Articulo/Erik Avilès

Obtener una plaza docente en Michoacán…

Desde 2009, en Mexicanos Primero Michoacán hemos insistido en una verdad incómoda para muchos: el ingreso al servicio profesional docente debe ser transparente, meritocrático y completamente ajeno a grupos fácticos y sindicales. Han pasado 16 años y el diagnóstico permanece vigente, aunque ahora se vista con nuevos ropajes discursivos.

Es importante decirlo: una cosa es invocar la ley y otra muy distinta es garantizar su cumplimiento real en beneficio de quienes más importan: las y los estudiantes michoacanos.

Desde 2014 hemos denunciado públicamente los riesgos de las contrarreformas educativas y sus mecanismos de asignación de plazas semiautomáticas. En 2019, el gobierno federal aceptó incluir las principales demandas de la CNTE en las leyes reglamentarias: los normalistas obtendrían sus plazas magisteriales de manera prácticamente automática y se modificarían los criterios de ascensos y promociones.

El presidente López Obrador aseguró que fue él mismo quien propuso que los egresados de las escuelas normales del país obtengan plazas magisteriales "automáticas", echando por tierra años de lucha por la transparencia y la meritocracia en el sistema educativo.

Aquí llegamos al meollo del asunto: en el papel, las plazas automáticas para normalistas ya no existen. Desde hace años, diversos funcionarios han declarado enfáticamente que "las plazas automáticas se acabaron y están prohibidas". En Michoacán, funcionarios han advertido que no habrá más "huachicol" de plazas y que todos los normalistas se someterán al debido procedimiento.

Sin embargo, en la práctica funcionan como plazas semiautomáticas mediante un mecanismo tan simple como efectivo: se determina el número de vacantes disponibles con base en el número de egresados de las normales públicas estatales. Es decir, si egresan 500 normalistas, "casualmente" se abren aproximadamente 500 vacantes. Si egresan 800, aparecen 800 plazas. Esta coincidencia matemática perfecta año tras año no es producto del azar, sino de una planificación deliberada que garantiza plaza a los egresados normalistas mientras se cierra la puerta a profesionistas de otras instituciones.

El mecanismo semiautomático opera así:

• Se establece el número de egresados de normales públicas del ciclo
• Se "ajusta" el número de vacantes para que coincida con esa cifra
• Se realiza una convocatoria "abierta" que cumple formalmente con la ley
• Los criterios y condiciones favorecen sistemáticamente a normalistas
• El resultado: prácticamente todos los egresados normalistas obtienen plaza, mientras aspirantes de otras instituciones quedan excluidos

Es la simulación perfecta: se cumple la letra de la ley mientras se violenta su espíritu. Se proclama la meritocracia mientras se perpetúa la cuota corporativa. Se habla de transparencia mientras se diseñan procesos a modo.

Y, sin embargo, no es un engranaje perfecto: el mecanismo opera a voluntad política. Por ello, los militantes de las organizaciones de normalistas se movilizan una tras otra ocasión, por no operar ni el criterio meritocrático, ni el semiautomático para todos, sino que hay discrecionalidad, lo cual los levanta a presionar al gobierno.

El problema no son las normales, es la pérdida de rectoría. Es crucial entender esto: si la formación inicial docente en las escuelas normales de Michoacán fuera de excelencia, el mecanismo de plazas semiautomáticas no constituiría problema alguno. Si supiéramos que cada egresado normalista es el mejor profesional posible, formado con los más altos estándares pedagógicos, dominio disciplinar robusto, habilidades didácticas excepcionales y un compromiso genuino con el aprendizaje de sus estudiantes, garantizarles plaza sería no solo justo, sino deseable.

El problema real es que el Estado ha perdido completamente la rectoría sobre las escuelas normales de Michoacán. Persisten prácticas discrecionales, clientelares y opacas en la contratación y promoción de personal docente, donde las plazas siguen siendo consideradas por algunos actores como "patrimonio" sindical o familiar, en lugar de ser tratadas como espacios al servicio del aprendizaje estudiantil.

Esta pérdida de rectoría se manifiesta en múltiples dimensiones:

1. Centralidad y calidad de los programas académicos: Los planes de estudio, las prácticas pedagógicas y los estándares de egreso no están a la altura de lo que exige la complejidad educativa actual. Se gradúan maestros sin las competencias necesarias para enfrentar aulas multigrado, contextos de alta vulnerabilidad, diversidad cognitiva o la integración efectiva de tecnologías educativas, principalmente, por la prevalencia de las movilizaciones, de las acciones políticas y de la lucha social en las actividades normalistas.

2. Plantilla docente de las propias normales: Hay normales que tienen en sus aulas a formadores de docentes que no cumplen con estándares de excelencia profesional. Hemos sabido de exlíderes sindicales que se han incrustado en las plantillas de personal en las normales.

3. Infraestructura y recursos: Las normales michoacanas carecen de la infraestructura, bibliotecas, laboratorios, conectividad y recursos didácticos que requiere una formación docente de vanguardia. Se pretende formar maestros del siglo XXI con instalaciones y recursos del siglo pasado.

4. Vinculación con la investigación educativa: Las normales están desconectadas de la investigación educativa contemporánea, de las mejores prácticas internacionales, de los avances en neurociencia del aprendizaje y de las innovaciones pedagógicas que están transformando la educación en el mundo.

5. Control sindical y político: Las decisiones académicas en muchas normales están subordinadas a lógicas sindicales y político-electorales. Los directores, formadores y estructuras administrativas responden más a compromisos corporativos que a criterios de excelencia educativa.

