TELEFONO ROJO/José Ureña

TELEFONO ROJO

· Los priístas dejan su azoro por la persecución

· La denuncia contra Cocoa se internacionaliza

· Pleito de perredistas: Sabines madruga a Cué

Al fin los priístas parecen haber salido de su azoro.

O precaución, por decirlo con eufemismo.

-Escrúpulo –dicen ellos.

Es un repliegue por la cantada amenaza de perseguir a varios ex gobernadores con dos acusaciones muy graves por la carga histórica del PRI: crimen organizado y corrupción.

Están así desde hace mucho tiempo, salvo el breve y tempestuoso paso de Humberto Moreira y por eso enfrentó la embestida del gobierno con el poder del Estado.

Luego regresaron a esa actitud temerosa presente desde 2009, cuando Beatriz Paredes dejó ir la mayoría en la Cámara de Diputados al no contestar las temerarias y no corroboradas acusaciones de su par panista, Germán Martínez.

La tlaxcalteca no quiso confrontarse con su amigo Felipe Calderón y no salió siquiera cuando el golpeador presidencial Martínez Cázares retó a Paredes y a los priístas:

-Digan de una vez con quién están: ¿con la lucha del presidente o con el narcotráfico y el crimen organizado?

Entonces se temían golpes de la justicia, pero ni Eduardo Medina Mora ni su sucesor Arturo Chávez Chávez se prestaron.

Hoy ya ven ir en su contra a la PGR y a la temible SIEDO.

JUDICIALIZACION POR LAS ELECCIONES

Los priístas han tomado dos determinaciones, ambas a la vista:

1.- Los acusados –de haberlos- deberán responder ante la justicia por sus actos y el PRI no valorará siquiera la persecución política en contra de cuadros connotados a fin de apear a Enrique Peña Nieto.

Por eso no salieron a poner cara por Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, aunque con Manuel Cavazos argumentaron su calidad de abanderado a senador en Tamaulipas.

Y 2.- Contestar los golpes, aunque estén en desventaja.

Tal vez no haya actuación –ni siquiera investigación- contra abiertos desvíos de recursos y operación política como el de Roberto Romero López, quien como secretario de Gobierno y la instrucción del mandatario sonorense Guillermo Padrés obligaba a la burocracia y a los panistas a trabajar y votar por Ernesto Cordero.

Gracias a ello fue uno de los pocos estados donde ganó el ex secretario de Hacienda.

Tampoco es previsible una indagatoria objetiva con la acusación a Luisa María Calderón Hinojosa, quien con la infraestructura oficial se disponía a derrotar a billetazos a su rival panista Marko Cortés.

Lo hizo y éste está de regreso en el Senado en espera de ir otra vez por la alcaldía de Morelia.

No verán justicia, pero los priístas ya lograron su primer objetivo: llamar la atención internacional y poner en entredicho la honestidad e imparcialidad de los gobiernos panistas, pues las agencias llamaron la atención sobre un hecho en el cual aparece la familia presidencial.

Un ejercicio informativo del cual la agencia oficial Notimex no se hizo eco, por cierto.

NI ENTRE PERREDISTAS HAY CLEMENCIA

Estamos por ver el final, no el conflicto social, del larguísimo pleito legal por los límites entre Oaxaca y Chiapas.

Dé usted por segura la victoria político-jurídica del perredista Juan Sabines sobre el perredista Gabino Cué.

El chiapaneco se ha visto más decidido y por ello estuvo en la cabecera municipal del municipio de reciente creación Belisario Domínguez, Rodulfo Figueroa, seguro de estar en terreno chiapaneco.

Por encargo de Sabines, su secretario de Gobierno, Noé Castañón, ha entregado toda la información en instancias judiciales y políticas para reivindicar a Belisario Domínguez como municipio de Chiapas y demostrar la legalidad de sus actos.

A Chiapas pertenecen, asegura con documentos en mano, los poblados Rodulfo Figueroa, San Miguel y Santa María Chimalapas

El primero se creó por decreto presidencial el 28 de agosto de 1963, mientras San Miguel y Santa María Chimalapa recibieron su titulación cuatro años después, el 10 de marzo de 1967.

Eran tierras de Cintalapa de Figueroa, municipio de Chiapas.

Con estos datos, Castañón rebate las declaraciones de las autoridades de Oaxaca, entre ellas la de su secretario de Gobierno, Jesús Martínez Alvarez, de actos indebidos de Sabines.