Ventana/José Cárdenas

¿Sabe usted por qué está atorada la nueva Ley de Transparencia, y por qué no avanza la Ley Anticorrupción, cuando ambas deberían ir de la mano? Por la misma razón que llevó a todos los partidos políticos a mantener sospechoso silencio tras las conductas presidenciales de dudosa pulcritud y ética: el tren México-Querétaro, La Casa Blanca de las Lomas, la de Ixtapan de la Sal, la de Videgaray en Malinalco… más lo que se acumule al terminar esta colaboración.

Si bien los líderes de las tres mayores fuerzas políticas firmaron aquel Pacto por México para aprobar las reformas estructurales –y doblegar a los poderes fácticos–, esos mismos dirigentes –en silencio cómplice con el Gobierno Federal– mantienen un pacto tácito con la impunidad, en afán de proteger los intereses de la clase política bajo la consigna de “culpaos los unos a los otros”, sí, pero también “tapaos los unos a los otros”, diría la analista María Amparo Casar.

Gobierno y partidos son impostores y embaucadores; rehúyen cumplir el compromiso de combatir la corrupción que a todos embarra.

Desde la campaña presidencial, Enrique Peña Nieto prometió crear un Sistema Nacional Anticorrupción y sustentar su gobierno en la transparencia y acceso a la información pública. Esa reforma ­–debió aprobarse el 7 de febrero– está empantanada tras el intento priista de hacerle cuando menos 80 modificaciones a fin de descafeinarla y decolorarla en defensa propia; de “taparle el ojo al macho”…

–¿Será que quién hace la ley, hace la trampa?

La percepción de la corrupción se eleva; entre siete y ocho de cada diez mexicanos desaprobamos la manera en que el aparato oficial ha enfrentado el problema; sobran los escándalos y los  conflictos de interés sin que pase nada. A los corruptos infractores –públicos y privados– nadie los toca… menos con el pétalo de una averiguación previa. Ahí está –por ejemplo– la Presa Padrés, en Arizpe, Sonora, donde la familia del gobernador panista violó las Ley de Aguas y sus reglamentos… y borró para siempre sus huellas delatoras con dinamita purificadora, y un billetazo de 5 millones, si acaso.

EL MONJE LOCO: Dice Luis Videgaray que al gobierno le urge recuperar la confianza pública, sin la cual el ambicioso programa de las reformas reinas no servirá de mucho… sin embargo los hechos contradicen los dichos del señor secretario de Hacienda. ¿Cómo ganar la confianza pública si gobierno y legisladores nos demuestran que la ley se negocia? En el afán de la credibilidad anhelada no debería haber retorno; o se instituye el Sistema Nacional Anticorrupción, un fiscal autónomo del poder político, con uñas y dientes para castigar con rigor a chichinflas y malafachas, o nunca saldremos del atascadero.