Ventana/José Cárdenas

Si había dudas de la enorme distancia entre Chilpancingo y la Ciudad de México, el Procurador General de la República se encargó de confirmarlas.

Unas cuantas horas bastaron a Jesús Murillo Karam para frenar al “acelerado” gobernador Ángel Aguirre, quien el sábado al medio día sorprendió al afirmar que algunos de los 28 cadáveres encontrados en las fosas de Pueblo Viejo, podrían no corresponder a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

El Gobernador de Guerrero fue más lejos. Temerario en su optimismo, dijo tener elementos suficientes para pensar en que los 43 desaparecidos pudiesen estar vivos: “Tengo muchas esperanzas de que nuestros jóvenes estudiantes aparezcan con vida y por eso se ha entrado a una segunda etapa de la búsqueda”.

Más tardo Aguirre en levantarse de la silla que Murillo Karam en contestar su versión.

El responsable de la PGR dijo desconocer de dónde obtuvo Aguirre el dato. Fue tajante al advertir la inexistencia de indicios para lanzar cualquier tipo de afirmación en este momento y pidió esperar a la conclusión de los peritajes… cuyos resultados habrán de darse a conocer entre mañana y el miércoles.

El Procurador dejo claro que no hay espacio a especulaciones; que los familiares de los desaparecidos coadyuvan con el trabajo de los peritos del gobierno federal… y que la voz cantante en esta indagatoria es la suya y de nadie más.

El Gobernador guerrerense busca por cualquier medio venderse como líder del control de daños. Necesita mantenerse en el juego, salvar el pellejo, dar muestra de protagonismo en el esclarecimiento del caso… y evitar que el la PGR se coma el pastel completo.

Sin embargo, su intento de tapar hoyos abre más boquetes.

Si Aguirre tuviera razón, y los estudiantes no fueron masacrados, calcinados y sepultados a las afueras de Iguala, estaríamos ante un problema de dimensiones aún mayores.

Los 28 cuerpos localizados hasta ahora serían resultado macabro de una o varias masacres… de nuevos hechos de brutalidad –al margen de lo ocurrido el 26 de septiembre– unidos a la larga cadena de violencia que confirma el grado de deterioro institucional padecido por los guerrerenses, debido al poder corruptor del crimen organizado.

Desligar las fosas de los estudiantes desaparecidos no sería una buena noticia, por el contrario, se trataría de otro expediente abierto en medio de la peor crisis enfrentada por la autoridad de Guerrero. Ángel Aguirre no solo cargaría con el peso de la desaparición de normalistas, sino además, debería emplearse a fondo para manejar la papa caliente de los hallazgos, con la opinión pública nacional e internacional vigilando lo que el Cardenal Norberto Rivera califica como “un banquete de guerra en momento terribles”.

EL MONJE LOCO: A este último medio mes ya le llaman la “Quincena Trágica”. Decíamos aquí la semana pasada: “La realidad es terca, aunque haya gente empeñada en desmentirla”. Iguala y Tlatlaya desnudan la realidad maquillada por el régimen en pos de globalidad. El fantasma de la impunidad espanta los empeños de modernidad. Todo falla a la mera hora; los gobiernos quedan rebasados. Sume a esto lo que vino a decir el jurista español Baltazar Garzón,quien cobró fama internacional por ordenar el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet, y quien también fracasó en el intento de investigar los crímenes de la represión franquista:“El genocidio no está lejos de México; ninguno de los poderesha sido capaz de dar certeza de lo ocurrido, y sí muchas dudas”. A su vez, el senador perredista Mario Delgado advierte: “México sí es un Estado fallido, no por fallar en el combate a las drogas sino por su incapacidad para proteger los derechos humanos”. PUNTO Y SEGUIDO: los escándalos de Iguala y Tlatlaya ya tienen graves costos; lo reconoce el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, al lamentar la pésima imagen de México ante el mundo. Es cierto. Los inversionistas dudan, no por los estudiantes muertos y desparecidos, ni por los muertos del Estado de México; les pone los pelos de punta constatar la corrupción, impunidad e incapacidad para aplicar la ley, en los tres niveles de gobierno.