El enemigo
Gabriela Coutiño
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 10 Enero.- Sin dar detalles del quebranto financiero, a más de un mes de haber asumido la gubernatura, Manuel Velasco Coello declaró que es inocultable la situación económica, financiera complicada que vive Chiapas, por lo que ha tenido que solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, un informe para ver el estado que guardan las auditorías a los recursos federales ejercidos.
Velasco Coello esperó 32 días para dar su primer diagnóstico de Chiapas, cuando miles de chiapanecos se preparan para salir a las calles por segunda ocasión el próximo 12 de enero para protestar contra el impuesto de la tenencia vehicular, la corrupción y en exigencia de que se castigue al ex gobernador Juan Sabines Guerrero y colaboradores por haber saqueado el estado.
A las marchas contra la impunidad de los gobernantes y la tenencia se ha convocado a través de las redes sociales en las principales ciudades del estado. En Tapachula este jueves, cientos de personas pidieron cárcel para el expresidente municipal Emmanuel Nivón González, sabinista quien fuera candidato del PAN a la gubernatura, quien en días pasados abrió la notaría que le otorgó Sabines Guerrero.
La molestia de los ciudadanos es porque la Secretaría de Hacienda pretende también cobrar refrendo por vehículos viejos. ¿Le cree usted al gobierno?, dice una convocatoria enviada por internet donde se solicita a los contribuyentes checar en la página web de hacienda del estado que es mentira lo que dice gobierno, que no pagaran los carros de no más de 250 mil pesos.
Ante los reclamos ciudadanos Velasco Coello vetó el decreto por el que el Congreso local autorizaba al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, cobrar un impuesto del ocho por ciento de alumbrado público.
En su mensaje Velasco Coello no ofrece detalles del quebranto financiero, pero declara que tendrá cero tolerancia para el abuso y la corrupción por lo que se comprometió a mantener informada a la sociedad sobre el cumplimiento de las medidas.
Sin embargo, informó que no dará marcha atrás en el impuesto sobre la tenencia, el que refirió fue restituido por las fuerzas políticas con presencia en el Congreso un día antes de asumir su mandato.
No es el propósito de mi gobierno recargar las obligaciones de la ciudadanía, tampoco hacer que la gente pague lo que no dispuso, se trata de corregir un faltante, cuyo sustituto nunca se previó ni se buscó, fue una medida circunstancial, sin proyección a mediano y largo plazo.
Velasco Coello aseguró que su gobierno está haciendo esfuerzos extraordinarios para superar el reto económico. Expuso que el nuevo gobierno no puede empezar su gestión con problemas que no generó, por lo que hay que tomar decisiones que no son populares, pero sí responsables, la corrección de este déficit es parte de poner de pie nuestra casa llamada Chiapas, con objetividad, sinceridad, sin argucias.
Señaló que su gobierno es sensible, escucha las demandas y los reclamos, y por ello ha tomado decisiones responsable como la de verificar área del gobierno desde el primer minuto de haber asumido funciones.
En su mensaje destacó la reducción de su salario al 50 por ciento y de los funcionarios de primer nivel de su gabinete, el cual no ha terminado de conformar. Así como 25 por ciento de reducción en funcionarios de segundo nivel.
Velasco Coello afirmó que ha reducido el gasto de propaganda gubernamental, así como está avanzando en la revisión de cada área para detectar irregularidades y aplicar la ley.
Se van a reestructurar las áreas relacionadas con la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental. Solicitaremos a la Auditoría Superior de la Federación, un informe para ver el estado que guardan las auditorías a los recursos federales ejercidos en Chiapas .
Aseguró que su gobierno ha eliminando los gastos innecesarios que representan una pesada carga para las finanzas estatales, y en cada área de gobierno, se están cancelando todas las plazas de aviadores. En mi gobierno, nadie cobrará sueldo sin trabajar, prometió.
El plan de austeridad también contempla dijo, un programa agresivo de ahorro de luz, agua y teléfono, en toda la administración estatal.