Si el Estado michoacano recuperara la rectoría plena sobre las escuelas normales; si se invirtiera masivamente en su transformación; si se establecieran estándares rigurosos de ingreso, permanencia y egreso; si se contrataran los mejores formadores de docentes; si se vincularan con universidades de prestigio y centros de investigación educativa; entonces sí podríamos defender un sistema donde los egresados normalistas tuvieran garantizada su plaza, porque sabríamos que son los mejores.

Pero mientras las normales sean espacios capturados por lógicas corporativas, con bajos estándares académicos y sin rendición de cuentas sobre los resultados de aprendizaje de sus egresados, el mecanismo semiautomático de plazas solo perpetúa el statu quo.

Se afirma desde la SEE que todo se hace "conforme a la ley", específicamente bajo la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, operada por USICAMM. El problema no es la ley en sí misma, sino cómo se aplica en Michoacán.

Obedecer la ley "al estilo Michoacán" ha significado históricamente crear simulaciones de legalidad mientras se perpetúan viejas prácticas. Los procesos de asignación de plazas donde misteriosamente el número de vacantes coincide exactamente con el número de egresados de las normales públicas estatales, cerrando la puerta a profesionistas de otras instituciones que podrían aportar perfiles valiosos. O los eventos "públicos" de asignación donde se permite el acceso a representantes de la CNTE mientras se deja fuera a periodistas, ciudadanos y observadores externos independientes.

Paralelamente, por la puerta trasera,  grupos gremiales y sindicales han buscado acomodar a trabajadores eventuales y mantener esquemas de plazas que históricamente han sido susceptibles de comercialización ilegal, un problema que hemos documentado desde Mexicanos Primero Michoacán durante años.

Una USICAMM sui generis. La USICAMM en Michoacán tiene una particularidad que no existe en ninguna otra entidad del país: su Consejo Directivo está conformado por funcionarios subordinados a la SEE. Es decir, la autoridad educativa estatal es juez y parte en los procesos de selección y asignación. ¿Dónde queda la autonomía técnica que debería caracterizar estos procesos? ¿Cómo se garantiza la imparcialidad cuando quien diseña las convocatorias, determina las vacantes y asigna las plazas es la misma institución que luego se autoevalúa?

Este modelo de gobernanza contradice los principios básicos de cualquier sistema de selección profesional serio. En ningún otro estado del país se replica esta anomalía institucional que convierte a USICAMM Michoacán en una instancia subordinada a los intereses políticos y sindicales locales.

Desde 2018, tanto el gobierno federal como el estatal prometieron transformar radicalmente el sistema educativo. Se habló de honestidad, de reordenamiento, de cerrar "la llave a la corrupción". Siete años después, las protestas de normalistas y docentes se multiplican en las calles de Morelia y otros municipios. ¿Por qué? Porque entre el discurso y la realidad existe una brecha que se mide en plazas eventuales, en contratos temporales que se extienden año tras año, en incertidumbre laboral y económica para miles de maestras y maestros.

Comunicados oficialistas presumen la asignación de "poco más de 4 mil plazas docentes" en la actual administración. Pero no menciona cuántas de esas plazas son de base y cuántas son contratos eventuales. No habla de los miles de docentes michoacanos que llevan años trabajando sin certeza laboral, renovando contratos cada ciclo escolar, sin acceso a prestaciones completas ni a estabilidad económica.

La retórica transformista en educación choca frontalmente con la realidad: se han restaurado prácticas corporativas que creíamos superadas, se han debilitado los mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, y se ha vuelto a colocar la decisión sobre quién debe estar frente a las aulas en manos de negociaciones político-sindicales en lugar de criterios pedagógicos y de excelencia profesional.

La necesidad de contratar a los mejores perfiles posibles para nuestras aulas no es nueva; existe desde hace décadas. Cada día que pasa sin maestras y maestros debidamente preparados, evaluados con criterios claros y contratados por mérito es un día perdido para la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes.

No se trata de estar en contra de las escuelas normales públicas de Michoacán. Se trata de estar a favor de que todas las plazas sean para quienes demuestren ser los mejores, independientemente de su institución de procedencia. Se trata de abrir las puertas y dejar que el talento, la vocación y la preparación sean los únicos criterios de selección.

El sistema actual, que prácticamente garantiza una plaza a egresados de normales mientras cierra las puertas a profesionistas de universidades, institutos tecnológicos y otras instituciones de educación superior, no solo es injusto: es pedagógicamente contraproducente. Limita la diversidad de perfiles, enfoques y especializaciones que nuestras escuelas necesitan desesperadamente.

¿Dónde están los biólogos, físicos, matemáticos, ingenieros, psicólogos, artistas y especialistas que podrían enriquecer la educación básica? Excluidos por un sistema que privilegia la procedencia institucional sobre la capacidad profesional.

Sin duda, el momento de actuar es ahora. No más simulaciones de legalidad. No más opacidad selectiva. No más subordinación de lo educativo a lo político-sindical. No más mecanismos semiautomáticos que perpetúan la mediocridad.

Es tiempo de recuperar la rectoría sobre las escuelas normales. Es tiempo de invertir masivamente en su transformación. Es tiempo de garantizar que solo los mejores perfiles lleguen a las aulas, vengan de donde vengan. Es tiempo de transparencia radical en cada plaza, cada contrato, cada peso del presupuesto educativo.

Las niñas, niños y jóvenes michoacanos están esperando. Sus familias están esperando. La sociedad civil está esperando. La historia los juzgará no por sus discursos bien elaborados, sino por sus acciones concretas. No por las leyes que dicen cumplir, sino por los resultados de aprendizaje que generen.

Michoacán merece y exige un sistema educativo a la altura de sus niñas, niños y jóvenes. Nada menos.

Mexicanos Primero Michoacán - 16 años defendiendo el derecho a aprender de todas y todos