Acontecer de la Selva/Ignacio Verástegui Alfonso

“Hasta ahora el hombre ha estado en contra de la naturaleza; desde ahora estará en contra de su propia naturaleza” – Dennis Gabor

**En veremos la inversión privada en el Tren Maya

El pasado jueves, un grupo de empresarios del sector de la construcción se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador para abordar el proyecto del Tren Maya. Entre los asistentes estuvieron Carlos Slim y 16 representantes de empresas constructoras como la china CCCC, el fondo Black Rock y las españolas Alsir y Caltia. También Ricardo Salinas Pliego, Carlos Hank González y Olegario Vázquez Aldir. La reunión se llevó a cabo en Palacio Nacional, allí los empresarios expusieron su intención de invertir, pero plantearon su inquietud porque se disipen conflictos sociales, se arreglen los derechos de vía y los permisos ambientales. Por su parte, AMLO mencionó que el incremento de la participación pública en la construcción de la obra podría pasar del 10 al 40 por ciento. Rogelio Jiménez Pons, responsable del proyecto y titular de FONATUR, dijo que en el encuentro se plantearon las complicaciones derivadas de la ley de Obra Pública que pudieran complicar los procesos de licitación, además comentó que posteriormente se efectuará otra reunión con los consorcios que estén interesados en la participación para los equipos rodantes. De la información anterior, que se publicó en diversos medios de comunicación nacional, se deduce que los empresarios, aunque pareciera que tienen deseos de participar en uno de los proyectos insignia del gobierno actual, aún no tienen muy en claro el avance en la resolución de problemas que impidan la concreción de esta obra. Por otro lado, el costo de la obra, alrededor de los 120 mil millones de pesos, ha hecho que el gobierno federal, ante el escaso interés de los inversionistas, aumente la participación pública pasando de 12 mil millones de pesos a 48 mil millones de pesos, lo que sin duda impactará negativamente en los programas sociales, además de que el empresario Carlos Slim, dueño de Grupo Carso, al término de la reunión declaró lacónico: “sí, vamos a participar. Vamos a ver en cuáles, todavía no salen”. Así que el asunto del proyecto del Tren Maya va para largo, a lo mejor no alcanza el sexenio para su concreción a menos que lo estiren.

**Lo halcones ambientales en el gobierno de la 4T

La semana anterior, el diario “La Crónica de Hoy” dio a conocer que dos funcionarios del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, Víctor Toledo, secretario de Medio Ambiente, y el procurador agrario, Luis Hernández Palacios Mirón, encabezan la postura de derogar el decreto que desde 1978 (con modificaciones en el 2000) impide la actividad humana y la explotación económica en la Selva Lacandona. Abiertamente pugnan por proyectos que implican la introducción de personas a estos bosques tropicales vírgenes. La propuesta de Toledo es la de terminar con el concepto de Reserva Integral de la Biósfera y pasar a una biocultural, un espacio que combina la presencia del ecosistema, actividades educativas y de investigación, pero también turísticas y recreativas.  Los corredores bioculturales son una alternativa para recuperar ecosistemas en contacto con los seres humanos. Pero en el caso de Montes Azules ese componente humano no existe, al menos aún. Hace algunos días Víctor Toledo anunció que sostuvo un fructífero encuentro con diferentes actores (agricultores y representantes indígenas, incluidos) en torno al futuro de la Reserva de la Biósfera Montes Azules en Chiapas. Igualmente, el procurador agrario Hernández Mirón se reunió con representantes de las comunidades agrarias que rodean a la reserva Montes Azules. En pocas palabras Semarnat y la Procuraduría Agraria negocian con el bando comunitario que se muestra dispuesto a que Montes Azules se abra a la presencia de humanos.

En relación a este tema, la Procuraduría Agraria planea dar curso a la propuesta de dividir en tres el territorio de la Selva Lacandona. Sólo una de las tres partes, 99,350 de las 331,200 hectáreas decretadas en 1972 para su protección, quedaría a cargo de los indígenas lacandones y estaría verdaderamente bajo la lógica de una reserva natural sin perturbaciones humanas. Lo demás estaría expuesta a la expansión de las actividades ganaderas y agrícolas que promueven organizaciones agrarias con las que negocia actualmente la Procuraduría Agraria.

Mientras que los lacandones, los menos numerosos, con más vínculos históricos a la selva, se muestran más cercanos al conservacionismo ecológico y a promover la acción de científicos y académicos en el área, en tanto los pueblos chol y tseltal (particularmente este último) están acostumbrados al manejo agrícola y ganadero de otro tipo de ecosistemas, están asentados en las zonas donde la selva ha sufrido mayor desmonte para sembrar o abrir potreros.

