Acontecer de la Selva/Ignacio Verástegui Alfonso

“La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie” – Montesquieu

**La recurrente violación de las leyes en Chiapas

En un estado (y país) bananero, las leyes se hicieron para violarlas desde las cúpulas políticas y empresariales, hasta las religiosas. Es el pan de cada día. En Chiapas ocurre con mucha frecuencia en el que, los que deben aplicar las leyes les vale un soberano cacahuate, y, sin el menor rubor las violan para favorecer a una persona, a un grupo o partido político y eso es desde hace varios años. Lo hemos padecido ante la indiferencia gubernamental de los tres poderes que permiten bloqueos, toma de casetas de peaje, quema de vehículos, etcétera. Eso es lo común. Hay otros casos que casi no se cuestionan por el desconocimiento de la población de las leyes. Van dos botones de muestra. El primero de abril de 2015,  este Acontecer, del 25 de ese mes, hizo el siguiente comentario: “Finalmente la tabasqueña Asunción Vázquez Arce tomó posesión de las oficinas de la Subsecretaría   de   Gobierno   y   quién   le   otorgó   el   nombramiento   lo   hizo   violando   el artículo 46 de  la   Constitución  Política de  Chiapas  que a  la letra   señala que  “…el subsecretario   de   gobierno   podrá   ser   nombrado   y   removido   directamente   por   el Secretario   General   de   Gobierno,   quien   verificará   que   la   persona   designada   sea chiapaneco por nacimiento, mayor de 25 años, contar con presencia reconocida y con una   residencia   mínima   de   5   años   en   el   estado”.   Así   que   el   Secretario   de Gobierno (Eduardo Ramírez Aguilar en ese momento) firmó, sin haber verificado, que la susodicha fuera chiapaneca por nacimiento. Vázquez Arce nació en Jalpa de Méndez, Tabasco, registrada en el libro número 1 acta número 22 de ese municipio, siendo su fecha de nacimiento el 9 de agosto de 1968.” En este caso, el omiso para que no se cumpliera el requisito fijado por la Constitución chiapaneca fue el actual (y tan campante) senador Eduardo Ramírez que presume de muy legalista y que nada menos preside la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Senadores y es Secretario de la Primera Comisión de Trabajo: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de dicha legislatura. Lo que demuestra una vez más de que los que hacen las leyes son las que más las incumplen.

El siguiente caso es relativamente reciente, el día último del mes pasado el Gurú Mediático dio a conocer, con pelos y señales, que la diputada local de este distrito, Edwiges Cabañez Cruz (ECC) es un caso para Ripley, pues según tres documentos nació en tres lugares diferentes. Enrique Romero subió a su página de Facebook las imágenes de tales documentos: el acta de nacimiento de la susodicha donde se señala que ella nació en Huehuetla, Puebla; el acta donde Edwiges contrajo matrimonio y que señala que ella es oriunda de Olintla, Puebla, y por último una copia de una diligencia ante la Jueza Civil de Primera Instancia, Dominga Margarita Montero Bautista, en la que Cabañez Cruz declara ser de Papantla, Veracruz. Ante esto, el propio Gurú señala que “Sería bueno que el IEPC explique cómo fue que la registró como candidata del PT (a ECC) si no es chiapaneca, ¿o si se sacó de la manga una su otra acta como tal?” y pregunta si la “Investigarán y la removerán de su cargo?” Por supuesto que eso sería lo deseable, que investigaran a la diputada y procedieran en consecuencia ante un desacato a la ley, ya que la diputada no le aporta nada a Chiapas, solamente a la CFE donde es la cobrona oficial y a ella misma y sus negocios. Su única cantaleta ha sido, y sigue siendo, el cambio del horario de verano, lo demás es pura pose.

Según la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en su Artículo 40

(Reformado, el 29 de diciembre de 2016) uno de “Los requisitos para ocupar una diputación en el Congreso del Estado (es): I. Tener la ciudadanía chiapaneca por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos. Aquí el IEPC no hizo su chamba, o le dio gusto al PT o a algún miembro relevante de la élite política de Chiapas.

**El INE prepara multas a todos los partidos políticos

De acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE) “Los partidos políticos nacionales pueden ser acreedores a multas, las que consisten en el pago de una cantidad de dinero al Estado. Para hacer efectivo su cobro, el Instituto Nacional Electoral tiene la atribución de restar éstas del financiamiento público que se les otorga mensualmente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes de acuerdo a lo que señale la resolución que impone la multa. Los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.”

