Teléfono Rojo/José Ureña

Cuestionaron todos los ámbitos de la justicia del país.

Rechazaron los peritajes oficiales y la verdad histórica de la Procuraduría General de la República (PGR) y de su ex titular Jesús Murillo Karam.

Movilizaron turbas airadas capaces de desquiciar la ciudad de México e incendiar las puertas de Palacio Nacional.

Les concedieron cuanto pidieron, tanto en dinero como en plazo para hacer supuestos peritajes hasta hoy inexistentes.

Aceptaron a cuantos dieron de alta como expertos pese a tener, varios de ellos, procesos abiertos en sus países de origen por fraudes y otros delitos graves, prueba de su falta de honorabilidad.

Les entregaron millones de dólares al equipo y cientos de miles de pesos cada mes a cada uno de ellos sin considerar su ausencia, lejanía suficiente para demostrar su falta de compromiso con la tarea asumida en México.

No fueron objetados institucionalmente siquiera cuando rechazaron uno a uno los argumentos oficiales y les demostraron la falta de veracidad de los suyos, como ese de no haberse registrado fuego en el municipio de Cocula, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014.

Sólo recibieron la negativa de renovación del contrato -¡otro millón de dólares perdido para ellos!- como única respuesta cuando ellos no dieron una respuesta convivente, una prueba firme.

Entonces pusieron el grito en el cielo.

Demasiado tarde.

A DESENMASCARAR EL FRAUDE DEL GIEI

Hoy el gobierno de Enrique Peña Nieto los tiene a su disposición.

Y corresponderá al mando político, liderado por el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, desenmascarar el gran fraude cometido contra México por una institución de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Será la carga política contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CNDH) de Emilio Alvarez Icaza y de su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

No será necesario saber quiénes son ellos –los colombianos Alejandro Valencia y Angela Buitrago, la guatemalteca Claudia Paz, el chileno Francisco Cox y el español Carlos Beristain– ni exhibir su pasado.

Al gobierno mexicano, decisión tomada, le basta con demostrar la falta de compromiso con la palabra empeñada para aclarar una de las peores manchas a los derechos humanos.

Quién sabe si Enrique Peña Nieto, Miguel Angel Osorio Chong y Roberto Campa Cifrián tengan en mente a César Augusto Sandino, pero sí aplicarán su filosofía:

-Implacables en la lucha y generosos en la victoria.

Simplemente exigirán resultados GIEI y ya.

Porque, están seguros, de momento no los tienen por falta de seriedad y metodología en su trabajo.

RELACIONES SOSPECHOSAS DE PAPAS

1.- Situación distinta tendrán las familias de los 43 normalistas desaparecidos.

Cada día aumentan las pruebas y la principal de ella son nexos de algunos zánganos de la normal de Ayotizinapa con el cártel de Los Rojos, dominante en Chilpancingo y sus alrededores.

Tal vez engañados los alumnos fueron llevados a Iguala, donde los esperaba Guerreros Unidos con el apoyo de la fuerza pública del ex alcalde perredista José Luis Abarca.

Ahí está el nudo de la historia y pronto habrá nuevas revelaciones.

Y 2.- menuda tarea tienen las autoridades capitalinas jefaturadas por Miguel Mancera.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dictó medidas precautorias para no deshonrar a Alberto Sentíes, pájaro de cuenta con al menos seis averiguaciones abiertas.

Ese delincuente y sus abogados se aprestan a interponer recursos ante la Comisión Nacional respectiv, la CNDH.

¿De qué se quejarán ante el organismo de Luis Raúl González Pérez?

Por lo menos de persecución del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de Aristóteles Núñez.

Lo visto muchas veces: los criminales gozan de protección no dada al ciudadano decente.