronto, ya le pasó la factura a México. Presentó 10 proyectos de resolución, principalmente uno sobre los desaparecidos de Ayotzinapa, con cuyos familiares se reunió y ofreció el apoyo total de su gobierno…Sus comentarios envíelos al correo [email protected]