Para pasado mañana, miércoles, el INE prepara sanciones por 760 millones de pesos a los partidos políticos por irregularidades en sus informes anuales de ingresos y gastos del 2018. La principal irregularidad de los partidos y por los que serán sancionados son las deudas que mantienen con sus proveedores desde hace más de un año. El partido que tendrá la mayor sanción económica sería Morena (el más honesto de los partidos) con 267 millones 504,000 pesos, esto debido a que se le detectaron 310 anomalías en la aplicación de sus recursos, tanto de la dirigencia nacional como estatales. También Morena es el partido que acumula la mayor cantidad de deudas, al registrar más de 67.6 millones de pesos que debe desde hace más de un año; además de que tiene pendientes por cobrar más de 40.6 millones. Asimismo, registra un desvió de 24.2 millones de pesos de los recursos que estaban etiquetados para promover la participación de las mujeres, no reportó con veracidad 797,000 pesos y gastó más de 9 millones de pesos en eventos, alimentos y transporte, que no tienen fines partidistas. El segundo partido con más sanciones es el PRI (el bisabuelo de Morena), al haber acumulado irregularidades por 89.6 millones de pesos, por lo que se le impondría una multa de 103 millones de pesos. En tercer lugar, estaría Movimiento Ciudadano, con una sanción con 81.2 millones de pesos. En cuarto lugar, estaría al PRD, que estará recibiendo sanciones por 77.5 millones de pesos. Seguido de Acción Nacional, con 75.7 millones de pesos. PT, con 60.4 millones. Mientras que el PVEM recibiría multas por 44.7 millones de pesos. A esta lista se sumarán los partidos desaparecidos Encuentro Social y Nueva Alianza, cuyos reportes aún los está actualizando la Unidad Técnica del INE. Ojalá que no sean blandengues los del INE para que impongan las multas correspondientes a los partidos políticos, porque si quieren cobrar y no les pagan, aquí en Chiapas cuentan con personas de amplia experiencia como la diputada local del distrito de Palenque.

**Los Ayuntamientos y sus penurias económicas

En la discusión del Paquete Económico 2020, seguramente uno de los grandes temas será el de las finanzas de los municipios del país, agobiadas, entre otras cosas, por los laudos laborales, las deudas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), aparte de la disminución de recursos que reciben del Gobierno federal. Esto genera un impacto directo en la calidad de vida de los habitantes, ya que, al ir pagando estos adeudos millonarios, los ayuntamientos difícilmente pueden invertir en obra pública o mejoras para sus municipios. La situación

económica de los municipios empeoró a partir de este año, cuando el gobierno federal y la Cámara de Diputados decidieron desaparecer los fondos para infraestructura que estaban contemplados en el Ramo 23 con el cual los municipios financiaban la construcción de obras como pavimentación y reparación de calles y caminos, de obras deportivas, mejoramiento de las redes de agua y drenaje, principalmente. La decisión de cancelar esos fondos se debió a la corrupción que hubo en sexenios pasados con ese dinero público.

La mayor parte de los municipios en México presentan algún tipo de adeudo mayormente con la CFE o la Conagua.

Para los municipios no se trata solo de deuda que se genera de su operación en edificios u oficinas de los gobiernos, sino de los que se prestan a la población en general, como el alumbrado público. Esto se dificulta porque la CFE, por ejemplo, no podría retirar el alumbrado público sin poner en riesgo a los habitantes.

Mientras, la cartera vencida, de acuerdo con datos de la CFE, ha ido en aumento en años recientes: En el año 2016, el monto era de 38 mil 638 millones de pesos; en 2017 fue de 42 mil 71 millones y a finales del 2018 ascendía a 47 mil 582 millones de pesos.

Ante esta situación, diputados y senadores aprobaron que en la nueva Ley de Ingresos de la Federación la CFE pueda establecer convenios para que los gobiernos municipales puedan pagar esas deudas. En el artículo 14 transitorio quedó establecido que los municipios podrán obtener hasta un 50 por ciento de condonación de su deuda. “Los programas serán vigentes en el ejercicio fiscal 2020 y se implementarán a través de la celebración de convenios (…) podrán considerar las características del solicitante, pudiendo condonar el pago de hasta el 50 por ciento del adeudo y que el resto sea cubierto mediante parcialidades. “En caso de incumplimiento, los convenios permitirán que la CFE pueda solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) la compensación parcial a cargo de las partidas federales que le correspondan a las entidades federativas”, establece la Ley de Ingresos 2020. En pocas palabras, si para el 2020, los ayuntamientos y los gobiernos estatales no cubren lo acordado en los convenios de pago, la CFE a través de la SHyCP se cobrará a lo chino, pagan porque pagan. Sin embargo, el gobierno federal actual ha sido inequitativo en relación a estos adeudos porque a los habitantes y ayuntamientos de Tabasco les condonó los adeudos de energía eléctrica, de muchos años, a la paraestatal. Por eso los alcaldes piden el mismo trato que a los tabasqueños, o todos coludos o todos rabones.

A todo esto, hay un punto que no se considera el que la CFE mantiene adeudos en los municipios ya que utiliza terrenos municipales para tener ahí sus subestaciones, postes y todo el equipo que necesita, y no pagan nada por concepto de predial, eso sí cualquier mantenimiento o cualquier ampliación de red, lo cobran muy caro. Se le olvida a la SHyCP, que fija las tarifas del servicio de energía eléctrica al sector público, que las alcaldías no son negocios, ni empresas; se paga mucho de energía eléctrica por las bombas en los pozos, o ríos, para el suministro de agua a la población. Eso es algo que también se tiene que revisar para tener una tarifa más justa.