El problema es que esta división de los Bienes Comunales dejaría a los lacandones sólo con el núcleo de la Reserva, mientras que el sur (teóricamente área de los choles) quedaría sin defensa de los intentos de invasión que se han multiplicado allí. La zona al noroeste de la Reserva está en realidad muy devastada (área de influencia tseltal) y es probable que la división de los Bienes Comunales sea el paso previo a la desincorporación de estos terrenos de la protección legal y su desmonte definitivo. Así que la Procuraduría Agraria que es la dependencia que trabaja en la solución de conflictos de tenencia de la tierra, está haciendo a un lado su objetivo primordial ya que, en su afán por dividir los Bienes Comunales, dividirá también a la Reserva Integral de la Biósfera Montes Azules, generando un mayor problema al que existe actualmente.

Ante la posibilidad de que este proyecto se concretara, los representantes de la comunidad lacandona y su abogado, entregaron cartas a dependencias federales para exigir explicaciones sobre las propuestas de la Semarnat y la Procuraduría Agraria. Después de la entrega de las misivas, trascendió que, por orden directa de AMLO, la secretaría de Gobernación retomará las mesas de negociación y que a ellas debe asistir personalmente el secretario Toledo y, por vez primera, Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Meyer será el garante de que se obedezcan dos instrucciones presidenciales: La primera, es que no se toca una hectárea de la selva virgen en la Lacandona. La segunda, que por ninguna causa el gobierno federal permitirá un ecocidio.

Con esto habrá que ponerle una estrellita al presidente porque con su intervención frenó, de hecho, los proyectos de Semarnat y de la Procuraduría Agraria.

El resumen de este conflicto, y los que se generarían, lo dice muy puntual Chankin Chambor Kin, representante lacandón: “Ya se acabaron su selva (choles y tseltales) y ahora quieren otros terrenos”.

**Irregularidades en la obra de ampliación de la carretera Palenque-Catazajá

El sábado, el portal digital del diario “SinEmbargo” dio a conocer que de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 12 obras carreteras, que involucran a 10 estados, la mayoría del sureste del país, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyo titular era Gerardo Ruiz Esparza, se acumularon más de 70 irregularidades en su construcción y planeación. El posible daño al erario público, según lo calculado por la ASF, ascendería a los 275 millones 317 mil 259 pesos. Los problemas inician desde que la SCT no ejecutó bien las licitaciones porque no revisó todas las propuestas que se le presentaron, en otras escogió simplemente las que consideró “más baratas” y en otras no justificó, porque realizó adjudicaciones directas (algo que el gobierno federal actual hace con mayor entusiasmo). Otro problema que se repitió en las obras carreteras fue la falta de un proyecto ejecutivo desde el periodo de la licitación cuando las obras ya estaban en marcha. La ausencia de esos planes básicos provocó que los trabajos de construcción se hicieran con cálculos errados o más costosos.

También se encontró que el dinero destinado a las carreteras sirvió para pagar viáticos de servidores a sitios que no tenían relación con las obras o que se utilizó para pagar otras cosas, como la construcción de una secundaria. Se permitieron excavaciones y demoliciones sin autorizaciones o planos; se avanzó sin la liberación del derecho de vía; se pagó por obra que no se ejecutó y se pagó de más por material.

Y como hubo poco control hacia las empresas, a las que en varios casos no se les cobró por retrasos en el término de construcción, éstas pudieron sustituir a sus jefes de laboratorio con personas que no cubrieron el perfil (ingenieros civiles titulados). Todas las pruebas de laboratorio que se adjuntaron a las estimaciones fueron firmadas por jefes de laboratorio que ostentan el grado de técnicos.

En el caso de Chiapas, la ampliación de la carretera Palenque-Catazajá, tuvo como principal problema los pagos por más cemento del que se recibió y por el inicio de la obra sin pólizas de seguros contra daños a terceras personas y en sus bienes, pérdida de maquinaria, equipo de construcción, pérdida de materiales y seguros de vida para su personal. Hubo una deficiente supervisión de los trabajos. El dinero por comprobar es de $827,356. Las empresas involucradas son: Compañía Constructora Tres Picos, S.A. de C.V., Servicios y Asesoría en Vías Terrestres, S. de R.L. de C.V. ambas compañías con domicilio en Tuxtla Gutiérrez; y, Promotora y Consultora de Ingeniería, S.A. de C.V. con domicilio en la Ciudad de México.

Ojalá que el actual gobierno federal tome cartas en el asunto y de muestras de que el combate a la corrupción es una realidad y no un enunciado. Se requiere que no solo los servidores públicos involucrados sean enjuiciados sino también aquellas compañías que fueron beneficiarias y cómplices de estos actos de corrupción. Por lo que se ha visto, hasta el momento, este gobierno es puro bla, bla, bla ya que a pesar del clamor de los chiapanecos nada se ha hecho para enjuiciar a los dos últimos gobernadores que saquearon al estado. Aquí en nuestra zona, para empezar, bastaría que iniciaran la averiguación previa del funcionario estatal y la constructora que se beneficiaron, en el sexenio anterior, siendo gobernador el honesto senador Manuel Velasco Coello, con la rehabilitación, malhecha, de la carretera que une a Palenque con La Libertad. ¿Queréis Mais? Dijo el aprendiz.