TELEFONO ROJO/José Ureña

* La difícil negociación sobre El Jefe Diego
* Los secuestradores dieron prueba de vida
* Pedían 60 millones de dólares; si acaso 20
　
En el gobierno creen tener fundamento en su optimismo.
Los cuerpos de inteligencia del Estado y el entorno del presidente Felipe Calderón dan plena validez a las promesas sabatinas de liberación de Diego Fernández de Cevallos.
Por primera vez, dicen en las alturas, hay información confiable en ese sentido.
Discursivamente la administración federal se mantuvo a distancia del secuestro de Diego Fernández de Cevallos, pero en los hechos pasaba lo contrario.
Había razones.
La primera exigencia de los raptores, el sábado 15 de mayo, fueron garantías de neutralidad y no persecución para no poner en riesgo la vida del ex candidato presidencial.
Hubiera sido fatal.
En cumplimiento de su demanda específica, esa misma tarde desde Europa el presidente Felipe Calderón expresó su solidaridad con los familiares del Jefe Diego y prometió no intervenir.
Era la instrucción, dijo.
Empero, siempre estuvo pendiente de la información disponible, unas veces por conducto de los familiares de Fernández de Cevallos -su hijo Diego estuvo al frente de las negociaciones- y otras de abogados participantes, entre ellos el ex procurador Fernando Antonio Lozano Gracia.
　
MONITOREO DESDE EL GOBIERNO
　
El seguimiento se dio desde otras esferas federales.
Una de ella fue la Secretaría de Gobernación (Segob).
Su titular de entonces, Fernando Gómez Mont, ha sido parte del staff jurídico y del grupo político de Diego Fernández de Cevallos, razón por la cual siempre estuvo pendiente.
Una de sus primeras determinaciones fue llamar, el mismo sábado 15 de mayo, a su entonces subsecretario de Gobierno, Roberto Gil Zuarth, y ordenarle su inmediato regreso de Mérida, donde se había concentrado para vigilar las elecciones intermedias de Yucatán.
-Voy a estar pendiente de todo -me dijo Gil Zuarth en el aeropuerto meridiano mientras esperaba por la tarde su regreso a la ciudad de México.
En el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se montó un discreto operativo de seguimiento.
Y en la Procuraduría General de la República (PGR) Arturo Chávez Chávez, miembro del grupo de abogados de Diego Fernández de Cevallos y Fernando Gómez Mont, hizo lo propio.
Otros altos funcionarios de la dependencia son también parte del cuerpo de abogados se Fernández de Cevallos, unos como litigantes fijos y otros como coadyuvantes en múltiples asuntos.
　
PLENAS GARANTIAS DE LAS PARTES
　
Por todos lados llegaban informes.
No ha mucho pregunté a dos de ellos sobre la situación de Diego Fernández de Cevallos.
-Las negociaciones van bien y, lo mejor, sabemos que Diego está bien -me dijo Roberto Gil Zuarth, quien monitoreaba desde Gobernación.
-Pronto esperamos buenas noticias -me comentó el martes pasado Fauzi Hamdan, uno de los abogados negociadores y director de la Escuela Libre de Derecho.
Tres semanas atrás, cuando algún medio especuló con su falsa liberación, me dijo un hermano de Diego Fernández de Cevallos:
-La negociación va bien -yo diría que muy bien-, pero no tenemos una prueba de vida.
Esta quedó saldada.
Por eso el gobierno de Felipe Calderón cree tener optimismo fundado y lo espera antes de Navidad.
Diego está bien, el rescate ha sido cubierto y hay garantías mutuas entre raptores y la familia del rehén.
¿Cuánto se pagó?
-Mucho menos de lo pedido -me dijo una voz autorizada, aunque se habla de menos de 20 millones de dólares.
Pedían 50 millones.