Agua y pantano

El hombre, la red y los intocables

La acusación formal presentada por la Fiscalía de Tabasco contra Hernán Bermúdez Requena constituye, quizá, uno de los hechos más graves en la historia reciente de las instituciones de seguridad pública en México.

No se trata de un policía corrupto, de un comandante coludido o de funcionarios de segundo nivel infiltrados por el crimen organizado. 

Lo que la propia Fiscalía sostiene es que quien fuera secretario de Seguridad Pública del estado utilizó el poder del Estado para favorecer las actividades de una organización criminal. 

La acusación es devastadora. Según el Ministerio Público, Bermúdez habría empleado primero la Dirección de la Policía de Investigación y posteriormente la Secretaría de Seguridad para facilitar delitos como secuestro, extorsión, homicidio, robo de vehículos y robo de hidrocarburos. 

En otras palabras, la Fiscalía sostiene que el aparato institucional encargado de combatir al crimen fue utilizado para protegerlo y fortalecerlo.

Sin embargo, conforme avanza el proceso judicial emerge una pregunta cada vez más incómoda: ¿dónde están las responsabilidades políticas?

Los intocables 

Hasta este momento, ninguna de las carpetas de investigación conocidas públicamente señala responsabilidad alguna para quienes fueron los superiores jerárquicos de Hernán Bermúdez durante los años en que presuntamente se consolidó La Barredora.

Ni Adán Augusto López Hernández, quien lo nombró y mantuvo en posiciones estratégicas de poder, ni Carlos Manuel Merino Campos, bajo cuya administración continuó al frente de la seguridad pública estatal, aparecen como sujetos de investigación o responsables políticos de los hechos que hoy se imputan al exsecretario.

La narrativa institucional parece reducir todo el fenómeno criminal a la actuación de un solo individuo.

Pero resulta difícil sostener que una organización criminal capaz de controlar extorsiones, secuestros, robo de combustible, homicidios y operaciones económicas millonarias pudiera desarrollarse durante años desde el corazón de las instituciones sin que nadie más advirtiera lo que estaba ocurriendo.

La pregunta no es menor porque el caso ya trascendió la esfera penal. En cualquier democracia funcional, la responsabilidad política opera de manera distinta a la responsabilidad penal.

 Un gobernante puede no haber participado directamente en un delito y, aun así, estar obligado a explicar por qué bajo su administración se permitió la captura criminal de instituciones estratégicas del Estado. Ese debate simplemente no ha ocurrido.

La red criminal prevalece 

Y mientras la discusión pública gira alrededor de la eventual condena de Bermúdez, existe un segundo elemento que resulta todavía más preocupante.

Los delitos que la Fiscalía atribuye a La Barredora no han desaparecido.

Las denuncias por extorsión o cobro de derecho de piso continúan acumulándose. 

Persisten señalamientos sobre desapariciones forzadas, siguen apareciendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales y abusos cometidos por agentes estatales. 

Los mecanismos de intimidación y control social que durante años fueron atribuidos a estructuras criminales enquistadas en las corporaciones policiales siguen siendo denunciados por ciudadanos.

Si los delitos continúan reproduciéndose desde espacios institucionales, la conclusión inevitable es que el problema nunca fue únicamente Hernán Bermúdez.

Las organizaciones criminales no sobreviven por la permanencia de una persona, sobreviven porque construyen redes de protección, lealtades, mecanismos de corrupción y estructuras operativas que trascienden a sus líderes.

Por eso el juicio oral que eventualmente enfrentará el exsecretario será importante, pero insuficiente.

El juicio que viene 

La fase intermedia ha concluido. La acusación formal quedó firme. La defensa no logró excluir las principales pruebas ni modificar sustancialmente los cargos.

El siguiente paso será la apertura del juicio oral una vez que se resuelva el juicio de amparo promovido por Bermúdez.

Ahí se desahogarán las pruebas, comparecerán testigos y el tribunal determinará si existe responsabilidad penal por los delitos imputados.

Pero incluso una eventual sentencia condenatoria no responderá las preguntas fundamentales.

¿Quién permitió que una estructura criminal operara durante años desde las instituciones de seguridad pública?

¿Quiénes se beneficiaron políticamente de ese esquema?

¿Cuántos funcionarios continúan activos dentro de las corporaciones?

¿Y por qué los delitos atribuidos a esa organización siguen siendo denunciados por la ciudadanía?

Porque al final, el caso Bermúdez no será recordado únicamente por el juicio contra un exsecretario de Seguridad, será recordado por la capacidad o incapacidad del Estado para desmontar por completo la red que hizo posible su ascenso, su permanencia y su impunidad.