Teléfono Rojo/José Ureña

Acción Nacional intenta madrugar al PRI en Colima

· Usaría su mayoría legislativa para imponer interino

· El PRI y Beltrones pulen denjncia contra un priísta

La segunda pelea por Colima ha comenzado.

No ha sido necesaria la convocatoria por el Congreso del estado, cuya dirigente asegura no haber sido informada aún de la anulación por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por lo visto ni las comunicaciones ni el internet, ni las empresas de mensajería, ni los teléfonos ni nada son un instrumento de las instituciones nacionales en estos tiempos de tecnología avanzada.

Pero aunque no haya un comunicado oficial del organismo de Constancio Carrasco a las autoridades de Colima, la presidenta del Poder Legislativo, Martha Leticia Sosa ya prepara un madruguete.

Sin la instrucción judicial respectiva, quiere aprovechar el dominio de legisladores panistas para ordenar la inmediata celebración de elecciones extraordinarias, de preferencia antes de terminar el año.

¿Por qué?

Simple: porque la inercia política favorece a su partido, Acción Nacional (PAN), y de esa manera pretende beneficiar a su correligionario Jorge Luis Preciado sobre José Ignacio Peralta, el priísta ganador en las urnas pero perdedor en la mesa.

Preciado, por su parte, hace lo suyo: minar la credibilidad institucional y hacer campaña aun en la desgracia del huracán Patricia, como constató y lo reprendió el presidente Enrique Peña.

PRIMER PASO: UN INTERINO PANISTA

La panista Martha Leticia Sosa quiere omitir, y no por ignorancia, el procedimiento.

Lo primero es esperar la comunicación del TEPJF.

Luego, designar gobernador interino.

Como la comunicación está rota, no se sabe si el PAN cumplirá la cortesía política de apoyar a un priísta –o por lo menos un hombre cercano al PRI- para hacerse cargo de la administración estatal.

Los tricolores así lo suponen y por ello han planteado a tres prospectos: el académico José Eduardo Hernández, el ex rector de la Universidad Autónoma de Colima (UAC) Ramón Pérez y el ex magistrado José Fernando Rivas.

Por donde se le vea, todos ellos afines al ex gobernador Fernando Moreno Peña, amo y señor de aquella campiña.

Amén del PAN -y Ricardo Anaya no es un hombre blando-, el PRI de Manlio Fabio Beltrones va con muchas cosas en contra: el desprestigio causado por un funcionario estatal, la inercia de un panismo exultante, un candidato sin suficiente arraigo y unas autoridades prejuiciadas contra su partido.

Con ese panorama, José Ignacio Peralta debe valorar si se postulará para una segunda oportunidad.

Y si él no se hace a un lado, se valora si lo hacen.

Muy a pesar de la declaración del propio Beltrones, quien difundió luego de conocer la anulación:

“…en la elección extraordinaria habremos de volver a ganar porque Colima merece un candidato responsable y serio como Ignacio Peralta, a quien volveremos a postular”.

FEPADE: PRIISTA ACUSADO POR EL PRI

1.- Muchos se rieron tras el anuncio de demanda en contra de Rigoberto Salazar, el secretario de Desarrollo Social cuya grabación llevó a los magistrados electorales a anular el resultado de Colima.

Para ellos hay una noticia: los abogados del PRI y de Manlio Fabio Beltrones parecen haberle encontrado la cuadratura y, es bueno saberlo, el caso debe llegar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Hay elementos: el hecho y la sentencia de los magistrados conducidos por Constancia Carrasco, quienes validaron algo prohibido por la Constitución: aceptar como prueba una grabación realizada sin orden judicial.

Menudo surrealismo.

Y 2.- pasó desapercibida una decisión de Miguel Angel Mancera: las sanciones por faltas de tránsito ya no dependerán de salarios mínimos, si no de cifras absolutas.

Lo hizo cuando todavía el Senado no había ordenado la desindexación -22 de octubre- de esa unidad para créditos, multas y pagos diversos.

Pronto muchos intentarán arrogarse el mérito, pero a Mancera le llevó cinco meses desde la propuesta inicial hasta ver cristalizada la medida y algo más, salario mínimo general en todo el país.